Por Emiliano Cotelo ///
Esta noticia no pasó desapercibida ayer.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) multó al Palacio Legislativo con 200 Unidades Reajustables ($ 269.372) por incumplimiento de los protocolos sanitarios durante el velatorio de los restos del ministro del Interior Jorge Larrañaga, que se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos el domingo 23 de mayo.
En declaraciones a la prensa, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que no presentará descargos ante la sanción, destacó que ese día se respetó el uso de tapabocas dentro del salón pero reconoció que hubo dos momentos en que “los funcionarios de Protocolo del Parlamento no pudieron hacer que la gente circulara, sobre todo las autoridades que asistieron a la ceremonia”. Uno de esos momentos, explicó, fue cuando se retiró el féretro del líder de Alianza Nacional.
Desde el MSP se explicó a El Observador que la medida se adoptó a raíz de las imágenes que se vieron en los medios de comunicación y que el monto surgió de las evaluaciones realizadas: si la aglomeración se hubiese dado con las personas sin tapabocas el importe habría sido mayor, informaron las fuentes.
Quiero hacer dos o tres comentarios sobre esta información.
Primero, saludo calurosamente esta resolución del MSP. El caso de ese velatorio se había discutido mucho en las horas y los días siguientes; había voces muy críticas, otras que defendían lo ocurrido y otras que planteaban dudas (yo mismo tenía dudas y me preguntaba si no eran atenuantes las grandes dimensiones del Salón de los Pasos Perdidos, la altura enorme de ese espacio, etc.). Pero ahora el organismo encargado del control se pronunció y la presidenta de la Asamblea General admitió la transgresión.
Segundo, creo que este nuevo capítulo del caso debería servir de base para otra reflexión.
A mí, en particular, me asaltan nuevas preguntas.
Les cuento.
Supongo que desde el punto de vista formal está bien que la multa se aplique al Poder Legislativo. Ahora…¿cuál es la gracia de que un poder del Estado saque dinero de su presupuesto para pagarle una multa a otro poder del Estado? O, dicho de otro modo, ¿es lógico que la multa se pague con dinero de todos nosotros? ¿No tendrían que abonarla las autoridades de la institución que no organizaron un dispositivo capaz de hacer cumplir el protocolo? Argimón dijo ayer que le pidió al ministro Daniel Salinas, que constara "el rol que cumplieron los funcionarios en los intentos por hacer cumplir el estricto protocolo elaborado" para la ocasión y agregó que "es difícil para un funcionario pedirle a una autoridad que circule”. Pasando en limpio: afirma que en el lugar se previó un protocolo estricto y los empleados encargados de la tarea intentaron hacerlo cumplir. Entonces, ¿no deberían pagar esas autoridades que concurrieron al homenaje, se dejaron llevar por la emoción, no cuidaron las distancias y no atendieron las observaciones de los funcionarios del Palacio Legislativo?
Quienes protagonizaron la concentración son adultos, saben lo que hacen y además son, en su mayoría jerarcas de gobierno (parlamentarios, ministros, etc.), o sea representantes del Estado que dicta las normas, entre ellas las restricciones sanitarias, y, además, jerarcas de visibilidad pública frecuente que deberían dar el ejemplo.
¿No sería lógico que el Poder Legislativo “repitiera” contra los protagonistas de aquella aglomeración inconveniente?
O, mejor aún, ¿no deberían ellos, los asistentes a esa ceremonia, tomar la iniciativa, coordinarse rápidamente y hacer una colecta para juntar los $ 270.000 de esa multa que, si no, deberán “pagar” todos los uruguayos, la mayoría de los cuales no estuvieron ese día en ese homenaje? No es complicado de hacer: para comunicarse entre ellos pueden armar un grupo de Whatsapp y hay abundantes imágenes de audio y de video como para identificar quiénes deben integrar la lista de esa colecta.
Tal vez algunos entiendan que yo exagero con la atención que le dedico a este hecho. Tal vez califiquen el episodio como algo relativamente menor y sostengan que yo debería concentrarme en el telón de fondo de esta situación: la gravedad de este momento de la pandemia y la forma como el Estado está enfrentando esta crisis.
Puede ser. Pero ocurre que en ese plano, por lo visto, han quedado planteadas dos visiones contrapuestas e irreconciliables. La oposición declara que es imprescindible tomar medidas drásticas de reducción de la movilidad. Y el gobierno entiende que no tiene sentido avanzar más allá de las restricciones que ya se abordaron y que ahora hay que apostar a la responsabilidad de la gente mientras avanza el plan de vacunación contra covid-19. La oposición se apoya en las recomendaciones de los científicos y el Poder Ejecutivo enfatiza que este tipo de decisiones deben contemplar otros factores relevantes más allá de la salud física.
Yo no me voy a pronunciar sobre ese dilema. Pero, aceptando el camino que el Poder Ejecutivo marcó en marzo y confirmó esta semana ( o sea, si validamos que nuevos cierres serían más dañinos que provechosos en este contexto de pandemia) yo creo que es imprescindible un discurso muy contundente y claro de las autoridades sobre el momento delicadísimo que estamos pasando, que incluye desde hace semanas más de 50 muertes por día, más de 500 personas en CTI y decenas de uruguayos que pasaron por la enfermedad y arrastran secuelas de diferente entidad, en algunos casos para el resto de sus vidas. Este mensaje, que debería advertir sobre todo lo que todavía está en juego y sobre el esfuerzo que todavía es necesario que realicemos entre todos… ese mensaje no aparece con vigor ni en el presidente de la República ni en buena parte de los ministros ni en los legisladores ni en los dirigentes de los distintos partidos. Y, en cambio, sí cada tanto vemos a algunos de esos políticos participando en actividades reñidas con el marco normativo vigente en la emergencia sanitaria. Y esos episodios, que aparecen en la prensa y la televisión, además de ser graves en sí mismos, operan como desestímulo para la gente común y corriente, sobre todo en aquellos sectores menos preocupados por el tema, favoreciendo así una mayor circulación del virus.
Creo que si los ministros, otros jerarcas y legisladores que estuvieron el domingo 23 en el Salón de los Pasos perdidos se pusieran de acuerdo en pagar de sus bolsillos la multa marcarían un punto de quiebre significativo en esa línea de indolencia que hemos visto tantas veces dentro del sistema político. Un poco tarde, sí, pero estarían haciendo autocrítica de verdad. Y además, contestarían a las críticas sobre soberbias y privilegios.
Podría pensarse, incluso, que con ese gesto sentaran un precedente en la política uruguaya sobre una nueva forma de asumir públicamente los errores, con responsabilidad y humildad.
Pero en lo más concreto, hoy, construirían un hecho político muy potente, que seguramente sacudiría a la población y llevaría a reaccionar a aquellos uruguayos que todavía no entendieron qué tipo de precauciones hay que adoptar en un período tan dramático como este.
(*) Este editorial se emitió en la radio a las 8 y 20 de la mañana de este viernes 4 de junio.
Luego, en horas de la tarde, el Partido Nacional anunció que se hará cargo del pago de la multa aplicada por el MSP al Palacio Legislativo.
Pablo Iturralde, presidente del directorio blanco, convocó a una conferencia de prensa en la que dijo: “corresponde asumir la responsabilidad plena ya que como partido y dirigentes incumplimos determinadas normas”.
Luego reconoció que la autoridad sanitaria “no ha hecho más que aplicar la legislación vigente”.
Además Iturralde aclaró que “los ciudadanos que despidieron a Larrañaga (…) cumplieron cabalmente y no violaron la normativa sanitaria”, a diferencia de lo que ocurrió con los dirigentes políticos. “Nosotros nos equivocamos”, señaló.
