Esta semana el Poder Ejecutivo publicó el decreto que reglamentó la ley que, aprobada en febrero de este año, establece condiciones mínimas de protección para quienes trabajan mediante plataformas digitales como Uber, PedidosYa o Cabify. Conversamos En Perspectiva con Federico Rosenbaum, abogado laboralista y patrocinante de conductores de Uber que entablan juicios contra la empresa, profesor e investigador de la Universidad Católica del Uruguay.
En su momento el actual oficialismo expresó reparos sobre su contenido. A pesar de esas diferencias, ya en el gobierno, las nuevas autoridades resolvieron elaborar el decreto que ahora habilita su implementación.
El nuevo texto aterriza varios aspectos que estaban pendientes: desde la obligación de las empresas de ofrecer baños, zonas de descanso y espacios para comer para sus choferes y repartidores, hasta los criterios para determinar si el vínculo laboral es de dependencia o autónomo, más allá de lo que diga el contrato.
El tema ya generaba polémica. El subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, advirtió que la ley “resta derechos” en lugar de reconocerlos plenamente. Mientras tanto, desde el PIT-CNT se pidió su derogación, y desde el sector empresarial se la valoró positivamente por ordenar una realidad laboral compleja.
