EMILIANO COTELO (EC): De acuerdo con las últimas cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal de la administración central se ubicó al cierre del año pasado en 4,1% del PIB.
Esto supuso una desmejora del resultado fiscal del orden de 1% del PIB respecto a los niveles de cierre de 2024.
¿Qué factores estuvieron detrás de esta desmejora del resultado fiscal durante 2025? ¿Cómo compara este registro con lo proyectado por el equipo económico en el Presupuesto? ¿Qué puede esperarse para este año en materia fiscal?
Les proponemos dedicar el espacio de análisis económico de hoy a analizar la situación de las finanzas públicas en Uruguay. Para esto, estamos en contacto en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico, gerente en Exante.
¿Cómo analizaron en Exante este dato de déficit de la administración central de 4,1% del PIB en 2025?
LUCIANO MAGNÍFICO (LM): Antes de empezar, me gustaría hacer algunas precisiones.
En primer lugar, al analizar los datos fiscales, en Exante ponemos el foco tanto en el resultado de la administración central (que es el perímetro relevante para la regla fiscal), como en el resultado del sector público consolidado (que además de considerar a la administración central, también contempla a las intendencias, a las empresas públicas, al Banco de Seguros y al Banco Central).
A su vez, en ambos casos optamos por excluir del análisis los efectos asociados a los llamados “cincuentones”, de los que hemos hablado en muchas oportunidades en estos últimos años, y también ahora de los llamados “cuarentones”.
Para recordarle a la audiencia, estos términos refieren a un conjunto de personas que eran menores de 40 años cuando en 1996 comenzó a regir el sistema mixto de seguridad social y se vieron obligados a afiliarse a una AFAP. Más recientemente, se aprobó un conjunto de cambios normativos que permitía a estas personas optar por desafiliarse de sus AFAPs y “volver” al BPS, traspasando sus fondos acumulados a este organismo. Esto ha venido teniendo un efecto positivo de corto plazo sobre las finanzas públicas (por mayores ingresos para el BPS y por una menor carga de intereses de la administración central), que tenderá a revertirse en la medida que pasa el tiempo y que el Estado tenga que hacer frente al pago de estas pasividades.
Entonces, excluyendo del análisis todos los impactos de los “cincuentones” y “cuarentones” y sin hacer ningún otro ajuste por partidas extraordinarias o factores cíclicos, tenemos que el déficit de la administración central se ubicó el año pasado en 4,3% del PIB, exhibiendo como mencionabas anteriormente un deterioro de 1% del PIB respecto a las cifras de 2024.
A su vez, el déficit del sector público consolidado se situó en torno a 5% del PIB, con una desmejora de 0,7% del PIB respecto a las cifras del año previo.
EC: ¿Qué factores explicaron la desmejora del resultado fiscal durante el año pasado? ¿Se debió fundamentalmente a un aumento del gasto público?
LM: Sí, si nos centramos primero en la administración central, el gasto primario de este conjunto (es decir, el total de egresos sin considerar los intereses) mostró un aumento de 1% del PIB respecto a las cifras de 2024.
Ahí hay que destacar principalmente el aumento de cuatro décimas del PIB de los gastos de funcionamiento, que coincide con la estimación que realizaron las actuales autoridades de gastos “postergados” del período pasado. Además, también tenemos una suba de tres décimas del PIB del rubro de transferencias y de dos décimas del PIB en inversiones.
Por su parte, del lado de los ingresos hubo menos cambios: subió la recaudación neta de la DGI en dos décimas del PIB y subieron los ingresos por comercio exterior, pero al mismo tiempo se redujeron “otros ingresos” por una cuantía muy similar.
En el caso del consolidado del sector público, la desmejora respecto a las cifras de 2024 fue algo menor que para la administración central debido a que las empresas públicas mostraron una mejora en su resultado. Esto se asoció a un mejor resultado primario corriente en UTE y ANCAP (es decir, el resultado antes de intereses e inversiones), así como por una caída de las inversiones de las empresas públicas explicada fundamentalmente por una desacumulación de stocks de petróleo de ANCAP.
EC: Más allá de los movimientos frente a 2024, ¿el registro de déficit fiscal de cierre de 2025 estuvo en línea con las proyecciones con las que trabajaba el equipo económico?
LM: A ver, las proyecciones incluidas en el Presupuesto contemplaban un déficit de la administración central de 4,2% del PIB para el cierre del año pasado (otra vez, excluyendo los efectos asociados a los “cincuentones” y a los “cuarentones”).
Recién decía que el déficit efectivo de la administración central terminó siendo de 4,3% del PIB pero también hay que considerar que en diciembre se registró un adelanto en el pago de pasividades por una décima del PIB; por lo tanto, el dato efectivo estuvo en línea sí con lo que contemplaba el gobierno.
En el caso del sector público consolidado, la conclusión cambia, ya que existió un desvío de dos décimas del PIB respecto a lo propuesto en el Presupuesto. En concreto, el déficit sin considerar ese adelanto de las pasividades fue de 4,9% del PIB vs. el 4,7% del PIB previsto en el Presupuesto.
EC: ¿Podemos repasar en qué rubros se registraron esos desvíos respecto a la programación oficial en el caso del sector público consolidado?
LM: A ver, en ningún rubro en particular se dio un desvío muy relevante.
Por ejemplo, la recaudación de la DGI fue una décima menor a lo proyectado y lo mismo sucedió a nivel de los ingresos por concepto de comercio exterior.
En la misma línea, los resultados del Banco Central y del Banco de Seguros fueron una décima peor de lo previsto en cada caso.
Por el otro lado, los “otros ingresos” del Gobierno Central fueron ligeramente mayores a los previstos, mientras que el resultado de las intendencias también fue mejor de lo que contemplaba la programación fiscal.
En cualquier caso y más allá de este análisis en el margen, nos parece que la conclusión más relevante es que el déficit fiscal, bajo cualquiera de estas métricas, sigue en niveles muy elevados, que no son sostenibles en el tiempo. Lo otro que hay que recordar es que el plan fiscal del nuevo gobierno tiene previsto que el ajuste ocurra fundamentalmente en la segunda parte del período. El déficit que se prevé para 2026 está en las mismas órbitas de magnitud que lo que vimos en 2025.
EC: Justamente hacia allí quería ir, hacia las perspectivas. ¿podemos repasar lo que se espera para los próximos años?
LM: Sí, si miramos las proyecciones oficiales para el conjunto del período, el Presupuesto contempla una reducción del déficit fiscal hacia 2029 del orden de 1,5% del PIB.
Como decía recién, las proyecciones oficiales asumen que el déficit fiscal se mantendría este año en niveles similares a los de 2025 y recién comenzaría a verificarse una corrección gradual a partir de 2027, a un ritmo de medio punto del PIB por año hasta llegar a esa mejora acumulada de 1,5% del PIB.
El otro aspecto que vale la pena recordar es que ese ajuste se daría fundamentalmente a instancias de un aumento de los ingresos públicos, derivados de los cambios tributarios introducidos en la ley de Presupuesto y de una mejora en la eficiencia recaudatoria de la DGI.
De hecho, el gasto público, que ha mostrado una tendencia creciente en las últimas décadas, con gobiernos de diferentes signos políticos, subiría en algo menos de medio punto del PIB este año según las proyecciones oficiales y se mantendría en todo el resto del período en niveles muy superiores a los de 2024.
EC: Comentaban con Romina hace un par de semanas que además de la propia incertidumbre de si efectivamente se podrá recaudar tanto como se estima de estos nuevos impuestos aprobados el año pasado y de qué tanto podrá crecer la recaudación de la DGI por esta mejora de la eficiencia, la otra gran incógnita pasa por las proyecciones de crecimiento económico.
LM: Sí, de hecho, el ritmo de crecimiento económico y la dinámica que muestra la recaudación impositiva tienen una relación muy estrecha. En ese sentido, hemos discutido otras veces que el Presupuesto incluyó una proyección de crecimiento del PIB de 2,4% promedio anual para el período 2025-2029.
Por lo pronto, el crecimiento para 2025 terminará siendo menor que el 2,6% que proyectó el gobierno, mientras que para 2026 nuestras proyecciones apuntan a una expansión de la economía del orden de 1,5% frente a una proyección oficial de 2,2%.
El presupuesto contempla que la recaudación aumente en cuatro décimas del PIB este año, pero si la economía crece menos hay un riesgo de que eso no se verifique. Eso abre un riesgo de que también haya desvíos a nivel de resultado fiscal, salvo que hubiera medidas compensatorias del lado del gasto.
EC: Para ir cerrando, Luciano. Recién decías que los actuales niveles de déficit fiscal hacen que tarde o temprano tenga que procesarse un ajuste. También decías que hay riesgos de desvíos de lo programado. Sin embargo, la agencia Moody’s hace algunos días mantuvo la nota de la deuda soberana uruguaya un par de escalones por encima de la calificación mínima dentro del grado inversor y el riesgo país sigue en niveles muy bajos en términos históricos. ¿Cómo puede conciliarse eso?
LM: A ver, tal como decís, los mercados internacionales y las agencias calificadoras de riesgo mantienen una visión muy positiva de Uruguay, que resulta de una combinación de diferentes elementos. Uruguay tiene un perfil de deuda robusto, con vencimientos largos, mucho más saludable que el de muchos países de la región. También ha avanzado en estos años en lo relativo al marco fiscal y monetario. Todos estos son elementos que juegan favorablemente para nuestro país.
De todos modos, si miramos el comunicado de Moody’s de la semana pasada, uno de los riesgos que se plantean es justamente que se verifiquen presiones fiscales que impidan la estabilización de la deuda pública en los próximos años, lo que eventualmente podría derivar en un deterioro de la calificación.
Es cierto que el contexto externo ha cambiado mucho en estos años tras el COVID, y que en el mundo en general se ha observado un deterioro fuerte de los indicadores fiscales, que en términos relativos dejan mejor parado a Uruguay frente a sus pares. Sin embargo, lo que siempre decimos. Uruguay ya viene arrastrando esta situación fiscal hace ya varios años y la necesidad de ajuste continúa existiendo.
