El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, aseguró en entrevista con En Perspectiva que su país respalda a Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque destacó que son necesarios cambios en el organismo. Además, defendió la legitimidad de los procesos de inhabilitación y detención de opositores políticos.
Lea la entrevista completa con Julio Chirino, embajador de Venezuela en Uruguay
Chirino señaló que es el poder electoral en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, autónomo e independiente, el que define qué organizaciones asisten como acompañantes a las elecciones y que, por lo tanto, fue ese organismo el que decidió que asista la Unasur y no la OEA a las elecciones legislativas de diciembre.
“Venezuela fue uno de los países que creyó y apostó en la persona de Luis Almagro como secretario general de la OEA”, y lo sigue haciendo, dijo Chirino, con el objetivo de buscar “la reconfiguración” del organismo. “Tenemos expectativas de que la presencia de Luis allí (en la OEA) pueda generar algunas transformaciones que creemos necesarias, que tienen que ver con un equilibrio mayor entre los países” miembro del organismo.
El embajador señaló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, ha cuestionado en Venezuela cosas que también suceden en otros países y no son cuestionadas y reclamó que haya “igualdad de condiciones para todos”. “La OEA en su historia no ha sido equilibrada con Venezuela. Apostamos a que eso se transforme”, agregó. Entre otros antecedentes, mencionó que la OEA no rechazó el intento de golpe de Estado de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez.
Cuestionado sobre los políticos opositores que han sido inhabilitados para participar en las elecciones, Chirino indicó que esto está a cargo de la Contraloría General de la República, que forma parte de un poder independiente del Ejecutivo, y recordó que en Venezuela hay una ley contra la corrupción que establece que los funcionarios públicos que falseen u oculten información sobre sus ingresos o bienes patrimoniales son pasibles de inhabilitación. Señaló que ese es el caso de la ex diputada opositora María Corina Machado, “quien omitió información de sus ingresos particulares”. “La norma ni siquiera le permite a la Contraloría sancionarlo o no, es automática”, subrayó. Chirino dijo que en Venezuela “hay más de 1.600 casos de inhabilitación administrativa” y que la mayoría de los inhabilitados son oficialistas.
Consultado por la denuncia presentada el jueves por Human Rights Watch, Chirino señaló que se trata de una organización civil y no “un órgano que nos hayamos dado los países de América Latina o del mundo” para velar por los derechos humanos. Luego desmintió la denuncia asegurando que en Venezuela “no hay ningún detenido por sus opiniones políticas” y que “no se han iniciado procesos penales por opiniones políticas”.
Chirino también señaló que en Venezuela “no se ha cerrado ningún medio, no hay periodista que haya sido sancionado”. Sí hay, indicó, un proceso previsto para cuando una persona “genera un hecho noticioso con alguna función o un elemento que pueda generar un proceso de desestabilización, o que falsee la verdad”, y este proceso ha sido aplicado.
El embajador aseguró que los dirigentes políticos que están detenidos lo están porque la mayoría de los venezolanos siente “una necesidad de justicia” por los eventos de febrero de 2013, que fueron “producto de la acción que hizo ese dirigente, en este caso Leopoldo López”. En esas movilizaciones murieron 43 muertos, algunas de las cuales son “víctimas reconocidas por el Estado venezolano” que fueron víctimas de “la extralimitación de las fuerzas policiales”.
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