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El gobierno dio a conocer ayer su Plan Nacional de Seguridad Pública, bajo el nombre “Uruguay más seguro”, una estrategia para el período 2025-2035 que incluye 79 acciones y más de 130 medidas. La presentación estuvo encabezada por el presidente Yamandú Orsi, junto al ministro del Interior, Carlos Negro, y al director de la Policía Nacional, José Azambuya.
En conferencia de prensa, luego de encabezar un Consejo de Ministros en la Sociedad Criolla Elías Regules, Orsi dijo que el plan no parte de cero y que recoge años de trabajo y acumulación de la Policía.
“No es una propuesta integral paralizadora, donde se da espacio a múltiples instituciones para que después no pase nada, sino al revés: es una puesta de acción, de trabajo, encabezada por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior, y el resto del Estado nos encolumnamos detrás de esto”.
El presidente enfatizó que la estrategia prevé articulación con ministerios como Desarrollo Social, Salud, Defensa y Transporte, además de organismos públicos, Fiscalía, el Poder Judicial y también empresas de seguridad privada. Agregó que se trata de un plan abierto, que podrá ajustarse y complementarse en el futuro.
Por su parte, el ministro Carlos Negro sostuvo que desde el 1 de marxo del año pasado el gobierno trabajó en “dos velocidades”: por un lado, atendiendo las urgencias en materia de seguridad y, por otro, diseñando una política pública de mediano y largo plazo.
El ministro resaltó que el documento fue elaborado a partir de un diagnóstico técnico y de un proceso de diálogo en el que participaron partidos políticos, sindicatos, empresarios y academia, y detalló que está organizado en siete ejes temáticos: homicidios; violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes; control de armas de fuego y municiones; narcotráfico y economías criminales; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal; y sistema de prevención del delito y la violencia.
Entre las medidas, el documento incluye la creación de una fiscalía penitenciaria especializada “con capacidad de intervención sostenida en los centros de reclusión”; una unidad policial dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos y la expansión del apoyo y las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras.
Por otro lado, también plantea mecanismos como justicia terapéutica y tribunales de drogas con tratamiento supervisado. Esta acción – se aclara- está orientada a reducir “la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción, mediante la combinación de decisión judicial, tratamiento supervisado y control de cumplimiento (…) Su contribución central es romper el ciclo entre consumo problemático y reiteración delictiva, al tiempo que alivia la carga del sistema de justicia penal, permitiendo una asignación más eficaz de recursos judiciales y policiales hacia la persecución de mercados ilegales de mayor daño”.
Negro subrayó que la mayoría de las iniciativas no requerirá leyes nuevas. Según indicó, sólo seis o siete propuestas deberán pasar por el Parlamento.
Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, del sector MPP.
