Uruguay fue el primer país de Latinoamérica que retornó a clases, primero a fines de abril con las escuelas rurales y luego en junio de manera gradual lo hizo el resto del sistema.
Es un caso de estudio a nivel internacional, al que miran otros países que apuntan a poder volver a la presencialidad.
Pero a días de que comience octubre, la asistencia a las aulas sigue sin ser obligatoria y la presencialidad es muy reducida.
Los niños de la mayoría de escuelas públicas se dividen en grupos rotativos que asisten lunes, miércoles y viernes una semana, y la siguiente solo martes y jueves.
Si bien a principios de setiembre el Codicen habilitó a escuelas y jardines de infantes a ampliar la carga horaria presencial, pero en la escuela pública este cambio significó poco por las dificultades para cumplir con los protocolos sanitarios. La educación privada sí ha podido aprovecharlo: la mayoría de los estudiantes va todos los días a clase en esas instituciones en horario completo y extendido.
Visto este panorama, desde el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública muestra su preocupación, habla de “emegencia nacional” por los impactos que esta distorsión puede tener en los niños y reclama más clases.
Para conocer más de este pedido, estuvimos con dos integrantes del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública: Natalia Cámara y Mariana Romanelli.
