Por Emiliano Cotelo ///
Para los uruguayos el caso de los Panama Papers tuvo un giro enorme ayer.
Desde el domingo veníamos hablando de él, a partir de las publicaciones realizadas por órganos de prensa de distintos países del mundo. Ayer salió la edición de esta semana de Búsqueda, que es el medio de nuestro país asociado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI), que fue quien coordinó la indagatoria en torno a los archivos filtrados del estudio Mossack Fonseca.
Hasta ayer, por esas notas que venían de afuera, conocíamos algunas referencias a la relación de Uruguay y de algunos uruguayos con sociedades offshore creadas por aquel bufete panameño. Ayer Búsqueda presentó su propio trabajo realizado en base a aquellos documentos, enfocado específicamente en nuestro país. ¡Y el foco fue muy directo y explícito! Sobre todo por las dos notas más largas y detalladas. Una, que describe “cómo el estudio (del contador Juan Pedro) Damiani se convirtió en un cliente ‘riesgoso’ para la firma panameña Mossack Fonseca”. Y la otra que recorre una larga lista de “empresarios de distintos rubros, futbolistas y políticos, entre otras figuras de Uruguay”, que “aparecen en los documentos filtrados”.
Los dos reportajes han sido el gran tema de conversación en las últimas 24 horas. Y una de las derivaciones más interesantes fue un debate periodístico.
El portal de El Observador informó sobre estas novedades pero decidió no mencionar a las personas que Búsqueda enumera. Su editor jefe, Gonzalo Ferreira, explicó que ese diario no se niega a dar nombres y que, por el contrario, los darán si en su trabajo detectan “contradicciones, elementos que conduzcan a conductas sospechosas o que ameriten indagar más”, y lo harán “con el mismo rigor de siempre”. Pero enfatizó que “tener una compañía de este tipo no constituye de por sí una ilegalidad”. Ferreira recordó, en ese sentido, que “una offshore es una sociedad que se constituye en un país pero para ser usada en otra jurisdicción” y que en Uruguay estas empresas “son totalmente legítimas”. Por ejemplo, anotó, pueden usarse “para tener "inversiones pasivas" (como un inmueble), para realizar negocios en terceros países o para planificar sucesiones.” Sin embargo, advirtió, “desde el domingo hasta hoy, cada nombre que aparece en los medios del mundo queda con una mancha que lo rodea y lo obliga a salir a dar explicaciones.”
Sobre el final de su editorial, Ferreira reconoce que “en periodismo no hay fórmulas monolíticas y además puede haber diferencias totalmente válidas de criterio”. Y efectivamente, ante este episodio hubo conductas diferentes. Por ejemplo, muy temprano la edición digital del diario El País sí dio cuenta de los nombres. Y aquí, En Perspectiva, yo hice otro tanto cuando leí al aire casi todo el artículo de Búsqueda, en el bloque del programa previo a las 8 de la mañana.
No di ese paso sin reflexionar antes sobre el asunto. En determinado momento evalué razones parecidas a las que terminaron primando en El Observador. Pero finalmente opté por el otro camino. ¿Por qué? Básicamente, porque entre el lunes y el miércoles nosotros, igual que muchos otros medios locales, habíamos ido publicando, tal vez apresuradamente, los nombres de otros uruguayos salpicados desde afuera y que habían tenido que realizar aclaraciones, por ejemplo el propio Damiani, el senador Pedro Bordaberry y el ex senador Sergio Abreu, éstos últimos no en su condición de políticos, sino a propósito de sus actividades profesionales como abogados. ¿Por qué la difusión iba a abarcar a unos sí y a otros no? Pero además, me parecía importante que la audiencia, que seguramente se iba a enterar de la lista de una u otra manera, conociera desde el inicio las puntualizaciones que realizaron esos hombres y mujeres cuando Búsqueda los consultó. Por eso decidí reseñar la nota con el mayor detalle posible, dedicándole un espacio largo y que incluso pudo resultar tedioso.
Repito que fue una decisión discutible. Y lo resbaloso del terreno quedó claro unas horas más tarde cuando Conrado Hughes, ex director de la OPP en el Gobierno del Partido Nacional y ex integrante de nuestras tertulias, hizo notar a través de Twitter que él no era quien figuraba en el informe; resultó que el semanario lo había confundido con Conrado Hughes Delgado, cuando él es Conrado Hughes Álvarez. Todo un llamado de atención sobre la prudencia con que hay que manejar un material como el de ayer. ¡Ojo con la tentación del enchastre y el escrache, esa catarsis que aflora tan rápido, sobre todo en las redes sociales!
Pero hay más debates periodísticos posibles a propósito de los Panama Papers.
Hay uno, que va más allá de Uruguay y que pone el acento en que esta investigación no fue iniciativa de un medio o un periodista, sino que se precipitó cuando un diario alemán recibió el ofrecimiento de 11,5 millones de documentos internos del bufete Mossack Fonseca. Entonces, ¿esta operación no le está haciendo un gran favor a alguno de los intereses creados en esta materia? ¿Quién pudo realizar semejante hackeo a ese estudio jurídico? ¿No habrán sido los servicios de inteligencia de alguna nación que trata de acorralar a Panamá por lo que ese país aún conserva de paraíso fiscal? Y las razones posibles para ello serían varias: porque se procura destruir a Panamá como competidor o porque se quiere recuperar recaudación fiscal que hoy se escapa usando el instrumento de las sociedades offshore o porque se busca ir a fondo en la guerra al terrorismo y el narcotráfico, que suelen recurrir a estas ingenierías jurídico-corporativas para financiar sus actividades.
De todos modos, es importante saber que esos dilemas cruzan todos los días al trabajo periodístico. En cualquier noticia, informe, análisis, editorial o entrevista hay dos orígenes posibles: a) una inquietud surgida en el propio medio de comunicación; b) una fuente que propuso el tema o incluso pudo haber aportado documentos. Y cuando el origen es el segundo, o sea alguien externo al medio, los periodistas deben evaluar cuánto de interés general hay en el tema y cuánto de interés personal o sectorial de quien tomó la iniciativa.
Lo que quiero resaltar es que estas dos posibilidades se dan cotidianamente en diarios, radios, canales de TV y sitios de Internet. Y que muchas de las denuncias periodísticas que tienen interés general en el fondo, e inicialmente, benefician a quien se acercó a ese medio sugiriendo el tema.
Por último, en este caso concreto que estamos comentando hay que tener en cuenta, por lo menos, cuatro factores adicionales:
Uno, el tema, las sociedades offshore. Muchas empresas y personas las necesitan para usos honestos y serios. Pero al mismo tiempo son aprovechadas por cantidad de delincuentes, evasores de impuestos, terroristas y lavadores de dinero, y esto eso último hace que hoy se encuentren crecientemente cuestionadas. Esta es una realidad que no se puede soslayar.
Dos, el mecanismo a través del cual se destapa este caso: El CIPI, que trabaja asociado a un centenar de medios de diferentes países del mundo. En el mundo de la globalización, donde tantas actividades traspasan fronteras, también se han creado movimientos mundiales de investigación periodística, como WikiLeaks o como este grupo, que terminan siendo poderes en sí mismos –grandes poderes– y con frecuencia se las ingenian para imponer asuntos en las agendas de casi todo el planeta.
Tres, el enfrentamiento que, curiosamente, existe entre WikiLeaks (fundada en 2006 y dirigida por Julian Assange) y CIPI. Desde WikiLeaks se advierte que este otro grupo responde a intereses de EEUU, no solo porque nació en 1997 a partir de una institución de ese país, el Centro para la Integridad Pública (Center for Public Integrity), sino porque es financiado por varias fundaciones norteamericanas (entre ellas Open Society Foundations y The Ford Foundation) y porque, además, una de ellas recibiría aportes de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), que pertenece al propio Gobierno de EEUU. Por otro lado, critica que CIPI no ponga a disposición del público en Internet los documentos completos que recibe, como sí hace WikiLeaks para que la gente y los medios puedan estudiarlos y tener sus propias lecturas y no depender solo del procesamiento realizado por algunos periodistas y medios. CIPI responde que su forma de trabajo es más responsable.
Cuatro, la evolución vertiginosa de las tecnologías de la comunicación y la dependencia de Internet que todos terminamos teniendo. Una de las consecuencias de esta revolución es que el secreto o la reserva quedan en jaque y hasta puede pensarse que marchan a la extinción. Después de lo ocurrido con este bufete panameño, ¿cuál es la próxima institución o corporación privada que puede ser desnudada públicamente? Observen que en este caso no solo se filtraron documentos sino también centenares de intercambios realizados por correo electrónico. Parece claro que todos -personas, empresas y gobiernos- tenemos que acostumbrarnos a ese nuevo paradigma de la transparencia, que se viene con mucha fuerza por dos vías: la transparencia pactada, por ejemplo a través de la ley o de los tratados internacionales; o la transparencia forzada, por ejemplo a través de hackers o espías en conjunción con periodistas y medios.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 08.04.2016, hora 07.50
