Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
El sindicato de funcionarios del Estado se prepara para un conflicto de largo aliento.
La razón es la entrada en vigencia de un nuevo sistema de certificaciones médicas para los empleados públicos.
Según el nuevo régimen, que entró en vigor este lunes 1 de abril, los funcionarios públicos pasan a tener nueve días de licencia por enfermedad paga al año y a partir del décimo día de inasistencia en el año, de forma alternada o consecutiva, cobran “un monto equivalente al 75% o al 100% de su salario por todo concepto según corresponda”.
En líneas generales, hasta ahora a estos funcionarios no se les descontaba salario cuando se certificaban. La situación planteaba diferencias con el sector privado, donde –salvo acuerdos o beneficios específicos– al trabajador no se le paga los tres primeros días de ausencia por razones de salud y a partir del cuarto día se le abona un subsidio por el 70% de su salario.
En respuesta a esta nueva normativa, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) definió un plan de acción que incluye la presentación de un recurso administrativo, una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y “consultas jurídicas pertinentes” para iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
El sindicato sostiene que el MTSS nunca cumplió con el compromiso de instar a todos los ámbitos del Estado a instalar las bipartitas de salud laboral correspondientes. Para COFE, el tema debía ser discutido en la negociación colectiva.
Vamos a profundizar en este cambio que se está implementando en el estado.
Conversamos En Perspectiva con el Dr. Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
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