Foto: Daniel Duarte / AFP
En Paraguay, la caída de Ueno Bank derivó en una crisis económica y política que terminó con la destitución de Santiago Peña por el Senado y la asunción de Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente. En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, la periodista de la sección Economía del diario Última Hora de Asunción, Gabriela Martínez Palma, describió jornadas de cambios acelerados y advirtió que todavía hay incertidumbre sobre el alcance de las pérdidas y la recuperación de los fondos.
“Jornadas bastante movidas por aquí, por Asunción”, resumió al comienzo de la entrevista. También anticipó posibles cambios en el Banco Central, luego de que Alliana propusiera al economista Jorge Schneider para presidir la institución. Según explicó, parte del directorio y de la Superintendencia de Bancos está denunciada en el caso.
La rapidez con que se procesó la salida de Peña, sostuvo Martínez Palma, se explica tanto por la actuación del oficialismo como por el clima social. “Generalmente se da en el ámbito político por una cuestión de que el partido político actúa siempre en bloque”, señaló. Y sobre las manifestaciones, agregó: “Cuando se llegan a estos niveles de manifestación es porque existe ya un hartazgo generalizado”.
La periodista consideró que la presión de la calle y la incertidumbre económica incidieron en la decisión del Congreso. Según relató, durante esos días circularon mensajes que advertían que se identificaría a quienes apoyaran la renuncia de Peña, una alternativa que le habría permitido asumir como senador vitalicio y conservar fueros. Finalmente, esa renuncia no prosperó y continuó el juicio político.
“Ya llevábamos cuatro días de manifestación ese viernes”, dijo. A eso se sumaban comunicados de distintos sectores económicos, preocupados por la caída del comercio, las ventas y los servicios de transporte. “Toda esa presión llevó a que los parlamentarios decidieran ir por el juicio político”, afirmó.
Reembolsos con un límite
La devolución del dinero a los clientes de Ueno Bank es uno de los principales asuntos pendientes. Durante la entrevista, Cotelo señaló que el Banco Central había reembolsado depósitos a 1,2 millones de ahorristas y distribuido 160 millones de dólares, dentro del límite previsto por la ley.
Martínez Palma explicó que el Fondo de Garantía no cubre todos los montos: “No se devuelve todo. Tiene un máximo, creo que era de 75 salarios mínimos, unos 228 millones de guaraníes”. Para los grandes ahorristas, dijo, habrá que determinar cuánto puede recuperarse de los bienes y activos de la entidad.
“Hay que ver qué se puede recuperar de las propiedades que tenía el banco en sí, y ver hasta dónde se puede devolver o reembolsar a las personas afectadas”, indicó. También mencionó compromisos pendientes con bonistas en Estados Unidos y la posibilidad de vender carteras de crédito y otros activos para obtener liquidez.
El problema alcanza además a instituciones públicas. En la entrevista se mencionó que había unos 850 millones de dólares de recursos estatales comprometidos, incluidos 350 millones del Instituto de Previsión Social (IPS). La periodista advirtió que los certificados de depósito y los bonos no están cubiertos por el Fondo de Garantía. “Veremos si se saca alguna ley excepcional para poder cumplir con estos montos”, dijo.
¿Qué pasará con los fondos públicos depositados en Ueno Bank?
La investigación deberá esclarecer también cómo dependencias públicas colocaron fondos en Ueno Bank y qué papel tuvieron las autoridades. Martínez Palma señaló que, según la imputación, Peña habría mantenido reuniones en los días previos a que el IPS depositara fondos en el banco. Ese aspecto forma parte de la investigación y aún debe ser probado.
La periodista cuestionó, además, que jubilados del IPS cobraran sus haberes a través de cuentas de Ueno Bank. “¿Cómo es que una institución del Estado deliberadamente le obliga a un usuario a tener una cuenta bancaria dentro de un banco?”, planteó. Tras la caída de la entidad, dijo, muchos jubilados deben abrir una cuenta en otro banco para recibir sus prestaciones.
Las consecuencias podrían extenderse a empresas, bancos, cooperativas y organizaciones deportivas. Martínez Palma señaló que había compañías con préstamos que todavía no podían utilizar y fondos congelados en sus cuentas. “Hay muchísimas empresas que tenían préstamos dentro del banco y todavía no estaban disponibilizando esos préstamos”, explicó.
También advirtió que otras instituciones financieras tenían certificados de depósito o dinero colocado en Ueno Bank, y que esos montos superan lo que puede reembolsar el Fondo de Garantía. “Ese dinero va a estar congelado y solamente sabremos qué efecto va a causar ya dentro de las semanas”, sostuvo.
El costo político de la crisis
Aunque Alliana asumió la presidencia y prometió devolver el dinero a los afectados, Martínez Palma dijo que el cambio de mandatario no despejó la desconfianza. Peña y Alliana, recordó, integraban el mismo gobierno. “No hay una confianza extrema hacia el nuevo presidente. Y tampoco con el movimiento de Horacio Honor Colorado”, afirmó.
La periodista consideró que el caso podría tener consecuencias políticas para el movimiento liderado por Horacio Cartes. “Todas las personas que están imputadas, todas las personas que están siendo investigadas, son parte del movimiento de Honor Colorado y formaban parte del círculo cercano”, señaló.
A su juicio, el desenlace de la crisis podría dejar una marca en el oficialismo: “Yo diría que va a tener un costo político”. Mientras tanto, las protestas continuaban y seguían pendientes las decisiones sobre el reembolso de los depósitos y la recuperación de los fondos afectados.
