Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El presidente Luis Lacalle Pou volvió este domingo de una breve licencia en el exterior y se encontró con un problema grave. No tuvo ni tiempo de aterrizar, porque ya en el aeropuerto de Carrasco se enteró que en la residencia presidencial lo esperaba el director de Inteligencia de la Policía para llevarse detenido al jefe de su custodia, quien estaba con él en ese momento y lo había acompañado durante sus días de descanso.
Lacalle Pou se enteraría pocos después, al arribar a la residencia de la Avenida Suárez y Reyes, que Alejandro Astesiano iba a ser detenido por estar implicado, presuntamente, en una trama delictiva por la que se falsificaba documentación para facilitar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.
Sin embargo, dice esta nota del diario El País, la polémica sobre este hombre, Astesiano, ya estaba instalada desde al menos 2020, cuando se había hecho público su legajo policial. Entre agosto y setiembre de aquel año se difundió que el jefe de la custodia presidencial poseía más de 20 anotaciones policiales.
Ante este dato, el Ministerio del Interior se había fijado en sus registros para confirmar o descartar si Astesiano tenía o no antecedentes penales y encontró que, técnicamente, no los tenía, según consignaron fuentes del gobierno que cita el matutino.
Lo que sí confirmó la cartera de seguridad era que, en efecto, Astesiano tenía más de 20 indagatorias-por hurto, estafa, y apropiación indebida entre 2003 y 2018-, tal como consta en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de la Secretaría de Estado. Y así fue comunicado a Presidencia por el entonces ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga.
Según esta versión, el Dr. Lacalle Pou y su entorno conocían estas anotaciones a partir de lo que por un lado se había publicado en la prensa y el chequeo que había realizado el Ministerio del Interior.
Esto despierta cantidad de preguntas, vamos a tratar de responderlas para avanzar un poco más esta parte de la historia.
Conversamos En Perspectiva con el Dr. Germán Aller, abogado penalista y criminólogo.
Destaques de la entrevista:
- "La situación que se plantea tiene varios ribetes, es un tema que preocupa y que pone en juego una serie de elementos: Por un lado, ver lo que es la seguridad del presidente de la República, más allá de que la persona a la que aparentemente se le imputaría un delito no serían hechos de violencia, de todas maneras no cabe duda que son hechos de riesgo en el ámbito de una jerarquía del Estado".
- "Si un procesamiento no tiene condena, esa persona entonces no tiene antecedentes judiciales".
- "Una persona en cualquier ámbito privado, cuando entrevista a alguien para un trabajo, incluye una serie de cuestiones, algunas están prohibidas de plantearse, etc, pero otras no. Usted lo que quiere es conocer las aptitudes de la persona y las condiciones que representa, las características".
- "Una persona con estas características, que no son antecedentes penales pero que son características que no coadyuvan en lo que se pretende o espera de alguien que está al servicio de algo tan delicado como es el cuidado del presidente de la República; a mí me parece que más que un problema reglamentario, lo que tenemos es un problema de criterio. En algún lugar hubo una falla, ¿dónde estuvo la falla? Vemos las declaraciones del señor Presidente y él lo asume como propio prácticamente".
- "Esto no implica una responsabilidad penal por parte del presidente de la República ni de las personas que hayan tomado esa decisión. Pero sí nos permite como ciudadanos pensar que esto es un error, que una persona así no tiene que tener acceso a posibilidades de influencia, si es que fuese verdad los hechos que hoy aparentemente se le imputarían".
