Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti
En los últimos años, nos hemos acostumbrado a escuchar la expresión “golpe de Estado” cada poco tiempo en América Latina. A diferencia de los años 70, cuando se implantaron crueles dictaduras militares o cívico-militares en la región, se apela a la calificación de “golpe” con demasiada frecuencia, al influjo de intereses políticos particulares.
Si la historia reciente de América Latina fuera distinta, si no hubiéramos tenido décadas de oscurantismo, si los latinoamericanos no supiéramos de qué se habla cuando se habla de “golpe de Estado”, tal vez la repetición sistemática de este recurso tendría algún tipo de efecto. Pero no es el caso.
Por eso cuando de verdad se producen hechos que impiden el ejercicio de derechos fundamentales, como ser el de expresarse libremente en las urnas, los latinoamericanos, sin distinción de signo político, miramos consternados.
La decisión del organismo electoral venezolano de suspender un posible referéndum sobre la continuación del mandato presidencial es uno de esos hechos que debe preocupar y ocupar a toda la región, porque supone acallar la voluntad ciudadana.
No es el primer acto de este tipo que se produce en la Venezuela de Nicolás Maduro, un presidente que ha enfatizado los rasgos más autoritarios del chavismo.
A los cierres de medios de comunicación y persecución de periodistas, a los autoexilios, se sumó el encarcelamiento de opositores políticos y una negativa sistemática a aceptar inspecciones por parte de organismos de derechos humanos. En los últimos tiempos, el deterioro económico producto de un modelo estatista sin rumbo y puramente dependiente del petróleo, trajo una penuria de alimentos y medicinas que denuncian instituciones de derechos humanos y venezolanos de a pie dentro y fuera del país.
“Democracia autoritaria”, dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa al ensayar una definición sobre Venezuela, en un intento por explicar la decisión de Uruguay de apoyar a Caracas para representar al Mercosur y argumentar que no había un quiebre institucional que justificara la aplicación de la cláusula democrática al gobierno de Maduro.
Es una definición cuando menos cuestionable, y de todas formas perimida ante la determinación de abortar la posibilidad de una instancia de consulta popular en la que no había un resultado cerrado. El referéndum, de haberse concretado, no habría determinado per se el final del mandato de Maduro, mucho menos la salida del poder del chavismo, que maniobró para atrasar la convocatoria y evitar así cualquier posibilidad de dejar el gobierno antes de 2019.
Muchos venezolanos buscaban, nada más, ni nada menos, que poder expresarse, democráticamente, sobre la continuación del mandato de un presidente. Y el resultado de la consulta podía ser o no ser favorable al mandatario.
Es bueno recordar que la mayoría de los países de la región condenaron el golpe de Estado de 2002 en contra del gobierno de Hugo Chávez. Es necesario mencionar que Maduro ya ha amenazado con disolver el parlamento. Y es de orden preguntarse qué actitud tomará ahora América Latina. Se hace cada vez más difícil –e inexcusable- seguir mirando para otro lado y cobijarse bajo el principio de no injerencia.
El presidente Tabaré Vázquez dio cuenta de su “gran preocupación” por la situación en Venezuela. El argentino Mauricio Macri, más contundente, dijo que están dadas las condiciones para que se aplique la cláusula democrática al gobierno chavista.
El uruguayo Luis Almagro, titular de la OEA, una organización que representa a 35 países del continente, había considerado que Maduro se convertiría en un “dictadorzuelo” si no se celebraba la consulta popular.
No hay dudas de que el respeto a la voluntad popular es la base de la democracia, y que cuando se vulneran las decisiones de los ciudadanos, el mero uso del término “democracia” no procede.
Los países de la región deben enviar un mensaje claro al gobierno venezolano, más allá de afinidades ideológicas. Deben hacerlo ante el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos de ese país, de sus libertades, del ejercicio de sus derechos fundamentales. Y deben hacerlo si quieren preservar el valor de garantes de las organizaciones colectivas que existen en el continente.
***
Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 26.10.2016
Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Sus opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.
