Por Rafael Mandressi ///
@RMandressi
A mediados del siglo XVIII comenzó a publicarse, por entregas y durante 21 años, una de las obras más conocidas e influyentes de lo que se llamó la Ilustración: la Enciclopedia, dirigida por los no menos conocidos e influyentes Denis Diderot y Jean D’Alembert. El primero de los 28 tomos de ese “diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios” vio la luz en junio de 1751, corresponde a la letra A y contiene, por lo tanto, la entrada “Anatomía”.
Allí, en medio de una exposición introductoria a cargo de un cirujano a quien se le había encomendado la redacción del artículo, interviene uno de los dos directores de la publicación, Diderot, para dar su punto de vista sobre un asunto en el que disiente con el autor: la conveniencia y la legitimidad de efectuar vivisecciones humanas. Diderot considera oportuno que la investigación anatómica pueda practicarse abriendo no solo cadáveres sino personas vivas, ya que hay observaciones que no es posible realizar explorando el interior de un cuerpo muerto.
Para ello, explica, podría recurrirse a los criminales condenados a muerte, a quienes se les propondría una suerte de contrato: si aceptaran prestarse a tales operaciones, y en caso de sobrevivir, se anularía la pena capital a la que estaban destinados. Nadie, según Diderot, debería ser ejecutado sin tener la oportunidad de redimirse parcialmente, contribuyendo al progreso de un conocimiento útil para toda la sociedad. En síntesis, todo el mundo saldría ganando, incluidos los criminales, que con seguridad habrían de preferir, como se dice en el texto, “una operación dolorosa a una muerte segura”.
No hace falta detallar los experimentos que sugiere Diderot para hacerse una idea del sufrimiento indecible que habrían supuesto si su iniciativa se hubiese llevado a la práctica. Puede llamar la atención que una propuesta de ese tenor provenga de alguien que redactó, en un tomo posterior de la misma obra, un demoledor artículo contra el uso de la tortura en las prisiones del Antiguo régimen. Se pensará tal vez que se trata de un alegato cuyo propósito principal era poner de manifiesto una tesis política, consistente en aceptar el sacrificio de unos pocos individuos en aras del bien colectivo. Quizá se diga que, después de todo, son cosas pensadas y escritas hace más de 250 años, y que a nadie se le ocurriría hoy tan siquiera imaginar, mucho menos defender públicamente, una idea semejante.
Probablemente sea cierto, y nadie o casi nadie preconizaría el uso de los cuerpos de los criminales para realizar vivisecciones. Sin embargo, la experimentación con presos – o con prisioneros – no es un horror arcaico, una barbarie de otro tiempo, y para encontrar antecedentes más cercanos alcanza con remitirse a casos especialmente atroces del siglo XX. Pero también ocurre en el siglo XXI. Ocurrió, por ejemplo, en 2016 y 2017 en España, donde en las prisiones de Huelva y Córdoba, según vino a saberse, se aplicó estimulación eléctrica cerebral a 41 presos violentos con el objetivo de estudiar su agresividad. Los reclusos respondían dos veces un mismo cuestionario, antes y después de recibir en la frente, durante media hora, una descarga de electricidad – leve, eso sí –, tras lo cual se examinaban las diferencias en las respuestas. Así de sofisticada era la investigación que se llevó a cabo, hasta que el Ministerio del Interior decidió suspenderla, pese a que en enero de este año ya se había aprobado una segunda fase.
La suspensión no convenció del todo, al parecer, a los expertos en bioética consultados por el diario El País, (*) incluido el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, entre otras cosas porque desde el punto de vista formal el estudio había cumplido con los trámites, y había sido aprobado, como manda la ley, por el comité de ética de la Universidad de Huelva. Perplejo por la decisión ministerial, otro experto, José Ramón Amor, coordinador del Observatorio de bioética y ciencia de la Fundación Pablo VI, no encuentra motivos para abandonar los electrodos, y suelta un argumento que suena como el de Diderot en 1751: “es mucho lo que los presos, y de paso la sociedad, pueden ganar si esta técnica funciona y es efectiva”. Como en la Enciclopedia, como en el siglo XVIII, la apropiación de cuerpos ajenos privados de libertad, aun consentida, sigue siendo, en el fondo, un asunto político antes que ético. A menos que la ética sea, en definitiva, una política.
(*) https://elpais.com/elpais/2019/03/08/ciencia/1552062521_588321.html
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 11.03.2019
Sobre el autor
Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.
