Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti
A mediados del año pasado en este mismo espacio, me referí a las dificultades que plantearon organizaciones de farmacéuticos para implementar la venta de marihuana legal.
Esta semana arrancó con declaraciones de directivos de algunas organizaciones y cadenas comerciales del sector, señalando que ahora hay un problema de rentabilidad, en vista del número de usuarios de la droga en el registro oficial, unas 4.500 personas.
Cuando se hizo el anuncio de la apertura de ese registro por parte del gobierno, el ministro de Salud, Jorge Basso, dijo que no esperaba una oleada de inscripciones. Es lógico, si se consideran dos o tres factores relevantes. Primero, demoró tanto la apertura del registro, que mucha gente descubrió que puede plantar. Segundo, demoró tanto la apertura del registro, que mucha gente empezó a preguntarse si realmente se iba a instalar, y se hizo socia de algún club. Tercero, en un tema tan sensible, en una sociedad conservadora, es de esperarse que muchos usuarios aguarden a ver cómo funciona el sistema antes de inscribirse.
Los problemas potenciales de rentabilidad que mencionaron, por ejemplo, directivos de la Asociación de Farmacias del Interior, o de la cadena San Roque que es una de las más extendidas del país, se suman a una explicación del Centro de Farmacias que según sus autoridades apuntó a convertir al sector en el canal de salida de la droga legal pensando en comercializar a futuro marihuana medicinal.
Las farmacias son comercios, por lo tanto es lógico que piensen en su rentabilidad, o en su seguridad. Pero es bueno recordar que fueron ellos mismos quienes en 2013 pidieron vender la marihuana legal, en una comparecencia ante la Comisión de Adicciones en el Parlamento.
Ahora no están convencidos. Resultado: hay unas 15 farmacias inscriptas para vender marihuana estatal o legal. La droga no llegará, lógicamente y en principio, a todo el país, y el gobierno quedó rehén de su propio plan, atado a un único canal de distribución. Al menos por ahora.
Digo por ahora porque, si la posición de los farmacéuticos cambió, por razones que pueden ser atendibles, el gobierno debería obligarse a buscar caminos alternativos y podría tener como socios a los principales interesados en hacer de esto un negocio: las empresas productoras.
El año pasado cuando abordé este tema, mencioné la posibilidad de instalar máquinas expendedoras automáticas. Es decir, ampliar el espectro de venta para dar cumplimiento efectivo a la ley.
Los uruguayos sabemos que al presidente Vázquez no le resulta simpática esta norma. Manifestó estar dispuesto a hacer que se cumpla, como corresponde. Además, no hay más remedio: es ley.
Pero el asunto se demora y la información que empieza a salir al mundo sobre esta cuestión comienza a generar dudas sobre el éxito, incluso sobre la puesta en práctica de la última etapa de la regulación. Y vale recordar en este punto que no fue uno, sino cientos los artículos, notas y reportajes que se enviaron desde aquí por parte de medios internacionales tan ávidos hoy como hace cuatro años por informar a su público acerca de qué pasará con el modelo uruguayo para la marihuana.
Se me dirá que esto nunca se intentó y que es importante que no haya errores. No sé quién me lo dirá en realidad, porque actualmente no hay declaraciones de los organismos y actores encargados de llevar a la práctica la distribución a las farmacias. La orden es no hablar con los periodistas y usted, que quiere saber, no logra saber. Usted no sabe cuántas farmacias hay inscriptas. Usted no sabe si hay un cronograma exacto. Usted nunca vio cómo se cultiva la marihuana que consumirán los uruguayos.
¿Y por qué?¿Por qué no comunicar a la población sobre un proyecto por el que, además, el mundo ha demostrado tanto interés? Difícil saberlo.
Esta postura le está costando al gobierno que quienes toman la iniciativa para hablar de la ley y su cumplimiento sean quienes tienen intereses comerciales, o políticos, incluso quienes tienen más bien miedos y pruritos, y no aquellos que pueden explicar en qué está realmente la cosa.
Deberían las autoridades pensar mecanismos alternativos de distribución. Trabajar con las farmacias que quieran, ya que algunas quieren vender, pero evitar ese canal exclusivo que se termina convirtiendo en una limitación. Si mañana esto es negocio, las farmacias que así lo deseen, se sumarán.
Debería el gobierno informar a la población y abandonar el secretismo, que lo único que ha hecho es desgastar esta iniciativa antes de ver si realmente funciona.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 21.06.2017
Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.
