La Rendición de Cuentas que se aprobó en el Senado días atrás incluyó un artículo que puede significar “un antes y un después” para el Correo Uruguayo.
La nueva norma establece que los organismos públicos deban distribuir un tercio de su carga postal a través de la empresa estatal de correo, que es deficitaria y ocupa el cuarto puesto en el ranking de distribuidores de paquetería en el mercado local.
Es una muestra, atípica en estos días, de consenso en el sistema político. La propuesta de este artículo surgió del directorio del Correo, integrado por representantes de Cabildo Abierto, del Partido Nacional y del Frente Amplio.
La Asociación de Funcionarios Postales lo apoyó con entusiasmo y hasta se movilizó para lograr su aprobación. “La señal política es enorme”, dijo a la diaria Juan González, presidente de ese sindicato:
“A principios de año a nosotros nos dijeron claramente, en un par de reuniones con el gobierno, que se manejaba como opción achicar el Correo Uruguayo, darle otra forma jurídica, asociarlo con privados. Esto va en el sentido contrario. Para nosotros haber metido esto es tremenda victoria”.
Para conocer más sobre por qué se propuso esta modificación legal, cómo es hoy en día el negocio del Correo Uruguayo y qué futuro tiene la empresa, recibimos al presidente de la institución, el coronel retirado Rafael Navarrine.
