Foto: En Perspectiva
La semana pasada comenzó oficialmente la prospección sísmica en busca de petróleo en el mar uruguayo que tanto ha dado que hablar en los últimos dos años.
Los trabajos están a cargo del buque Prospector, de la empresa CGG Services, que se encontraba en el puerto de Montevideo desde febrero a la espera de la última autorización ambiental.
La resolución, emitida el 27 de ese mes por el Ministerio de Ambiente (MA), recuerda la Autorización Ambiental Previa concedida por esa cartera el 5 de diciembre y aprueba ahora el Plan de Gestión Ambiental, el plan de navegación y la propuesta de mecanismo de compensación económica, presentados por CGG SERVICES (US) INC, que de esa forma se convirtió en la primera habilitada en el grupo de compañías que accedieron a adjudicaciones durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Para su tarea, que tendrá lugar en el bloque offshore adjudicado a la compañía Chevron, el barco Prospector utilizará un cañón sónico a efectos de mapear el subsuelo marino y detectar posibles áreas de interés para la exploración de yacimientos de crudo y gas.
Según dispuso el Ministerio de Ambiente, la prospección podrá realizarse en marzo y abril pero deberá suspenderse luego hasta noviembre para respetar la temporada de pesca.
Esta etapa inicial los trabajos se desarrollarán en un área de 2.645 kilómetros cuadrados ubicada a unos 180 kilómetros de la costa.
El plan habilitado por el MA establece medidas de mitigación ambiental. Entre ellas, la suspensión inmediata de las emisiones acústicas ante la localización cercana de cetáceos, tortugas o lobos marinos en un radio determinado, monitoreo acústico permanente y la presencia obligatoria de observadores de fauna marina a bordo.
La resolución también incluye un mecanismo de compensación para empresas pesqueras en caso de afectaciones comprobadas, como pérdida de capturas o daños en equipos.
Como los oyentes recordarán, este proyecto ha ido avanzando en medio de cuestionamientos, movilizaciones en las calles y acciones judiciales promovidas por organizaciones ambientales contrarias a la exploración. Pero también existen objeciones desde el ambito empresarial.
A fines de febrero la Cámara de Industrias Pesqueras y la Cámara de Armadores Pesqueros emitieron un comunicado en el que denunciaron que la prospección había arrancado antes de que se aprobara formalmente el permiso que faltaba.
Estas gremiales denunciaron una afectación a la “soberanía productiva”, además de reclamar que se postergara la actividad hasta noviembre para que no interferiera con la zafra.
El sector recordó que viene de atravesar dos años de parálisis por conflictos sindicales, con pérdidas que estiman en más de 50 millones de dólares. También criticó la “celeridad” del gobierno para habilitar la prospección y rechazó el sistema de compensaciones aprobado, al que calificó como incompleto y discriminatorio.
En particular, las cámaras cuestionaron que los permisos de pesca Clase B queden fuera del esquema de indemnizaciones, pese a que —según sostienen— pueden registrar caídas de captura de hasta 70% por el efecto acústico. Por eso, pretendían que se dejara en suspenso las operaciones hasta definir un mecanismo de compensación más completo y advirtieron que estará en juego el trabajo de miles de personas vinculadas al sector.
Emiliano Cotelo conversó con el Ing. Juan Riva Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y armador de buques pesqueros y con planta pesquera.
