Esta semana, el MPP hizo público un proyecto de ley que obliga a presentar declaraciones juradas de patrimonio a los directivos de entidades del Sistema Nacional de Salud, licenciatarios o concesionarios de obras o servicios públicos, y jerarcas de organismos privados que manejan fondos públicos o que administran bienes del Estado.
En diálogo con En Perspectiva, el abogado experto en derecho tributario, Leonardo Costa dijo que este punto es "excesivo" porque contraviene el derecho a la intimidad consagrado constitucionalmente y no sirve como indicativo de que se haya cometido un acto de corrupción.
En cambio, Costa propuso ir hacia otros mecanismos menos "invasivos" como la creación de bases de datos accesibles sobre quienes son los contratistas del Estado, regulaciones sobre el lobby, reforzar la capacidad de control de la Junta de Transparencia y Ética Pública, y revisar el rol del Tribunal de Cuentas.
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