Por Fernanda Boidi ///
En los últimos días, la Policía Nacional ha estado en el centro de la polémica fruto de las acusaciones de violencia excesiva por parte de los ocupantes de la sede del Codicen que fueron desalojados por la Guardia Republicana.
Esta no es la primera denuncia de abuso policial, pero sí es la primera que recibe una respuesta contundente desde el Ministerio del Interior, respuesta que además contó con el respaldo del gobierno, formalizado en la presencia de varios ministros y legisladores del Frente Amplio en la conferencia de prensa.
El ministro Eduardo Bonomi no solo refutó categóricamente las acusaciones, sino que puso a disposición de la prensa la filmación de todo el procedimiento. En esta instancia, Bonomi se refirió al carácter democrático de la Policía uruguaya. En particular, enfatizó que se está trabajando para construir una Policía democrática.
La Policía uruguaya no es democrática. No puede serlo. No debe serlo. La Policía es una organización vertical, jerárquica. Para que funcione bien los miembros deben respetar la cadena de mando; no votar, debatir u ostentar discrecionalidad sobre su conducta. Reglas claras y modos de proceder preestablecidos y protocolizados están en el centro de su exitoso desempeño, como en el de cualquier institución de esa naturaleza.
No obstante, la Policía sí debe ser funcional al orden democrático en el que se inscribe. Como mínimo, esto implica que en su accionar debe honrar los principios democráticos y respetar las leyes en cuya defensa, precisamente, interviene. Esto es, sin dudas, más fácil en la teoría que en la práctica. Pero es por eso justamente que la profesionalización del cuerpo policial es tan importante. La Policía no solo debe cumplir de modo eficiente la función de “proteger y servir”, debe hacerlo respetando –y hasta elevando la calidad– de la institucionalidad democrática.
Y, para esto, importa tanto el fin como los medios. Los ciudadanos demandan seguridad (por varios años ya uno de los problemas más acuciantes para la mayoría de los uruguayos), y esperan que la Policía sea efectiva en el combate a la delincuencia (esperan otro tanto de la Justicia, pero eso es tema para otro editorial). El riesgo aquí está en esperar la efectividad policial a cualquier precio. El riesgo es preferir la mano dura, o peor aún, la propia mano. En varios países de las Américas hemos visto el avance de la llamada justicia por mano propia entre ciudadanos hartos de la ineficiencia (muchas veces también de la corrupción) policial. Hemos visto a ciudadanos reclamar que los militares se ocupen de la seguridad interna, incluso si eso implica saltearse alguna disposición constitucional. Cuando esto sucede, la que pierde es la calidad de la democracia.
Las percepciones en torno a las instituciones se construyen en base a acciones –en este caso, qué cosas efectivamente hace la Policía– y también en torno a discursos: qué se dice del trabajo que hace la Policía. Por aquello de que una buena publicidad no puede vender un mal jabón, poco impacto tendrá hablarle a los ciudadanos de lo bien que se hacen las cosas si no se ven resultados concretos en la vida diaria de las personas. Pero, el discurso sobre la Policía también importa. E importa mucho más cuando la institución se ve atacada por acusaciones que son graves, y –según la evidencia disponible– al menos en algunos casos infundadas. Por eso me parece atinada la reacción del Ministerio del Interior ante las denuncias respecto de lo sucedido durante el desalojo del Codicen.
Un cuerpo policial eficiente y digno es uno que recibe el respeto y la confianza de los ciudadanos. Y la confianza en las instituciones políticas es uno de los componentes centrales de las democracias saludables. En esto, también, Policía y democracia van de la mano.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 5.10.2015, hora 08.05
Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.
Foto: A las 22 hs del martes 22 de setiembre la policía desalojó el local del Codicen y reprimió a cerca de 200 personas que se concentraban afuera. Crédito: Santiago Mazzarovich/adhoc Fotos.
