Los funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) evalúan presentar una denuncia penal tras constatar que varios menores trasladados del centro Ceprili al ex Hogar Puertas en la madrugada del domingo resultaron heridos. En diálogo con En Perspectiva, el secretario general del Suinau, Carlos Salaberry, explicó que a la luz de los procesamientos por tortura del viernes el gremio no quiere quedar involucrado en una situación en la que "no tiene nada que ver".
Salaberry sostuvo que el operativo que culminó con los jóvenes lesionados estuvo bajo la dirección del Sirpa. “Fueron ellos los que tomaron las decisiones o habilitaron que estos jóvenes quedaran toda la noche esposados y que no recibieran asistencia médica”, aseguró el dirigente.
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Procesamiento de funcionarios del INAU
EN PERSPECTIVA
Lunes 24.08.2015, hora 10.16
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Los funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] evalúan presentar una denuncia penal tras constatar que varios menores trasladados del centro Ceprili al ex Hogar Puertas en la madrugada del domingo resultaron heridos.
El traslado tuvo lugar cuando los funcionarios estaban en huelga y eran las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente [Sirpa] y la Guardia Republicana quienes estaban a cargo de la seguridad.
Por otra parte, el sindicato decidió el domingo, en asamblea, levantar la huelga que llevaban adelante en los centros Ceprili, ex Ser y CIEDD, y negociar a partir de hoy con las autoridades las condiciones de trabajo y los protocolos de actuación en los centros de reclusión.
¿Qué fue lo que sucedió exactamente el domingo con los internos trasladados? ¿Cuáles van a ser los planteos del sindicato en la mesa de negociación con el gobierno? Vamos a conversar sobre este tema con Carlos Salaberry, secretario general del Sindicato del INAU, el Suinau.
NICOLÁS BATALLA (NB) —Primero para aclarar: ¿cómo fue la situación el domingo, cuál es la información que ustedes tienen?
CARLOS SALABERRY (CS) —¿Con respecto al traslado?
NB —Exacto, con respecto al traslado de los jóvenes del Ceprili.
CS —Bueno, la situación es así: la asamblea del sábado a media tarde resolvió declarar la huelga en el Sirpa y comenzar esa misma tarde la huelga con abandono de los puestos de trabajo en los tres centros que estaban intervenidos por la Policía, que eran el Ceprili, CIEDD y el ex Ser en la Colonia Berro. A las 19.00 ya no quedaba ni un trabajador, el centro quedó en mano de la administración y la guardia policial que ya estaba ahí.
RA —Cuando usted dice “intervenido por la Policía”, ¿eso implica que había autoridades de la Guardia Republicana adentro de los propios centros? Porque hoy Juan Castillo, el director nacional de Trabajo, nos decía que el Ministerio del Interior y sus funcionarios intervinieron específicamente en el traslado, no dentro de los centros.
CS —No, hacía cuatro o cinco días que estaban dentro del centro, en un determinado momento creo que un juez ordenó que esperaran en la puerta, y era visible en la calle Bulevar Artigas la presencia policial. Permanentemente estaban entrando, aun cuando no había ninguna medida sindical. Así fue en los días previos, pero en la noche…
NB —¿Eso era común antes o fue a partir de la excepcionalidad de esta situación concreta?
CS —No, es absolutamente excepcional. No recuerdo una presencia policial tan larga en tantos centros. Es una situación compleja obviamente a partir del procesamiento del conjunto de trabajadores que quedaron privados de libertad -muchos desempeñaban sus tareas en esos lugares- por el cual el número de trabajadores disminuyó ostensiblemente. Eso dio lugar a una situación complicada con los jóvenes que desde la tarde ya estaban quemando colchones y esas cosas. Tuvieron que intervenir los bomberos en una oportunidad, más tarde vuelven, ahí los trabajadores ya habían salido y tuvo que haber una intervención de bomberos nuevamente. Finalmente las autoridades dispusieron el traslado al ex Hogar Puertas, que estaba vacío, a uno de los módulos que hoy no utilizaban. El traslado se opera entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en el ínterin el gobierno decretó la esencialidad, nosotros reclamamos condiciones de seguridad para cumplir con los servicios esenciales, cuando nos comunican que está resuelta la situación desde el punto de vista de la seguridad ingresan los trabajadores y constatan que todos los jóvenes trasladados, 19, están esposados o engrilletados, algunos con lesiones graves. Se llama a la emergencia móvil, que es lo que se tiene que hacer en esas circunstancias, y las autoridades no permiten el ingreso de la emergencia móvil. Recién son asistidos pasado el mediodía del domingo.
NB —¿Las autoridades no permitieron el ingreso de la emergencia móvil?
CS —No permitieron el ingreso de la emergencia móvil.
NB —¿Con qué explicación?
CS —No sé.
Frente a la situación que estaban presenciando los compañeros nos convocan y lo que acordamos es labrar un acta de los presentes que describen la situación con la que se encontraron. Consultamos con nuestros abogados y nos sugirieron poner en conocimiento de la Justicia la situación para deslindar responsabilidades de los funcionarios del INAU. A la luz de lo que fueron los procesamientos del viernes nosotros no queremos más compañeros presos por tortura, no queremos quedar involucrados en una situación en la que no tuvimos nada que ver.
Esto es entera responsabilidad de las autoridades.
NB —Cuando dice las autoridades se refiere a las autoridades del Sirpa y no a las autoridades policiales, ¿verdad?
CS —Sirpa.
NB —¿Los trabajadores del INAU en este momento ya están en funciones en todos los centros?
CS —Sí, sí, nosotros en el día domingo hicimos una asamblea en la que pusimos en consideración la oferta que hizo el Ministerio de Trabajo de instalar un ámbito de negociación. Se aceptó esa oferta y levantamos la huelga en esos tres centros en los que se había decretado la esencialidad.
NB —¿Eso quiere decir que la atención por parte de los funcionarios es normal? Porque durante el fin de semana se había hablado de que con el decreto de esencialidad habría una guardia mínima que daba para que se le diera de comer a los internos, para los traslados a enfermería y que implicaba, por ejemplo, encierros de 24 horas. Eso ahora ya está saldado.
CS —El tema es que la situación en estos tres centros es absolutamente irregular. Sus directores han quedado presos, no hay un relevo claro, los equipos de trabajo han quedado diezmados, entonces lo que se garantiza es lo esencial. No hay un plan de trabajo cotidiano, un funcionamiento establecido, además de que hubo movimientos importantes de la población de un centro para otro en la semana previa a todo esto. En realidad todos estos lugares están en una situación como de emergencia, no hay un cotidiano estructurado, de que a tal hora se levantan, se bañan, desayunan, van a estudiar o a hacer actividades recreativas, las distintas actividades en el día. No hay nada de eso por muchos factores, entre ellos porque la población ha sido movida de un lado para otro, porque las direcciones de esos lugares prácticamente ninguna está en funciones, buena parte de los equipos de dirección tampoco están… es una situación caótica.
Eso obliga a que la posibilidad de atención se reduzca al mínimo. Todo lo que es el cuidado de la salud, la visita, la alimentación [está siendo atendido], pero no está dando para mucho más hasta que no haya… el aspecto programático es uno de los putos de la negociación, nosotros consideramos que se llega a esta situación precisamente por la ausencia de una propuesta de trabajo coherente en el tiempo. Se estaba y se sigue improvisando, se da respuesta a los emergentes que generan nuevas situaciones y así vamos de mal en peor.
NB —Esa situación que usted describe ahora imagino que genera un ambiente complicado con los propios internos que, por ejemplo, terminan pasando muchas horas encerrados.
CS —Por supuesto. Lo que nosotros vamos a poner en conocimiento de la justicia es una situación grave, pasaron toda la noche esposados, sin atención médica cuando algunos tienen lesiones graves. Es toda una situación complicada, y nosotros queremos deslindar nuestra responsabilidad como trabajadores del INAU de esa situación.
NB —Hoy en la diaria la directora del Sirpa, Gabriela Fulco, puso el foco sobre la actitud de ustedes como uno de los problemas que desencadenaron en esta situación. Según la diaria ella se pregunta cuál es el origen de este problema y sostiene que es el abandono del servicio: “Acá no vamos a poner foco en las protestas de los jóvenes, [lo que hicieron los funcionarios] es como abandonar a un paciente en el quirófano. Son situaciones de extrema vulnerabilidad; es impensable que alguien deje así un centro”. ¿Ustedes qué dicen al respecto?
CS —Es que una vez más la señora Fulco miente. Esa situación estaba instalada cuando estaban los trabajadores, no es que hubo un episodio puntual ayer: ese centro está incendiado hace un mes y medio y no logran dar una respuesta adecuada para restablecer el orden. La propia Comisión Delegada ha firmado una resolución para intervenir ese centro hace más de un mes, y sin embargo ha pasado todo lo que es conocido, y muchísimas cosas más del mismo tenor -que no han tomado estado público- y sin embargo [Fulco] siempre trata de excluir su responsabilidad como jerarca. Acá la culpa es de la Policía, de los funcionarios del INAU o de las autoridades del INAU que trancan las cosas, siempre afuera, nunca asume una responsabilidad la señora Fulco.
RA —Ustedes van a presentar una denuncia penal por este episodio que según ustedes protagonizó la Guardia Republicana y por la situación en la que quedaron los menores. ¿Qué es concretamente lo que les interesa: deslindar responsabilidades o que se juzgue con la misma severidad que a los trabajadores lo ocurrido con la Guardia Republicana y las autoridades del Sirpa?
CS —No, nuestros abogados lo que nos sugirieron -y es lo que vamos a hacer- es enterar a la Justicia de la situación con la que nos encontramos para establecer que cuando ingresaron a trabajar los funcionarios del INAU esa situación ya estaba dada. Sobre las responsabilidades, es una tarea de la Justicia investigar. Esto no es una denuncia contra la Policía ni nada, eso lo verá la Justicia. Desde nuestro punto de vista todo este operativo estuvo bajo la dirección del Sirpa, fueron ellos los que tomaron las decisiones o habilitaron que estos jóvenes quedaran toda la noche esposados y que no recibieran asistencia médica. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, la justicia verá dónde cabe la responsabilidad. Nosotros sobre estos hechos lo que queremos es, según nuestros abogados, informar a la Justicia para deslindar responsabilidades.
NB —Ayer en la asamblea de funcionarios Joselo López decía, según publica hoy El País, que no iban a hacer nada que implicara un riesgo y que si hay problemas salen de las instituciones. ¿Cómo es que van a estar actuando en los centros, en este proceso de transición mientras negocian con el Ministerio del Trabajo y las autoridades del Sirpa?
CS —Efectivamente. Ese tema fue uno de los puntos que se discutió en una reunión en el Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que exigimos de inmediato son garantías para la seguridad física y jurídica de los trabajadores que se tienen que desempeñar en estos centros. Jurídica en el sentido de que, a la luz del fallo, si se presenta una situación de tener que hacer uso de la fuerza y no está regulada, nos exponemos nuevamente a repetir la situación de un procesamiento. Nosotros lo que exigimos, y es uno de los temas centrales de la reunión de las 11.00 en la Dirección Nacional del Trabajo, son resoluciones mínimas que orienten cómo actuar. En ese sentido, frente al riesgo, nosotros nos replegamos, informamos a las autoridades y les pedimos apoyo. Si hay que entrar con apoyo policial a servir los alimentos o a dar la medicación, o cualquier otra situación que se tenga que desarrollar en un centro, lo vamos a hacer así. No vamos a poner en riesgo nuevamente a los trabajadores en esta situación de inseguridad que estamos colocados.
NB —¿Cómo califican el diálogo en este momento con el gobierno en general y las autoridades del Sirpa en particular? Porque las crónicas periodísticas de estos días han señalado que el SUINAU está en pie de guerra contra las autoridades del Sirpa, ¿cómo califican ustedes esa relación en este momento?
CS —No, nosotros hemos asistido a todas las instancias de negociación a las que nos han convocado, muchas veces hemos solicitado nosotros ámbitos de negociación. El problema se focaliza en la Presidencia de la Comisión Delegada, en la señora Fulco, nosotros con los otros miembros de la Comisión Delegada, [Edgar] Bellomo y con [Luis] Noya, no tenemos ningún inconveniente, tenemos un relacionamiento fluido. Creemos que parte de ahí, por falta de cultura de negociación y por características personales tal vez, un rasgo de autoritarismo que tiene la señora Fulco, que es lo único del relacionamiento que se podría entender como complicado. Pero es la persona que está y nosotros tenemos que negociar con quien está, no es un problema para nosotros. El tema es también las actitudes, como le decía hoy, si siempre se parte de la base de que quien está al frente nunca tiene una responsabilidad y la culpa siempre es de algún subordinado, cuando acá se está fallando en la lógica del sistema, es difícil encontrar un punto de acuerdo.
NB —El fallo del viernes por el cual fueron procesados 26 funcionarios del INAU dice que todo el cúmulo de situaciones que se vio en aquel episodio del 24 de julio muestra negación de la dignidad humana, crueldad, degradación y desprecio a la integridad moral ajena. En todo este proceso, ¿cómo ha encarado el SUINAU la discusión sobre ese tipo de procedimientos a implementar cuando están ante ese tipo de situaciones?
CS —En primer lugar nosotros discrepamos con el fallo del juez y la fundamentación nos parece absolutamente disparatada, pero eso va a correr en el recurso de apelación. Lo que precisamente nosotros estamos intentando es evitar quedar expuestos nuevamente en esa situación. Ahí, sacando la impresión que genera el número de personas, quienes actúan efectivamente es un grupo relativamente reducido y hace lo que habitualmente se hace en esas situaciones que es reducir jóvenes y empezar una requisa en función de que estaban armados y se había perdido el control de la situación. Pero todo eso se desarrolla sin que exista un protocolo detallado de cómo hacerlo, entonces a partir de ahora lo que estamos exigiendo es saber cuál dice la administración que es la forma correcta de encarar estas situaciones.
NB —Si no me equivoco lo que ustedes plantean es que este tipo de procedimiento ya lo han aplicado otras veces y en general es más o menos así…
CS —Siempre.
NB —Y nunca habían tenido la observación de las autoridades, lo hacían con la connivencia de las autoridades.
CS —Las reducciones son una situación frecuente cuando se pierde el control o hay un desacato. No solo en el ámbito del INAU, también en otros centros carcelarios, en los hospitales, estas cosas… cuando una persona se descompensa hay que reducirla para evitar que se dañe a sí misma, que dañe a otros o rompa el edificio…
NB —En esa situación se ve más que simplemente la reducción, ¿no?
CS —Lo otro que se ve es el comienzo de una requisa, los que quedaban adentro [de las celdas], que también estaban armados, se los saca de a uno esposados, engrilletados, al piso, y luego se revisan las piezas [para verificar que] no haya objetos prohibidos. Eso es lo que en realidad hay en la imagen, impresiona el número, y se debía a varios factores, no a una asamblea, y los trabajadores hicieron lo que tenían que hacer, por eso también… si yo no acudo en apoyo a un lugar donde hay un problema en realidad estoy faltando a mi deber como funcionario. Todos los que están en la vuelta tienen que ir. Uno cuando entra no sabe con qué se encuentra: había dos y en realidad había 13, las celdas estaban con los candados rotos y por lo tanto podían salir, fue… eso.
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Procesamiento de funcionarios del INAU
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Transcripción: Andrea Martínez
