El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se mostró satisfecho con la decisión del Frente Amplio de habilitar una comisión investigadora sobre la gestión de Ancap. En diálogo con En Perspectiva dijo que el objetivo será generar un mecanismo de control sobre la empresa durante los diez años de gobierno del FA. La investigadora, según lo decidió la bancada oficialista, abarcará también el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). En esta decisión, Delgado advierte una “estrategia” de extender el proceso para que haya menos tiempo para investigar las dos administraciones frentistas.
EN PERSPECTIVA
Jueves 30.07.2015, hora 8.15
EMILIANO COTELO (EC) —Ayer el Partido Nacional (PN) se anotó una victoria poco usual en el Parlamento, porque la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) dio el sí para la conformación de una comisión investigadora sobre la gestión de Ancap, algo que había sido solicitado por el senador blanco Álvaro Delgado.
El anuncio es toda una novedad, ya que desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, en 2005, recibió 19 pedidos de investigación y aprobó sólo 5.
Recién escuchábamos los fundamentos para este paso que dio el FA con el senador Marcos Otheguy, de Compromiso Frenteamplista.
Vamos a ver cómo se analiza la novedad en el PN con el senador Álvaro Delgado, impulsor de la comisión.
¿Qué balance hizo ayer cuando se enteró de la resolución del FA?
ÁLVARO DELGADO (AD) —Positivo, me parece que es una noticia positiva. Es un paso adelante para el Parlamento en retomar el control administrativo sobre el Estado, sobre las empresas públicas, sobre las posibilidades de la oposición más allá de las mayorías. Porque hasta ahora todos los caminos parlamentarios, en función de la mayoría del gobierno, habían terminado en vía muerta, ni interpelaciones ni ningún tipo de convocatoria prosperaban. Es un paso para la transparencia, para la democracia. Me parece que es un tema positivo en cualquiera de los escenarios. Creo que le hace bien a Ancap, le hace bien al propio gobierno y obviamente al Parlamento.
EC —De todos modos, el FA acepta con condiciones, modificando el pedido que usted había formulado: en vez de que se investigue la gestión de Ancap desde que el FA llegó al gobierno, o sea desde el año 2005, el oficialismo pide que se vaya más atrás, que se incluya también el gobierno anterior, el gobierno de Jorge Batlle, y además que se agregue lo que está ocurriendo este año con la gestión de Ancap, que se incorpore también el 2015. ¿Cómo ve esos dos cambios?
AD —Si esa es la condición para abrir una línea de investigación y de control parlamentario, me parece positivo. Creo que en algunos casos son sobreabundantes. Obviamente, acá hay una estrategia política de tratar de licuar la denuncia y el pedido que hemos hecho, es echarle bastante agua a la leche incluir del 2000 al 2005.
EC —¿Por qué “licuar”?
AD —Porque ya fueron investigados durante tres años y medio, casi cuatro años, entes autónomos, entre ellos Ancap, en una comisión investigadora, la única que el FA votó en estos 10 años, que fue en el 2005. Nosotros la integramos, me acuerdo. El título era “Sobre la legalidad, oportunidad y conveniencia de gastos efectuados por entes autónomos –y ponía algunos entes, entre ellos Ancap– del 2000 al 2005”. Fue la que propuso el FA en el año 2005, apenas entró al gobierno, y duró, por sucesivas prórrogas que el FA impulsó para su consideración y para su trabajo, hasta fines del 2008, principios del 2009. El PN votó esa investigadora, como votó la que el FA propuso en el 2002 sobre la conveniencia o la gestión de Ancap en Argentina. Y votó todas las comisiones investigadoras que impulsó el propio PN en estos 10 años, de las que el Frente no votó ninguna, ni la de Pluna ni la de ASSE ni las 10 que se propusieron, el Frente se negó a investigarse a sí mismo. En ese sentido el cambio de criterio del FA me parece positivo.
EC —Pero yo lo consultaba sobre por qué llegar también al gobierno Batlle implicaba licuar. Se lo preguntaba porque el senador Otheguy señalaba recién en su fundamentación que el FA entiende que para poder evaluar lo que ocurrió desde el 2005 en adelante es importante tener la línea de referencia, tener bien entendido cómo recibió en particular a Ancap la izquierda cuando llegó al gobierno, qué había pasado inmediatamente antes. ¿Qué dice de eso?
AD —Justamente, fue lo que se estuvo investigando en la comisión investigadora anterior, que duró casi cuatro años. Obviamente vamos a pedir los antecedentes en Diputados. Ya fue investigado de sobra, si es sobreabundar sobre eso no tenemos inconveniente. El objetivo es generar todo un desarrollo del control en estos 10 años de gobierno del FA, en que se da la particularidad de que es la primera vez que hay un gobierno con mayoría propia de un solo partido. En el primer período de gobierno del FA, mayoría propia sin control de la oposición en los entes, y en el segundo gobierno del FA, mayoría propia con representantes de la oposición en los entes, que dejaron constancia de muchas de las cosas que planteamos en nuestro documento. Así que nos parece positivo. Obviamente hay una estrategia de extender el proceso para tratar de que el tiempo sea más limitado en lo que tiene que ver con el desarrollo del control y la investigación en el período por lo menos que nosotros presentamos, que es del 2005 al 2014.
EC —¿Y la incorporación del 2015 también?
AD —Tampoco tenemos ningún inconveniente. Hay que ver cómo se estipula después el tema del plazo, hasta qué fecha, pero ningún inconveniente. Le cuento una anécdota: recuerdo patente que cuando el FA en el 2005, apenas asumió, propuso la comisión investigadora sobre la oportunidad y conveniencia de gastos de entes autónomos, que incluía a Ancap –eso fue sobre mediados de año, por ahí–, el PN dijo: “Perfecto, nosotros la vamos a acompañar como siempre, pero vamos a incluir también el período de gobierno por lo menos hasta la creación de la comisión investigadora”, medio año del gobierno en curso de Tabaré Vázquez. Y el Frente se negó, diciendo que era sobre el gobierno anterior. Obviamente hay un cambio de criterio, pero el objetivo es lo más importante, que es tratar de hurgar en algunas decisiones, algunas situaciones que son irregulares o que son inconvenientes de la gestión de Ancap del 2005 al 2014.
EC —Entre las condiciones que ha puesto el FA está también el plazo, que la comisión liquide su tarea en este año 2015.
AD —Obviamente hay un tema de picardía política. Si algo hemos tratado en el Parlamento es de ser serios, la denuncia que presentamos ha sido seria y fundada. Es más, la ley que establece las condiciones para habilitar las comisiones investigadoras pone dos condiciones (artículo 6 de la ley 16698): que los asuntos a investigar se hayan denunciado con fundamento, y la existencia de irregularidades o ilicitudes. El FA vota una comisión investigadora dentro de estos parámetros.
EC —Yo le preguntaba por el plazo.
AD —Al ampliar el período [investigado] a 15 años, el plazo parece exiguo. Creo que acá está la picardía política de decir “tenemos que trabajar mucho”. Y me parece muy bien, aunque el plazo sea muy exiguo no tenemos inconvenientes, el objetivo lo amerita. Recordemos que en la otra, cuando el FA asumió el gobierno, la comisión duró tres años y medio, casi cuatro. Nuestra idea no es generar una cosa in eternum, es tratar de echar luz sobre algunos temas. El plazo después lo veremos.
EC —No lo veo muy convencido de que el plazo dé, de que efectivamente se vaya a terminar el trabajo en este año…
AD —Parece poco. Habrá que trabajar más, y no tenemos ningún inconveniente, lo tomamos como un avance. Yo no quiero hacer de esto una cosa negativa y decir “bueno sí, pero no”. No. Hubo un cambio de criterio y me parece positivo para todos, fundamentalmente para la democracia.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Queda claro que lo que motivó la aprobación de la comisión investigadora por el FA es bien distinto de lo que motiva al PN. Si uno repasa las declaraciones del senador Agazzi, por ejemplo, e incluso lo que Otheguy nos decía más temprano, en el FA señalan que, luego de analizar las denuncias y revisar toda la documentación, se concluyó que no hay irregularidades ni nada ilícito. Dicen que el tema está en la agenda, que se ha discutido demasiado públicamente sobre la situación de Ancap, que por eso que entienden que hay que mostrar los números, y destacan eso, que no hay irregularidades ni ilicitudes. Usted dice todo lo contrario.
AD —Yo presenté en la comisión preinvestigadora un documento con 12 capítulos y 16 anexos, en el que se presentan situaciones que a nuestro juicio son irregulares y situaciones que a nuestro juicio son inconvenientes. Si hay ilicitudes no lo puedo determinar, a priori fui muy cuidadoso y muy respetuoso al respecto…
RA —¿Cuáles son las irregularidades que usted plantea?
AD —… pero, y es importante decirlo, la condición que pone la ley para habilitar una comisión investigadora es que las denuncias sean fundadas y que se detecten irregularidades o ilicitudes. Son las condiciones que pone la ley, no las invento yo. El PN fundamentó su propuesta de comisión investigadora sobre la base de la ley que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras. Si el FA dice que en realidad no tomó eso, tomó el tema público, también en eso hay un cambio de criterio, que me parece positivo.
Por ejemplo en el tema Pluna había obviamente un tema de manejo público, casi de alarma pública por la situación, se intentó votar una comisión investigadora y el Frente, a pesar de la situación pública, votó en contra, con el desarrollo que tuvo ese proceso. Con el tema de ASSE pasó lo mismo, era un tema muy público, muy notorio, muy discutido, y sin embargo el FA la votó en contra de la comisión investigadora que propuso el PN. Acá también hay un cambio de criterio, que también valoramos positivamente.
RA —¿Podemos repasar esos argumentos que usted señala que quedan en evidencia en el documento que entregó a la comisión preinvestigadora, en el que se señalan estas posibles irregularidades e inconveniencias?
AD —Hay situaciones muy grandes y después hay ejemplos concretos de manejo en este caso de dinero que entendemos que son inconvenientes, no necesariamente irregulares, pero demuestran que hay que cuidar todas las cosas.
Desde la presentación tardía permanente de todos los balances que Ancap ha hecho, contraviniendo normas establecidas, entre otros por el Tribunal de Cuentas.
La política financiera y los efectos de la política financiera. Para ponernos en caja en lo que es la situación hoy: Ancap perdió en los últimos dos años US$ 500 millones, en los últimos cuatro US$ 600, de los cuales US$ 500 millones los pierde en los últimos dos años. Hace cuatro años que da déficit, estos niveles de déficit. Hoy el endeudamiento es el 75 % del patrimonio de Ancap. Estamos hablando de una empresa monopólica, con precios administrados, que además se regulan en muchos casos con las tarifas, basta ver los aumentos de combustibles que hemos tenido, porque siempre los termina pagando el usuario, el que pone combustible del surtidor. A esos niveles llegamos.
Además la mayor parte del endeudamiento, más de la mitad, es a corto plazo y en dólares, con una exposición al riesgo del tipo de cambio y contra todas las advertencias de los servicios, de las auditorías. Contraviniendo también la política general del Ministerio de Economía de reperfilar la deuda de Uruguay a largo plazo y tratar de desdolarizarla.
Tenemos que ver algunos elementos de lo que tiene que ver con la gestión y con los gastos de Ancap.
RA —¿A qué se refiere?
AD —Antes del 2005 Ancap estaba gastando US$ 1 millón y poquito en publicidad, y recuerdo que el diputado Mahía, del FA, cuando propuso la investigadora en el 2005 dijo: “Hay que investigar esto, no puede ser que Ancap, una empresa monopólica, gaste en publicidad. ¿Es necesario?”. Ancap terminó gastando en 2013-2014 US$ 10.700 millones en publicidad.
Creó una planta de cal en el departamento de Treinta y Tres a través de una subsidiaria, que es Cementos del Plata, sin la habilitación para hacerla, porque Cementos del Plata no tenía la competencia, se la dieron después. Se hizo con el objetivo de concretar un negocio con Brasil. Además esa cal fue devuelta por mala calidad y por problemas de cantidad, y estamos pagando una multa de US$ 7 millones.
Tenemos gastos de publicidad, de donaciones, de un stand en una feria en Paraguay que gastó casi US$ 300.000.
Son algunos de los ejemplos para decir que hay plata grande pero también plata chica en la factura general de Ancap. Estamos hablando de una empresa que tiene ingresos brutos cercanos a los US$ 4.000 millones. Capaz que decir US$ 300.000 en una feria en Paraguay es muy poca plata, pero ¿es necesario? Ese es el tema, se le fue perdiendo el respeto –a mi juicio– a la plata, sobre todo cuando estamos manejando plata ajena.
Incorporamos el tema de Pluna, hay un tema de incobrable de Pluna. Recordemos que contraviniendo todo el protocolo interno, según el cual a los proveedores se los habilitaba a pagar a 30 días, Ancap dejó pagar a Pluna que pagara a 180 días, y terminó Pluna quebrando, en una situación más que pública. Quien denuncia esto es un contador delegado del Tribunal de Cuentas que venía advirtiendo sobre la falta de controles en la gestión de cobro a proveedores. Después hubo una sanción administrativa a una funcionaria, pero queremos saber cuáles fueron los controles que se contravinieron en este caso y de qué forma.
Ancap aumenta su costo de personal de US$ 43 millones a US$ 185 millones, aumenta en casi 2.000 trabajadores. ¿Será necesario? Capaz que sí, o capaz que no. Entre el 2013 y el 2014 aumentaron 33 % los gastos de honorarios, en honorarios y servicios contratados fueron US$ 85 millones.
Ancap participó en una triangulación de petróleo con Ecuador en un negocio general, contraviniendo el espíritu del acuerdo con Petroecuador. Ancap lo que hizo fue triangular el petróleo, no procesarlo, en un negocio de US$ 6.400 millones en el que ganó US$ 5 millones y pico, hipotecando, a mi juicio, todo un prestigio internacional, porque esto fue denunciado por el presidente Correa.
Y podemos seguir. La modificación de un contrato entre Ancap y ALUR con efecto retroactivo para mejorarle los márgenes y la utilidad a ALUR en función de su balance. Son algunos ejemplos. Hay algunas situaciones irregulares y algunas situaciones inconvenientes.
EC —Teniendo en cuenta eso, que para usted y para el PN varios de estos puntos constituyen presuntas irregularidades y que en el FA dicen que no, que ellos no perciben que haya elementos que avalen la idea de irregularidades, teniendo en cuenta esa diferencia de criterio, ¿cómo termina resolviéndose el tema en la comisión preinvestigadora?, ¿va a haber dos mociones, hay una sola moción? No me quedó claro eso.
AD —Hay una sola moción, que es habilitar la comisión investigadora, que era lo importante. Después, los fundamentos que cada uno tiene para hacerlo obviamente son diferentes. Nosotros decimos –y por eso fuimos muy respetuosos– que para nosotros hay situaciones irregulares y hay situaciones inconvenientes. Yo no estoy hablando de ilicitudes, al menos no lo puedo decir hoy. Pero sí se dan esas dos premisas. El FA lo hará por otra motivación. El fin es el mismo.
EC —¿Y cómo se va a llamar la comisión, “comisión investigadora sobre…” ¿qué?
AD —No está definido todavía.
EC —Ese es el punto.
AD —Sí, sí.
EC —Porque ustedes pretendían que fuera una “comisión investigadora sobre presuntas irregularidades” o “comisión investigadora sobre la gestión de Ancap”, etcétera.
AD —No me parece que el nombre sea el tema, me importa el objetivo más que el fin. El objetivo es que se pueda investigar, que el Parlamento, por primera vez en 10 años en un gobierno con mayoría, pueda perforar ese bloque que había para poder investigar las gestiones del FA en el gobierno. Si ese objetivo se logra… y ojalá que transitemos todos bien, con seriedad, con respeto, acá se trata de trabajar positivamente.
***
EC —Otro asunto que irrumpió en la agenda política esta semana, aunque todavía faltan elementos, es la noticia que publicó el diario El País ayer. El lunes el consorcio GNLS, integrado por Gaz de France y Marubeni, presentó una nota a Gas Sayago SA en la que sostiene que le resulta imposible continuar con el desarrollo de la planta regasificadora en las condiciones previstas para el negocio inicialmente.
En realidad, por lo que hemos podido averiguar, el consorcio todavía no comunicó expresamente su decisión de retirarse, hay un contacto informal con ese mensaje. Sí hubo, por lo visto, una notificación a los trabajadores en torno a esa dificultad, y por otro lado la respuesta que de inmediato ha surgido del gobierno. Allí se tiende a dar la salida como un hecho y se advierte que si esa situación se configura está la decisión de exigirle a GNLS el pago de una multa de US$ 100 millones que está prevista en el contrato. Con los elementos que están sobre la mesa, ¿cuál es su evaluación?
AD—Lo hablamos la otra vez, cuando convocamos a la ministra de Industria por el tema regasificadora dijimos que se estaba llegando a una situación en la que, aun continuando GNLS con nuevos contratistas –ya había presentado y había conseguido nuevos contratistas–, había dos escenarios, porque en octubre era una dead line, si no había un cumplimiento del cronograma de avance de obras el contrato establecía que se podía ejecutar la garantía de US$ 100 millones a primera demanda.
La cosa está peor que antes, ya no es que no llegamos al cronograma de avance de obras pero tenemos los contratistas, toda la arquitectura montada operativa para poder hacer la obra con el proyecto original, aunque la vamos a hacer en otros plazos. Recordemos que la construcción del barco regasificador ya está encaminada y viene sobre fin de año. El tema es peor, porque GNLS, que ya había pedido un cambio de contrato en condiciones vinculadas al plazo y al canon y se le había dicho que no, ahora está preconstituyendo prueba y diciendo “bueno, le quiero avisar que si no hay cambio, en estas condiciones este proyecto no lo puedo hacer”.
Ahí se desencadena todo un proceso que tiene que ver con lo laboral, con lo estratégico, con lo energético y también con lo jurídico. Porque entramos en un entramado de cosas en que GNLS va a argumentar, seguramente –espero que no lo haga–, que hubo algunos cambios de reglas de juego –sentí por ahí ese tema–, que hubo algunos inconvenientes ajenos a la empresa que le impidieron cumplir con determinadas cosas… Obviamente el Estado tiene derecho –y creo que lo tiene que hacer– a cobrar la garantía correspondiente. Pero está claro que si GNLS decide no continuar, se cae el proyecto de la regasificadora.
EC —¿Por qué? ¿Cuál es su interpretación?
AD —El proyecto más importante en materia energética creo que desde Salto Grande. Se cae, si GNLS decide no seguir, por lo menos este proyecto se cae. Y ahí Gas Sayago, los accionistas, el Estado tendrán que definir si hacen algo de otro tamaño, si continúan con el mismo tamaño pero con otra licitación, un nuevo llamado…
EC —Usted dice que si efectivamente este consorcio, que fue el ganador de la licitación, se retira, hágalo de la manera que lo haga, eventualmente incluso pagando la multa de US$ 100 millones, se retrocede al momento de la licitación.
AD —Y sí, a fojas cero. Y ahí hay que tomar una definición…
EC —Hay que definir quién se encarga del proyecto.
AD —… hacer un nuevo llamado sobre el proyecto anterior o por lo menos del proyecto en curso de GNLS, o reformular el proyecto para hacerlo más adecuado a la realidad uruguaya, en dimensiones y en tamaño diferentes, o tomar otra alternativa.
EC —Mi pregunta apuntaba a saber cómo se resuelve si no es GNLS quien queda. ¿No se puede volver a la licitación y adjudicar al que había quedado segundo?
AD —No, hay un problema bien complicado. Hay que ver las cláusulas chicas del contrato. Es un contrato muy grande, y los anexos son enormes, tendríamos que ver con mucho detalle eso. Estamos en un problema jurídico bien complicado.
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Transcripción: María Lila Ltaif
