Por Juan Ceretta ///
Nicolás nació sin audición en su oído derecho, y a partir de los 11 años comenzó a perder la de su oído izquierdo, hasta que a los 16 años de edad quedó absolutamente sordo.
En los primeros años de su vida desarrolló el habla, aprendió a leer y a escribir, concurriendo a la escuela pública normalmente.
Luego su sordera y las dificultades de comunicación hicieron que fuera derivado a la Escuela Especial para Discapacitados intelectuales donde terminó la educación primaria.
Posteriormente ingresó al programa Jóvenes en Red del Ministerio de Desarrollo Social pero no pudo adaptarse al sentirse excluido por sus compañeros.
Dada esta situación se propuso estudiar lengua de señas en la escuela para adultos sordos, pero el horario nocturno le impidió continuar concurriendo, ya que su problema de oído afecta su equilibrio y esto se acentúa en la noche.
Decidió inscribirse en la UTU para aprender carpintería y así poder independizarse a través de la inserción laboral, pero luego de un año, desistió del intento: no lograba comunicarse.
Ya tiene 27 años, solo percibe una pensión del BPS de $ 3.901. Su padre hace changas y su madre trabaja en la casa ya que su hermana Victoria también requiere atención porque es discapacitada.
La situación de Nico tiene solución: necesita un implante coclear y un procesador de palabras que se instala en el hueso mastoideo detrás del pabellón auricular mediante cirugía.
Este dispositivo es financiado en Uruguay por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), pero solo a los niños menores de siete años, según un protocolo que data del año 2000 y que nunca fue actualizado.
El problema es que cuesta US$ 19.000 más los gastos de cirugía, quirófano, etc, etc.
El Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), en su artículo 20.96, establece que la cirugía de implantación de prótesis coclear estará a cargo del FNR, pero éste se resiste a cumplir sosteniendo que un decreto del Ministerio de Salud Pública no puede obligar al FNR, que curiosamente preside el mismo ministro de Salud Pública.
Afortunadamente, Nicolás se atiende en el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República (Udelar) que, analizada la situación, decidió cubrir el costo de la cirugía.
Para conseguir el dispositivo inició un juicio de amparo por el Consultorio Jurídico de Udelar donde se condenó al FNR a proporcionarle el implante, a pesar de las defensas esgrimidas por éste, en cuanto sostuvo que no corría peligro la vida de Nicolás, que no se trataba de una enfermedad terminal, así como que, de accederse a su pedido, se violaría el principio de separación de poderes.
Nicolás se operó en 2017 con total éxito; incluso me contó que lo primero que volvió a escuchar fue el ladrido de su perro.
Casos como el suyo se repitieron en infinidad de oportunidades desde ese entonces hasta el presente.
Mientras traigo esta historia a mi memoria, leo el informe público del ejercicio económico del FNR correspondiente al año 2018, de donde surge que tuvo un resultado neto de casi US$ 11 millones, dinero que no fue utilizado, así como otros tantos millones colocados en letras de tesorería y bonos del tesoro.
Seguramente somos más ricos, pero seguimos igual de sordos.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 07.06.2019
Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.
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