Por Emiliano Cotelo ///
Es curioso.
Fue un relevo casi perfecto.
Se descomprimió el caso de Raúl Sendic con su renuncia al cargo de vicepresidente de la República, y pasaron al frente los cuestionamientos a dos políticos blancos complicados en la justicia: el intendente de Soriano, Agustín Bascou, y el diputado Wilson Ezquerra, ambos pertenecientes a Alianza Nacional.
El Partido Nacional (PN), que había sido el principal azote de Sendic impulsando, por ejemplo, la comisión investigadora sobre Ancap, ahora quedaba en una posición incómoda, con dos de sus figuras en el banquillo de los acusados.
¿Revancha?
¿Fue una casualidad? ¿Hay de por medio una operación política impulsada desde el Frente Amplio a modo de revancha? Jorge Larrañaga y otros dirigentes nacionalistas han planteado esta discusión.
El caso del diputado Ezquerra, claramente, fue una casualidad. El mes pasado, conduciendo un vehículo en la ruta interbalnearia en Maldonado protagonizó un siniestro de tránsito en el que resultó lesionada una mujer; cuando a Ezquerra se le practicó la espirometría el resultado fue altísimo: 1.45 gramos de alcohol por litro de sangre.
Si hablamos del caso del intendente Bascou, allí la génesis es más compleja.
Por un lado, hay casualidad: su empresa agropecuaria entró en problemas serios de liquidez y varios acreedores lo denunciaron ante la justicia por libramiento de cheques sin fondo.
Por otro, los ediles del Frente Amplio (FA) de Soriano lo acusaron por aspectos de su gestión como jefe comunal. Concretamente argumentaron que habría incurrido en conjunción del interés público y el privado a raíz de las compras de combustibles por 14 millones de pesos que la intendencia realizó entre julio de 2015 y diciembre de 2016 en dos estaciones de servicio en las que él era uno de los socios.
Aquí estamos ante un planteo que el FA local venía preparando desde hacía meses y que terminó presentándose justo cuando Bascou estaba en una posición endeble por sus problemas con los cheques, lo que coincidió con el desinfle del escándalo más grande en torno a Sendic.
Es evidente que estamos ante una “operación política” en la que se manejó el “timing” con mucha habilidad (sobre todo porque, aparentemente, el FA de Soriano tenía hace varios meses el grueso de la información solicitada a Ancap). Pero…¿esa acción forma parte de una estrategia del FA para embarrar la cancha y atenuar el impacto del caso Sendic? Habría algo así si en varios departamentos del país el FA estuviera trabajando en este tipo de investigaciones y denuncias contra intendentes de los partidos tradicionales. Por ahora, no conocemos que exista algo de ese estilo.
En cambio, lo que hay, objetivamente hablando, es un punto flaco en la gestión del intendente; y la izquierda elige ese flanco para pegarle.
Bascou y sus asesores sostienen que el contrato de compra de combustible de la intendencia es con Ancap y no con tales o cuales estaciones de servicio; por lo tanto, agregan, no estaría violándose la Constitución ni cometiéndose un delito. Pero el asunto admite dos lecturas jurídicas, y para cubrirse Bascou pudo haber hecho lo que hizo en 2005 en Tacuarembó su colega Wilson Ezquerra (también de Alianza Nacional, Partido Nacional; tío del diputado del mismo nombre), cuando, enfrentado a una situación similar y pese a que el Tribunal de Cuentas dio vía libre a que se cargara combustible en una estación Ancap perteneciente a su esposa, él decidió que ocurriera todo lo contrario, que esa estación fuese ignorada por los autos y camiones del gobierno departamental.
Alivio para el FA
Bascou se distrajo y dejó una pelota picando.
El diputado Ezquerra dio un paso en falso muy serio.
Y esas dos situaciones, evidentemente, le sirven al FA para zafar del acoso, respirar hondo y dejar de ser, por unos días, el único partido señalado por presuntos delitos y/o faltas éticas.
Problema para el PN
Y la otra cara de la moneda es que estos dos casos complican al PN.
Los blancos que esperaban capitalizar electoralmente los errores y enfrentamientos internos del oficialismo, ahora quedan escorados, justamente, en el mismo plano de lo judicial y lo ético. Y la contrariedad malestar aparece nítidamente en el discurso de varios de sus voceros (*).
El año de…
En marzo, a partir del informe de su comisión de ética, el Partido Colorado expulsó al diputado suplente Francisco Sanabria por la estafa del Cambio Nelson de Maldonado.
A comienzos de este mes Raúl Sendic renunció al cargo de vicepresidente empujado por el dictamen del Tribunal de Conducta Política del FA sobre sus compras con tarjetas corporativas de Ancap.
Ahora le tocó el turno a la comisión de ética del PN, que este martes comenzó a analizar las conductas de Bascou y Ezquerra.
Parece que este es el año de las comisiones de ética de los partidos políticos.
Y es el año del sacudón de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Hasta ahora ese organismo funcionaba de manera casi burocrática custodiando las declaraciones de bienes e ingresos de los jerarcas de gobierno y otros funcionarios públicos. Pero, a raíz de la polémica sobre las tarjetas corporativas de Ancap, inauguró otro tipo de actuaciones. Llevó a cabo una investigación severísima, muy exigente con esa empresa pública, y que culminó con un informe aplanador sobre Sendic. Y ese es solo el comienzo. Su presidente, Ricardo Gil Iribarne, dijo en estos días: "No nos podemos hacer los distraídos y decir aquí no pasa nada" y agregó: "no nos da el paño para hacer todo lo que quisiéramos hacer", pero "la Junta y otros organismos tienen que trasmitir a la ciudadanía que castigar a los corruptos vale la pena".
¿Por qué este giro en el rumbo de la Jutep? Gil Iribarne lo planteó así: “Hay gente en el Estado y en los partidos políticos que es sana, y trataremos de trabajar con ellos para que no nos pase lo que está pasando en otros lados y que nos puede llegar a pasar. Eso de que [los uruguayos] estamos a salvo es mentira.”
Allí está, quizás, una de las claves de esta ola de cuestionamientos y sanciones, que venía afectando solo al FA y luego se extendió a otros partidos.
No es un tema de operaciones políticas o complots de este signo o de aquel otro.
Los casos de corrupción que han conmovido a otros países, varios de ellos vecinos cercanos, han generado una alarma especial entre nosotros. Y esa nueva sensibilidad abarca el manejo de los dineros públicos, la eficiencia en la gestión e, incluso, la observación del comportamiento de los actores políticos en su vida privada.
Esas inquietudes están cada vez más extendidas entre la gente, en las Redes Sociales y en el trabajo periodístico.
Los partidos políticos y las instituciones de gobierno tienen la obligación de reaccionar y ponerse a la altura de las circunstancias.
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(*) El intendente de Florida, Carlos Enciso, no anduvo con vueltas. Ayer, en declaraciones a El País, dijo: “por más que haya informes jurídicos (que avalaran la compra de combustible en esas estaciones) desde el punto de vista ético yo hubiera dado un paso al costado mucho antes de esperar a la Comisión de Ética o qué va a pasar con la Justicia. (Bascou) debió “dar un paso al costado antes”, “para ahorrarle problemas al Partido Nacional.”
Y no fue el único blanco que mostró su alarma y reclamó medidas quirúrgicas. Por ejemplo, el edil Luciano Andriolo, del sector Todos en Soriano, no votó el inicio de juicio político a Bascou promovido por el FA pero solicitó una comisión investigadora de la Junta Departamental y sostuvo que el intendente debe pedir licencia mientras la comisión trabaja. “Flaco favor le hacemos al PN si barremos bajo la alfombra”, advirtió Andriolo cuando lo entrevistamos esta semana.
Y la primera en cortar sin anestesia había sido la senadora Verónica Alonso que la semana pasada sugería la renuncia de Bascou, pero no por los hechos denunciados por el FA sino por el episodio de los cheques sin fondo.
La preocupación en la interna nacionalista también comprende a la situación del diputado Ezquerra. Si bien varios líderes han elogiado que haya solicitado al Poder Legislativo que levante sus fueros para que pueda ser indagado por la justicia, otros, como la intendenta Adriana Peña entienden que debió haber pedido licencia o, lisa y llanamente, renunciado. Hacen notar que un diputado es un referente para la sociedad y, por lo tanto, no puede ni debe manejar alcoholizado.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 29.09.2017, hora 08.10
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