Por Emiliano Cotelo ///
Este martes el Poder Ejecutivo dio a conocer un paquete de medidas destinadas a rescatar a Ancap de su crisis. Los anuncios reabrieron la polémica, entre otras cosas por el monto de la capitalización que se dispone y, sobre todo, porque no se removió ni a los integrantes oficialistas del directorio ni a ninguno de los gerentes, pese a que la gran mayoría de ellos vienen del período de Gobierno anterior, cuando se acentuaron seriamente los problemas.
Esa discusión va a continuar en estos días de fin de año, a la espera de los informes de los cuatro partidos políticos que participaron en la comisión investigadora del Senado, que se conocerán en febrero. Pero yo creo que el caso de Ancap dejó abiertas otras líneas de análisis y reflexión que abarcan en general a todos los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado. La pregunta puede resumirse de esta manera: ¿Es necesario reformar el funcionamiento de las empresas públicas?
Menciono algunos ejemplos de debates que quedaron esbozados:
1. Aunque los integrantes de los directorios sigan siendo políticos de carrera, ¿no debe agregarse exigencias profesionales más estrictas que aseguren su idoneidad para la responsabilidad que deben asumir?
2. Hoy los directores de entes deben renunciar un año antes de las elecciones nacionales si quieren ser candidatos a cargos electivos. ¿No será conveniente poner mayores limitaciones, por ejemplo que deba pasar por lo menos una votación antes de que puedan postularse?
3. ¿A los gerentes no habría que nombrarlos por riguroso concurso y luego monitorear su permanencia en los cargos en base a compromisos de gestión?
4. ¿Qué sentido tiene esa cantidad de compañías subsidiarias que se fue creando en torno a cada una de las empresas públicas y sobre las cuales el control político llega poco y mal?
5. ¿No es tiempo ya de regular la publicidad de las empresas públicas, tanto en su monto como en la forma en que se distribuye entre los medios de comunicación?
Yo creo que todos esos puntos son muy importantes. Pero hoy quiero concentrarme en particular en otro aspecto que hace años me llama la atención: los subsidios que se les hace cargar a estos entes autónomos.
El diputado Alejandro Sánchez, del MPP, dijo el viernes pasado en Brecha: “Uno no puede mirar el balance de Ancap como si fuera una empresa cualquiera que sólo tiene que dar ganancias; tiene que pensar también en los efectos multiplicadores, en la diversificación de la matriz productiva y en las capacidades que deja para el futuro.”
Según explicó Sánchez, él prefiere considerar a las empresas públicas como “motores de desarrollo, porque generan cadenas de proveedores y derraman actividades económicas en todo el país”. Y luego enfatizó: “Ancap no sólo es proveedora de nafta, es un brutal laboratorio de desarrollo de las capacidades productivas de Uruguay”.
En un tono similar se expresó el senador Marcos Otheguy, de la lista 711 que encabeza Raúl Sendic. Sin dejar de reconocer los malos números de Ancap, Otheguy insistió en atenuarlos porque, destacó, “Ancap colaboró con el crecimiento del país y ayudó a cambiar la matriz energética con inversiones que tuvieron impacto en lo económico, en lo social, ambiental y en el empleo”.
De acuerdo a esa concepción, las empresas públicas son agentes de desarrollo y por ello pueden ser globalmente deficitarias o tener unidades de negocios que sean deficitarias. Si nos referimos a Ancap, ese razonamiento se aplicaría, por ejemplo, a Alur, donde lo que importa sobre todo es la generación de puestos de trabajo en una zona muy deprimida, como es Bella Unión; o a la idea de encargarle a la Armada Nacional la construcción de un remolcador, aunque sea más caro que uno comprado afuera y pueda resultar defectuoso, porque así se está fomentando la industria naval uruguaya.
Es evidente que, desde mucho antes del acceso del Frente Amplio al poder, las empresas públicas han jugado y siguen jugando ese tipo de papel. Y tal vez está bien que así sea. Pero me alarma que estas resoluciones y sus costos terminen siendo un gran misterio, desprolijo y discrecional, en torno al cual muchas veces ni siquiera se ponen de acuerdo los distintos actores vinculados al tema. Este manejo, que viene de tiempos inmemoriales pero desbarrancó en estos años en Ancap, debe cambiar de manera radical.
Primero, no puede ser que ese tipo de decisiones, que corresponden a estrategias de país, las tomen los directorios de los entes autónomos o, peor aún, se instauren a impulso de un presidente o un director de una empresa. Y, segundo, debe transparentarse puntualmente y caso a caso las pérdidas que se va a asumir, contabilizarlas con claridad y pagarlas desde el Gobierno nacional.
Un ejemplo: si, para cuidar el medio ambiente se resuelve mezclar biocombustibles con la nafta o el gasoil, y se opta por biocombustibles nacionales aunque sean más caros que los importados porque de esa manera se está generando puestos de trabajo para uruguayos, eso es algo que debe definir el Poder Ejecutivo (y no Ancap) y que debe comunicarse a la población con el fundamento correspondiente, explicando que esa no va a ser una actividad rentable para Ancap y que, por lo tanto, Rentas Generales le va a pasar una partida anual destinada a compensarle el mal negocio que se le está imponiendo.
Otro tanto podría decirse, a una escala mucho menor, con las donaciones que realizan las empresas públicas, y que, incluso durante décadas, funcionaron en un sistema de cuotas entre los directores, que iban quedando bien de esa manera con las personas u organizaciones conocidas que se lo solicitaban (pienso, por ejemplo, en la donación de pórtland para un club social y deportivo que quiere construir un gimnasio). La política de donaciones de pórtland debe ser nacional, fijada por el Poder Ejecutivo de manera abierta, y en función de ella el Gobierno central debe comprarle a Ancap la cantidad de bolsas de pórtland que sea necesaria. De ese modo Ancap no perderá nada por esas donaciones, sino que simplemente facturará esas ventas al ministerio tal o cual.
Yo creo que la llegada de esta glásnost es fundamental para que los uruguayos entendamos y asumamos qué son y a qué juegan los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, jueves 24.12.2015, hora 08.00
