Editorial

ALUR y Ancap otra vez: ¿Y el debate de fondo?

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Por Emiliano Cotelo ///

Esta semana la gestión de Ancap volvió al debate político.

Una de sus subsidiarias, Alcoholes del Uruguay (ALUR), informó que “el directorio ha resuelto formalizar la situación previsional de los trabajadores” agrupados en el sindicato UTAA “vinculados al corte de caña de azúcar en Bella Unión en lo que refiere al pago de la partida por fin de zafra” que se les abona desde el año 2007. Las nuevas autoridades de la empresa agregaron que la decisión se tomó “en el marco de la revisión permanente de los procesos” y que, “luego de un período de análisis del tema abordado con los profesionales que lo asesoran”, se dispuso la presentación del asunto ante el BPS “a efectos de ajustar dicha situación de hecho a la normativa vigente”.

El remitido se dio a conocer el martes de tarde, luego de que el diario El Observador adelantara en su portal un informe que preparaba para el día siguiente. El título decía: “ALUR pagó en negro dinero extra a cañeros de Bella Unión desde hace 10 años”, y luego agregaba que “la partida la reciben los cortadores de azúcar a cambio de no hacer conflictos” .

La versión oficial de la empresa presentó algún matiz al respecto. Dijo que “en el año 2007 ALUR tomó la decisión de pagar dicha partida a los cortadores contratados por la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (APCANU) con el fin de fortalecer e incentivar la productividad en un sector vulnerable del país cuyo ingreso anualizado promedio mensual es de $ 10.000”. Y añadió que “este pago se realiza una sola vez al año y abarca a 1.500 trabajadores zafrales de Bella Unión, representando unos $ 7.500 en promedio anual por trabajador”.

Al día siguiente, entrevistamos En Perspectiva al senador Leonardo De León, que durante el primer Gobierno del Frente Amplio ocupó varios cargos en ALUR, incluyendo el de presidente. De León puntualizó que las partidas acordadas en 2007 no podían considerarse un pago salarial “en negro” porque los trabajadores beneficiados no tienen relación de dependencia con ALUR, sino con los productores de caña de azúcar que le venden a ALUR. Además, a diferencia de lo que se consignaba en la nota de El Observador, sostuvo que el acuerdo “no se hizo a espaldas de nadie”, que las transferencias se realizaban bajo la forma de “donaciones” al sindicato, que luego repartía el dinero entre los trabajadores, y que de ese modo quedaban asentadas en la contabilidad de la empresa que, por otra parte, era auditada por la consultora KPMG, que nunca formuló objeciones. Sin embargo, ayer, jueves, El Observador indicó que había revisado los balances, donde no encontró los rubros mencionados por De León. KPMG, mientras tanto, no realiza comentarios debido a un acuerdo de confidencialidad firmado con sus clientes.

La polémica

La noticia, el comunicado de ALUR y las precisiones de De León dieron lugar a un debate político fuerte, y llevaron al Partido Nacional y al Partido Independiente a anunciar que sumarían estos hechos a la denuncia presentada ante la justicia penal luego de que culminó su labor, el año pasado, la comisión investigadora del Senado.

Para el senador colorado José Amorín, lo que se conoció “es un escándalo” y para Pablo Mieres, del Partido Independiente, prueba “que el desastre (en Ancap) no tiene fin”. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pidió que “no pongan el grito en el cielo” por un monto de 600 pesos por mes por persona, anotó que el tema forma parte de la negociación en el consejo de salarios y ubicó el caso en “el proceso de formalización que se está haciendo en el país”.

¿En qué quedamos? ¿Estamos ante algo muy grave o ante una exageración?

Lo bueno y lo malo

Haciendo a un lado esa parte de la controversia, yo creo que el episodio deja algunas conclusiones.

Lo positivo: la confirmación de que el proceso de reestructura de Ancap y sus filiales continúa en curso. En definitiva, esta presunta “irregularidad” fue detectada por las nuevas autoridades de ALUR, nombradas, a su vez, por el nuevo directorio de ANCAP que asumió el año pasado y que encabeza la ingeniera Marta Jara. En particular, según indica hoy El País, la situación se supo luego de que se renovaran los cargos de gerente general de ALUR, gerente financiero y gerente de planta.

Lo malo: la posibilidad de que la población termine asumiendo una nueva factura derivada de la gestión de ANCAP en los últimos diez años. Si el BPS entiende que lo actuado no se ajustó a derecho, no sólo habrá que encarar la regularización a futuro -que implicará un gasto mayor, por los aportes que se añadirán- sino que podrá reclamarle a ALUR los aportes pendientes, que, en el fondo, pagaremos todos nosotros.

Lo bueno: que ALUR enfatice que se guía por una “política de transparencia”, en el marco de la cual “continuará impulsando el cumplimiento de las normas en protección de los derechos de los trabajadores y de la empresa en su conjunto”.

Lo malo: que el comunicado del martes no se divulgó espontáneamente sino como reacción a una revelación periodística y que ayer el presidente de ALUR respondiera a la producción de nuestro programa que no va a formular más declaraciones por ahora. Los medios de comunicación tenemos un papel a jugar en la comprensión de estas situaciones y en esta oportunidad lo que pretendíamos era pasar en limpio algunos aspectos que en estos días quedaron confusos*.

Lo bueno: la sensibilidad que existe ante estos asuntos en la opinión pública y en el sistema político. Hay mucha gente que se interesa por ellos, se informa y discute.

Lo malo: que las reacciones suelen darse con una velocidad meteórica. Muy a tono con estos tiempos de Twitter y Whatsapp, se opina de manera contundente sin esperar una acumulación de información que permita realizar un juicio sereno y fundamentado.

Es bueno que el “problema” de ANCAP reaparezca con frecuencia en la agenda política, a raíz del proceso por el que están pasando sus distintas unidades de negocios. Me parece saludable que el tema no se muera porque, después de todo, en esa empresa y sus colaterales se acumularon demasiados “errores” y resoluciones oscuras en el pasado reciente.

Pero es malo que, por ahora, la discusión sólo se centre en lo que pasó en ANCAP y cómo corregir el rumbo de esa empresa con vistas al futuro.

¿Y el debate de fondo?

Mientras tanto, sigue faltando el otro debate, el de fondo: la reforma de la gobernanza de todos los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado, para adaptarla a los estándares que hoy ya están consolidados en el mundo.

Este gran dolor de cabeza que terminó siendo ANCAP debería llevarnos cuanto antes a reflexionar sobre un nuevo modelo de conducción de las empresas públicas, más profesional y transparente y que le diera coherencia al conjunto de estas compañías. Un esquema así, de paso, reduciría claramente el margen para los manejos voluntaristas y desprolijos a los que estamos acostumbrados desde antes incluso de los gobiernos del FA. Un esquema así volvería a estas empresas más eficientes y realmente útiles al servicio del país.

Ya existe suficiente experiencia internacional en esta materia, incluso cerca de nosotros, en la región. Ya hay trabajos académicos locales que han preparado propuestas concretas. El Gobierno anunció que se iría por este camino. Pero, por ahora, ese paso sigue demorándose.

* Por ejemplo, el abogado laboralista Rodolfo Saldain explicó a En Perspectiva que cuando una donación se vuelve regular pasa a estar gravada por la seguridad social a partir del tercer pago, según lo dispuesto en la ley 16.713 y en el Decreto 113 del año 1996. Saldain dijo que en principio una empresa puede hacer una donación a personas que no son trabajadoras dependientes de ella, como dice De León. De todas formas, es un caso “raro” y el BPS deberá indagar si en el fondo existe alguna forma de vínculo laboral entre ALUR y los cortadores de caña. Por lo pronto, llama la atención la dualidad de criterios, porque el actual directorio de Alur se presenta ante el BPS para regularizar la situación –asumiendo, implícitamente, su carácter de empleador- mientras que en la época de De León se consideró que esos trabajadores no eran dependientes.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 12.05.2017, hora 08.05

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