Por Emiliano Cotelo ///
Era de tarde. Estaba empezando a oscurecer cuando escuché un estruendo frente a mi casa. Salí a la ventana y vi un camión desde el cual un operario iba bajando cuatro balizas que terminó poniendo en la calle, dos contra un cordón de la vereda, dos contra el otro. Le pregunté de qué se trataba. Muy amablemente me contestó que las había traído a pedido de una empresa pública. Agregó que al día siguiente iba a llegar personal de esa empresa para empezar trabajos en ese lugar. Terminó rápido con su tarea y se fue. Las balizas quedaron titilando. Pasó un día. Pasaron dos. El arreglo no se hacía. Más de una semana después –y ya estábamos a mediados de setiembre– volvió el camión y se llevó las balizas.
Estas firmas alquilan estos aparatos a partir de contratos con el Estado que obtienen en licitaciones. Según declaró el director de una de ellas en la prensa (diario El País), en marzo el precio estaba en el orden de $ 31 por hora. O sea que aquellas cuatro balizas costaron más de $ 22.000 pesos. Y no sirvieron para nada, salvo para provocar conversaciones y especulaciones entre los vecinos.
Pero la historia no terminó allí. La semana pasada volvió el camión y dejó, de nuevo, cuatro balizas. Esa vez no pregunté cuál era el motivo. Me puse a esperar la obra de esa empresa pública que, por lo visto, se había atrasado y ahora sí se realizaría. Pero no. Ya transcurrieron otros ocho días y tampoco se ha hecho nada en mi calle. Por lo tanto, ese gasto inútil en balizas subió y ya superó cómodamente los
Yo tengo el nombre de ese servicio público. Pero no voy a mencionarlo porque este tipo de problemas no se da sólo allí. Cuento esta anécdota porque me fastidia que se desperdicie dinero público de esa forma. Pero además porque yo la estoy presenciando frente a mi casa, todos los días, mientras el Parlamento discute el proyecto de ley de presupuesto y, como pasa siempre cada cinco años, llueven las demandas de aumento del gasto.
¿Es necesario, realmente, aumentar el gasto? Yo sé que hay funcionarios que deberían ganar más porque tienen sueldos miserables pese a lo cual se sacrifican por cumplir con sus tareas. Y sé también que hay necesidades nuevas que es necesario cubrir. Pero… ¿eso implica obligatoriamente aumentar el gasto global o incrementar impuestos? ¿Qué esfuerzos serios y profundos se han hecho para no dilapidar los recursos que la sociedad uruguaya ya está poniendo hoy en Rentas Generales?
Cada tanto, cuanto el déficit fiscal se va al demonio, algún gobernante reacciona y dispone un recorte en los teléfonos celulares y los viajes al exterior. Pero son medidas aisladas, efectistas, que al poco tiempo se flexibilizan y se olvidan. ¿Cuánto empeño se pone, efectivamente, en reformar el funcionamiento del Estado para usar de manera racional los rubros que se asigna a cada dependencia pública?
En la última entrevista que hicimos En Perspectiva con el ministro de Economía, Danilo Astori, le planteé esta inquietud. Y él contestó que en este presupuesto “se está apelando a ahorros muy importantes en empresas públicas” y en todo el Estado “considerado en su conjunto”. Agregó que “se está buscando eliminar gastos superfluos”, por ejemplo “en publicidad y en los sistemas de retiros incentivados”. Enfatizó que “se está eliminando vacantes en toda la administración central”. Dio varios números en este sentido. Y, en general, compartió la idea de que “no hay por qué decir presupuesto = incremento del gasto”. Pero al mismo tiempo admitió que todavía existen muchos “bolsones de ineficiencia que hay que seguir atacando”.
A mí, por ejemplo, me preocupa desde hace años el manejo que el Estado hace de sus inmuebles*. A cada rato nos enteramos de organismos que firman contratos de alquiler con privados para instalar sus oficinas o que deciden construir nuevos locales. Pero, mientras tanto, basta caminar por la calle para encontrarnos con cantidad de casas o edificios propiedad de ministerios, empresas públicas u otras instituciones del Estado que permanecen cerrados, deteriorándose y generando gastos (porque, por ejemplo, hay que pagar a serenos o guardias de seguridad para que los cuiden del saqueo o del ingreso de ocupantes ilegales). Y esa es nada más que la punta del iceberg, porque existe una lista larguísima de residencias, apartamentos y tierras que el Estado recibió de donaciones, que en general no conocemos, y que están ahí, ociosos, sin que las autoridades sepan qué hacer con ellos.
Cuando le mencioné este tema a Astori durante el reportaje, el ministro destacó que el presidente Tabaré Vázquez ordenó un inventario riguroso de activos del Estado. Ojalá se pueda hacer. Es algo imprescindible. Ahora, llama la atención que recién en 2015 se encare este estudio, que pudieron desarrollar tantos gobiernos anteriores, incluso los del propio Frente Amplio.
Hace 25 años, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle se lanzó una iniciativa original, que iba en esta misma dirección. Organizaron un concurso para que la población identificara “burocrateces”, o sea prácticas y trámites del Estado que no tenían sentido y que provocaban perjuicios a las personas, a las empresas o a la sociedad en su conjunto. Y a partir de los casos que se recibió en el llamado, el Gobierno tomó medidas para corregir algunas de aquellas situaciones.
Tal vez hoy, teniendo en cuenta que –además– estamos en un escenario económico complejo donde los aumentos de presupuesto resultan casi temerarios, podría inventarse algo similar. ¿Por qué no? Para acelerar las reformas, puede ser muy útil un llamado a la población para que ayude a los jerarcas informándole sobre los “bolsones de ineficiencia” que conozca de manera directa, por ejemplo, el alquiler innecesario, durante días y días, de esas balizas que tengo frente a mi casa.
* Un caso muy elocuente es este, sobre el cual informamos en En Perspectiva en 2014:
Casona del INAU abandonada y permanentemente vandalizada
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 16.10.2015, hora 08.05
