Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Tras muchas especulaciones previas al inicio de la campaña de vacunación, finalmente se dio a conocer esta semana el documento que preparó el gobierno y que deben firmar los uruguayos que decidan inocularse contra el Covid-19 al momento de aplicarse la primera dosis.
En la primera parte del documento se establece que Uruguay ofrece un plan de vacunación “voluntario y gratuito”, por lo que todo aquel que tenga intenciones de vacunarse lo podrá hacer respetando el proceso escalonado y las prioridades establecidas por el gobierno.
En tanto, el segundo pasaje tiene una intención legal que no plantea ninguna clase de información médica, sino un contrato entre el Estado y la persona que será inoculada. El texto que usted deberá firmar si decide vacunarse continúa diciendo:
“En virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo (sin limitación) contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de, o se encuentre relacionado o en conexión (directa o indirectamente) con, la recepción de la o las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay”.
¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que vamos a estar firmando y qué diferencias hay con el famoso concentimiento informado?
Esta mañana profundizamos en este tema con el abogado Santiago Pereira Campos, socio de Rueda Abadie Pereira y profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo.
