Por Emiliano Cotelo ///
¿La solución es eliminar las tarjetas corporativas de los organismos públicos? No. Al revés. Yo creo que hay que extender su uso al máximo.
¿Por qué digo esto?
Vamos por partes. Empecemos por el principio.
Jueves 8
Hace una semana, el jueves 8, Búsqueda publicó una primera nota sobre las compras realizadas por integrantes del directorio de Ancap con tarjetas de crédito corporativas (es decir: emitidas a su nombre y pagadas por la empresa “para cubrir aquellos gastos de Protocolo y/o imprevistos, dentro o fuera del País, en misiones de trabajo y contra rendición de cuentas”). Los datos fueron obtenidos apelando a la Ley de Acceso a la Información Pública y refieren a directores oficialistas y de la oposición que ocuparon sus cargos entre 2005 y 2016. De la documentación recibida, los periodistas sólo pudieron analizar los estados de cuenta de las tarjetas Visa del Banco República (BROU); los de las tarjetas Master-Card del BROU no, porque los números no aparecían detallados.
De todos los nombres aludidos, quien quedó especialmente cuestionado fue el hoy vicepresidente de la República, Raúl Sendic. A diferencia de los otros jerarcas, él no se limitó a pagar con el plástico restoranes, traslados o alojamientos, sino que también hizo compras en tiendas de ropa y artículos deportivos, locales de electrónica, librerías, supermercados y hasta comercios de muebles, tanto en el exterior como en Uruguay; lo más llamativo, tal vez, fue una adquisición en América Ropería del balneario La Paloma, en el mes de enero de 2011. Pero además, Sendic no atendió a los autores del artículo que procuraban conocer sus explicaciones sobre esas operaciones. En cambio, varios de sus ex colegas sí lo hicieron. Daniel Martínez, por ejemplo, sostuvo que prefería no usar esa tarjeta porque, dijo, siempre fue austero. Germán Riet, también frenteamplista, relató que justificaba cada gasto en el estado de cuenta. Carlos Camy, del Partido Nacional, puntualizó que sólo empleaba la tarjeta para gastos “inherentes a la representación”: combustible, almuerzos de trabajo, pasajes y estadías cuando viajaba en misión oficial.
Ante la polémica que estalló desde temprano esa mañana en torno al tema, Sendic convocó el mismo día a una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo. Ante los micrófonos denunció la campaña de persecución y hostigamiento de la que siente que es objeto, restó trascendencia a los montos mencionados en la nota y dio justificaciones generales sobre las circunstancias en que realizó las compras, por ejemplo para cortesías empresariales de último momento o para solucionar la falta de vestimenta a raíz de la pérdida de una valija. No resultó del todo convincente.
La reacción
El debate político se precipitó a gran velocidad. Algunos legisladores de la oposición decidieron agregar el nuevo elemento ante el juzgado que indaga presuntas irregularidades en la gestión de Ancap en los últimos años a partir del trabajo realizado por la comisión investigadora del Senado. El caso generó inquietud e incomodidad en la Mesa Política del Frente Amplio (FA), que sesionó el viernes; allí, un colaborador de Sendic comunicó que él está dispuesto a presentarse al Tribunal de Conducta Política para dar su versión de los hechos.
Otra vez
Es evidente que Sendic tiene un problema, uno más. Otra vez aparecen sus dificultades para aclarar en tiempo y forma los cuestionamientos que recibe. Y el segundo artículo publicado por Búsqueda ayer lo acorrala más todavía. Allí se consigna que varias de las compras fueron realizadas cuando ya habían terminado las actividades de trabajo a las que había concurrido en el exterior, incluso en free shops en escalas de los viajes de regreso y hasta en el aeropuerto de Carrasco, una vez arribado al país. Su credibilidad, ya golpeada por el episodio del título universitario que no tenía, vuelve a deteriorarse. ¿Cómo saldrá de este acto? Resulta muy complicado avizorarlo.
Otra cosa
Pero yo no quiero concentrarme hoy en Sendic, sino en una discusión que se generó a partir de estas novedades.
Durante el fin de semana pasado dos senadores, Constanza Moreira, del FA, y Pablo Mieres, del Partido Independiente, coincidieron en su rechazo a la existencia de tarjetas corporativas de organismos públicos.
En una entrevista en La Diaria, la senadora Moreira declaró: "Yo digo que hay que eliminar las tarjetas corporativas, que no existan más, que se acaben. No las precisás y son para lío. Ya está. Da una gran señal y decí: se eliminan todas las tarjetas corporativas. Esa podría ser una señal magnífica del gobierno: eliminarlas de todas las empresas públicas, y con eso eliminás la discrecionalidad de gastos. O mantenerlas sólo para casos extremos, como que tengan que hacerte un bypass en Arabia Saudita.”
Mieres dio un paso más y redactó un proyecto de ley de un solo artículo que prohíbe a entes autónomos y servicios descentralizados "emitir tarjetas de crédito o débito de carácter corporativo a favor de los directores y/o gerentes de esos organismos". De esa manera, según la exposición de motivos, "pretende acotar el uso indebido de los dineros públicos". Para el senador, "las tarjetas corporativas constituyen instrumentos donde el debido contralor del gasto es de difícil realización, sobre todo para los ordenadores de gastos que en general dependen de que los titulares de las tarjetas corporativas respectivas realicen la correspondiente rendición de cuentas, lo que dificulta el análisis y eventual cuestionamiento del gasto en sí mismo".
A contramano
Yo discrepo radicalmente con los dos planteos (que me parecieron, además, apresurados).
Para mí, la solución es la contraria: lo que hay que hacer es extender el uso de las tarjetas corporativas para jerarcas, habilitándolas en los organismos que hoy no las usan, y paralelamente, eliminar las partidas de dinero para viáticos.
Todos los gastos que directores y gerentes efectúan en función de su trabajo deberían abonarse con tarjetas de crédito o débito corporativas. ¿Por qué? Por una razón muy simple: Porque ese instrumento es el más adecuado para facilitar la trazabilidad y porque, además, obliga a la formalización completa de esas compras.
Gracias a la tarjeta, como quedó claro en Búsqueda de ayer, se puede saber en qué tipo de comercio, en qué ciudad, en qué día y por qué monto se hizo cada gasto y, por lo tanto, se achica sensiblemente el margen para los abusos.
¿Quién puede sostener que el otro sistema, el de las partidas en efectivo para viáticos, es mejor que una tarjeta?
El reglamento que creó Ancap en marzo de 2011 es bastante estricto. En una de sus disposiciones establece que “mensualmente en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores al cierre de la tarjeta”, cada director debe remitir “a Relaciones Institucionales y Comunidad, una copia del estado de cuenta (formato electrónico o papel)” y también “los comprobantes de los gastos”.
El Parlamento
Eso está muy bien. Es cien veces mejor que lo que se hace en otros rincones del Estado. En el Poder Legislativo, por ejemplo, el sistema es alarmante. Esta semana el diputado Daniel Caggiani (MPP-FA) hizo notar que los parlamentarios que viajan al exterior reciben dinero para sus viáticos y no están obligados a rendir cuentas de su uso. En declaraciones a Nuevo Siglo TV, Caggiani contó incluso su experiencia más reciente, una misión en Venezuela, para la cual recibió US$ 3.000, que en aquel país dan para muchísimo, al punto de que le sobraron US$ 2.600 (**). Él devolvió ese dinero a la caja de la Cámara de Diputados, pero –añadió- otros colegas suyos no hicieron lo mismo. ¿Cómo alguien puede defender una operativa así?
La bancarización
Pero además, ¿qué sentido tiene que los funcionarios anden por el Uruguay o por el mundo con fajos de billetes? Eso es de otra época. Pueden perder ese dinero. Pueden ser asaltados.
El propio Gobierno viene impulsando desde hace años la bancarización de todos los ciudadanos y promoviendo de manera cada vez más insistente el pago con plásticos. ¿Para qué? Entre otras cosas, para arrinconar la evasión fiscal, de las empresas y los consumidores. ¿Cómo se entiende, entonces, que paralelamente, no se vaya por el mismo camino de transparencia con los gastos oficiales de los empleados públicos?
Algo más
Para mí, el uso de tarjetas de crédito corporativas es el mecanismo de control más eficiente que existe hoy por hoy. Y el reglamento vigente en Ancap es una base muy interesante. Vamos a publicarlo en EnPerspectiva.net para que ustedes puedan examinarlo. Por supuesto, seguramente es mejorable.
Yo –lo adelanto- tengo un agregado importante para hacerle: Todos los estados de cuenta de esas tarjetas deberían ser lisa y llanamente públicos. Los estados de cuentas no deberían quedar guardados en la administración, sino que habría que publicarlos completos en los sitios web de los organismos correspondientes. Para que la gente se entere de manera directa…y no haya que dar tantas vueltas para acceder a la verdad.
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(*) Los números exactos, según verificó En Perspectiva, son los siguientes: para un viaje de cinco días a Venezuela en diciembre de 2015 Caggiani recibió US$ 3.352 por concepto de viáticos y devolvió US$ 2.671.
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Documento relacionado
Ancap: Procedimiento para el uso y administración de tarjetas corporativas de directorio, aprobado por resolución (d) nº 322/3/2011.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 16.06.2017, hora 08.05
