Legisladores de cuatro partidos de la oposición presentaron este jueves, en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El documento lleva la firma de los diputados Gustavo Salle (Identidad Soberana), Juan Martín Jorge (Partido Colorado), Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente).
El escrito señala una “aparente comisión” de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público, y solicita investigar a todas las personas involucradas en la operación. Alega falta de quórum en la resolución, pago por encima de la tasación oficial, informes antedatados y la inhabilitación de dos jerarcas por su condición de colonos, entre otros puntos.
Salle, por su parte, dijo que los indicios ameritan una investigación, aunque expresó dudas sobre que Fiscalía avance en el caso por involucrar al propio Poder Ejecutivo. Respecto a la conformación de la comisión investigadora, consideró que, aunque no estén los votos requeridos, es un camino necesario, paralelo al del Ministerio Público.
“Que no estén los votos no le quita trascendencia a la investigación legislativa, porque aquí puede haber responsabilidades penales, pero también responsabilidades administrativas y políticas. Entonces, aunque no estén los votos, que se investigue en paralelo a nivel legislativo y a nivel administrativo/fiscal —porque nunca es judicial— lo veo como algo muy positivo”.
Conversamos En Perspectiva con Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional.
