Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti
El pasado miércoles me referí al drama que viven algunos uruguayos para poder acceder a medicamentos de alto costo que, a pesar de estar avalados por el Ministerio de Salud Pública y por estudios pertinentes, no siempre les son habilitados a través de los mecanismos disponibles en el Estado. Expliqué la dureza de los procesos de amparo que deben iniciar para subsanar los efectos de un procedimiento “abreviado” de acceso a medicamentos, que incluso llegó a autorizar la compra del fármaco luego del fallecimiento de una paciente.
También describí resoluciones de la Justicia que dieron razón a quienes inician esos amparos por entender que la Constitución establece que, dentro de los cometidos del Ministerio de Salud Pública, preservar la vida es prioridad cero, y por ende quienes no tienen acceso a ciertos medicamentos deben encontrar el apoyo necesario de parte del Estado.
Todo eso y mucho más ocurre en nuestro Uruguay no tan solidario.
Paradójicamente, es el mismo país en el que nos jactamos, no sin razón, de haberle ganado la pulseada a una gigante de la producción de tabaco en nombre de la salud, algo de lo que sin duda todos nos alegramos pues marca un precedente a nivel mundial en materia de lucha contra el tabaquismo.
Vivimos en un país gobernado por un médico oncólogo que ha hecho de esa importante batalla contra el cigarrillo una cuestión de Estado, cosa que muchos uruguayos aplaudimos. Sería importante que en igual sintonía, la protección máxima de las personas que requieren de medicamentos caros o el acceso a técnicas avanzadas y costosas de tratamiento tuvieran igual prioridad para el Estado uruguayo.
Como este espacio se trata, en este caso, de mostrar hasta qué punto algunas contradicciones que se producen en la órbita pública perjudican a las personas, permítanme informar lo siguiente:
En noviembre del año pasado el presidente Tabaré Vázquez envió una carta al senador Luis Lacalle Pou en la que, para casos como éstos, se compromete a respetar la opinión, y cito, de “las cátedras médicas de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la República”.
“Las directivas que de ellas emanen serán respetadas, dándole a todos los ciudadanos la seguridad de la seriedad y responsabilidad con la que este gobierno encara los problemas vinculados al tema que nos ocupa”, termina señalando el Presidente en esta carta que tuvo una limitada difusión pública.
La pregunta, en este punto, es: Si la Constitución establece el valor de la vida y la Justicia reafirma la función del Ministerio de Salud Pública en materia de protección de la misma, en particular en casos de personas que no pueden acceder a tratamientos por carecer de recursos; si el propio presidente de la República se compromete a respetar la opinión de las cátedras, ¿entonces por qué se dificulta el acceso de pacientes graves, en situación desesperante, a medicamentos que podrían si no salvarlos al menos mejorar su calidad de vida?
La contradicción es evidente. Que estos problemas tengan que resolverse con frecuencia en la Justicia es injustificable. Que desde el gobierno se señale que en Uruguay “todos los medicamentos de alto costo” son financiados por el Estado, cuando está demostrado que eso no ocurre, no debería aceptarse.
Finalmente, quiero dejar constancia de que solicité información variada al Ministerio de Salud Pública hace unos 20 días y no me fue proporcionada. Consulté si esa cartera tiene un registro con el número de solicitudes de medicamentos de alto costo en curso actualmente. No tuve respuesta. Pedí datos sobre cuáles son las enfermedades que con más frecuencia llevan a los pacientes a solicitar estos medicamentos. Pregunté si el procedimiento abreviado permitió tramitar más pedidos. Pedí información sobre cuánto gasta el Ministerio en medicamentos de alto costo, para saber si se trata de una cifra imposible para el Estado. A ninguna de estas interrogantes hubo respuesta. Si la hubiera, por supuesto esa información será incorporada en la versión web de este espacio en la página de En Perspectiva.
Así las cosas, si queremos volver a enorgullecernos de la solidaridad como un valor tan uruguayo como el mate, deberíamos bregar porque se establezcan plazos y procedimientos claros y lineales que aseguren un tratamiento humano a ciudadanos que lo necesitan más que nunca. Porque de eso se trata también, en definitiva, la búsqueda de la igualdad.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 15.08.2016
Nota relacionada
Tiene la palabra: La penosa historia de los medicamentos de alto costo
Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Sus opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.
