En Estados Unidos un grupo de destacados ejecutivos de empresas tecnológicas fueron nombrados tenientes coroneles en la Reserva del Ejército y pasaron a integrar un nuevo “Cuerpo Ejecutivo de Innovación”: ¿Qué implica que sean oficiales militares en lugar de que se lo contratara como asesores? ¿Cuáles son las implicancias éticas de esa vinculación o qué uso puede llegar a haber de los datos de los ciudadanos en tiempos de guerra?
Analizamos el tema En Perspectiva con José Nordmann, director ejecutivo de Epsilon Risk.
Cuatro ejecutivos de compañías de Silicon Valley -Andrew "Boz" Bosworth (director de Tecnología del Grupo Meta), Kevin Weil (jefe de producto de OpenAI), Shyam Sankar (director de tecnología de Palantir) y Bob McGrew (exjefe de investigación de OpenAI y asesor en Thinking Machines Lab)- fueron incorporados a la Reserva del Ejército de Estados Unidos con el grado de teniente coronel y pasaron a integrar un destacamento flamante, el Destacamento 201, también llamado Cuerpo Ejecutivo de Innovación.
Estos hombres de negocios juraron sus cargos vestidos con uniforme camuflado el 13 de junio en una ceremonia que tuvo todas las formalidades del caso y que se desarrolló en Arlington, Virginia.
De todos modos, su incorporación a las fuerzas armadas estadounidenses gozó de unas cuantas facilidades. Para empezar, ninguno de los cuatro tuvo que pasar por la formación tradicional de varios años de duración sino que, después de ingresar, deben realizar una capacitación breve, que incluye entrenamiento ligero en historia militar, tiro y acondicionamiento físico. Además no debieron hacer carrera en busca de ascensos para obtener los grados correspondientes: automáticamente pasaron a ser tenientes coroneles.
Según el gobierno de Estados Unidos, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por incorporar la experiencia tecnológica de vanguardia directamente en la estructura militar para modernizar y hacer más eficiente al Ejército. Además, según informó el Ejército, estos hombres no serán enviados al campo de batalla, así que no arriesgarán sus vidas en eventuales escenarios de guerra.
Lo cierto es que refleja una nueva etapa en la relación entre Silicon Valley y el complejo militar-industrial, difuminando las fronteras entre lo privado y lo público.
Y ha provocado varias alertas: organizaciones como Democracy Defenders Fund han solicitado una investigación por posibles conflictos de interés, ya que estas empresas ya poseen contratos multimillonarios con el Pentágono y sus ejecutivos podrían influir en ellos. Además, han surgido debates éticos sobre el eventual uso de los datos de los ciudadanos en la guerra y la erosión de ciertos límites a su actividad que se habían autoimpuesto las grandes compañías de tecnologías de la información.
