Por Emiliano Cotelo ///
Hace unos días, en una entrevista que realizamos aquí En Perspectiva, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, explicaba que el concepto de “cultura de trabajo” iba a ser central en su gestión en los próximos cinco años. Apoyándose en un documento elaborado por sus asesores, Murro desarrolló una batería de acciones que se irán desplegando en este período y con las que se busca generar “un nuevo perfil de trabajador, creativo e innovador, y sobre todo responsable e involucrado”.
El objetivo parece muy loable. Pero, por lo visto, la tarea del ministerio va a ser cuesta arriba. Este martes el diario El País divulgó un dato impactante: entre un 40 y un 50 % de los certificados médicos laborales que se presentan no tienen justificación. Y esta irregularidad implica para el Banco de Previsión Social (BPS) un gasto “artificial” de 74 millones de dólares anuales, según reveló Elvira Domínguez, representante del sector empresarial en el directorio del BPS. Insisto: el BPS gasta anualmente 74 millones de dólares que no tendría que gastar. Una cifra obviamente muy importante que se podría destinar a mejorar otras prestaciones.
En la nota se informaba que en 2013 el BPS pagó 123,5 millones de dólares por subsidios de enfermedad y complemento de accidentes de trabajo a 429.572 trabajadores. El año siguiente, 2014, el pago fue por 149 millones de dólares para 441.736 beneficiarios. Estos números indican que hubo un incremento de 20,3 % del monto de estos subsidios en un año. Pero, además, si atamos esas cifras a lo que revelaba la directora Domínguez, la conclusión es que el año pasado hubo más de 200 mil certificaciones sin justificación, que contribuyeron al problema del ausentismo laboral, un fenómeno que preocupa especialmente a los empresarios, pero también a los sindicatos.
Es cierto que cabe la posibilidad de errores de apreciación de los médicos. Pero la otra hipótesis es que los profesionales firmantes hayan emitido esos certificados a sabiendas de que se trataba de triquiñuelas de empleados para faltar a sus lugares de trabajo. Ese tipo de complicidades existe. Todos hemos conocido casos de ese tipo.
El propio diario El País había divulgado el domingo un ejemplo extremo: un médico que vendía a $ 300 el certificado que se le pidiera, siempre que su cliente no pretendiera más de tres días libres. Un periodista del diario, enterado de los servicios de ese profesional, concurrió a su consultorio y pudo comprobar que, si pagaba la tarifa, recibía el documento en menos de cinco minutos y sin que fuera necesaria ni siquiera la parodia de una revisación. Las derivaciones éticas que tiene la conducta de este médico son evidentes y ya fueron denunciadas por varias gremiales del sector. Pero eso daría pie para otra discusión que escapa al punto sobre el que quiero centrarme hoy.
Creo que esa historia de certificados truchos y los números que a raíz de ella se conocieron indican que algo está roto en cuanto al compromiso con el trabajo, y que va costar mucho recuperarlo. Ya lo dijo el dirigente sindical Richard Read en el acto del 1º de mayo de 2013: “No podemos estar de acuerdo con que la gente falte al laburo o vaya y haga como que labura. No nos mintamos. Es un problema”.
En esta columna no pretendo caer en la generalización fácil. No voy a decir que al uruguayo no le gusta trabajar, que es un vago, etc… Y mucho menos que todo es culpa de un trabajador que en la última década ganó mucho en derechos pero no entiende que también tiene sus obligaciones. Eso pasa. Pero también sucede que una parte de los empresarios hacen gala de falta de sensibilidad y están lejos del profesionalismo.
Lo que me preocupa, en concreto, es que en esta época de abundancia de empleo, por lo visto, hay muchos que, paradójicamente, se acostumbraron a la falta de compromiso, a hacer sus tareas más o menos, a saltar de trabajo en trabajo y a acudir a médicos que, tan hastiados como ellos, los certifican para que puedan zafar del fastidio de ir a trabajar.
