Esta noche tendrá lugar la vigésima Marcha del Silencio en reclamo por información sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura. En diálogo con En Perspectiva, el representante de Familiares, Ignacio Errandonea, señaló que si bien en estos últimos años se han hecho esfuerzos, los resultados son magros. Errandonea agregó que el principal obstáculo para avanzar es la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas, institución que a su juico debe asumir la responsabilidad por el terrorismo de Estado y abrir sus archivos para el esclarecimiento de los hechos. Según el representante de Familiares, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, debe colaborar en esta tarea con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia o dar un paso al costado.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 20.05.2015, hora 7.32
EMILIANO COTELO:
Esta noche se llevará a cabo la 20ª Marcha del Silencio, que este año tendrá como consigna “¡Basta ya de Impunidad! Verdad y justicia”. Como cada 20 de mayo, miles de personas caminarán desde la esquina de Rivera y Jackson por 18 de julio hasta la Plaza Cagancha para reclamar por información sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.
¿De dónde viene la fecha? ¿Qué es el 20 de mayo? La fecha recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ex legisladores, y los militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo, ocurridos en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976.
Esta vez la manifestación viene precedida de una nueva polémica que vuelve a tener como protagonista al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Fue un gran tema de debate en las últimas horas lo que ocurrió el lunes al final del acto oficial por el Día del Ejército, cuando Fernández Huidobro coincidió con el reclamo realizado por el comandante en jefe de esa fuerza, el general Guido Manini Ríos, de que no se estigmatice a los soldados.
Estamos con Ignacio Errandonea, del grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
En primer lugar, una pregunta muy general a propósito de la marcha en este año 2015: ¿qué características peculiares tiene tal cual ustedes venían organizándola?
IGNACIO ERRANDONEA:
Primeramente quisiera ubicarla: estamos hablando de que hace 40 años aproximadamente, algunos un poco más, otros un poco menos, que estamos buscando a nuestros familiares desaparecidos. Hace 30 años que se restableció la democracia, 20 años que estamos marchando y 10 años que tenemos un gobierno frenteamplista. Si bien en estos últimos años se han hecho esfuerzos, los resultados son magros. Pensamos que debe haber un nuevo impulso, un impulso de todo el Poder Ejecutivo para buscar la verdad. Por eso en estos 20 años, conmemorando que es la marcha número 20, realizamos una serie de actividades previas con exposiciones, charlas, etcétera; le hemos dado énfasis a esta marcha precisamente para reclamarle al gobierno que tiene que tener una actitud firme y decidida en la búsqueda de información.
EC – ¿Dónde han estado últimamente los inconvenientes? ¿Qué obstáculos destacan ustedes?
IE – El principal obstáculo es la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas. Es una realidad, no es un invento nuestro o una difamación, que las Fuerzas Armadas fueron las que implementaron el terrorismo de Estado en Uruguay. Hubo un golpe de Estado e instalaron un gobierno cívico militar y el terrorismo de Estado. Hubo miles de presos y miles de presos torturados; hubo más de 200 asesinados y cerca de 200 desaparecidos. Eso fue implementado por las Fuerzas Armadas y por lo tanto la información está dentro de las Fuerzas Armadas, en los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron los delitos, muchos de ellos tienen un pacto de silencio de no informar, pero está la institución Fuerzas Armadas que cometió el delito y no ha habido una asunción de responsabilidad de las Fuerzas Armadas como institución.
EC – Esa puede ser la pregunta: ¿qué es lo que ustedes le están pidiendo a las Fuerzas Armadas?
IE – Hay dos cosas: primero asumir la responsabilidad de lo que pasó, de todo lo sucedido durante el período del terrorismo de Estado, y a partir de eso el primer acto reparatorio que le debe las Fuerzas Armadas, no solo a los familiares sino a toda la sociedad, es la verdad. Obviamente, como quienes instalaron el terrorismo de Estado y quienes ejecutaron toda la política de represión fueron las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas las que saben lo que hicieron y tienen la documentación.
EC – ¿Usted entiende que los responsables de las Fuerzas Armadas hoy, por ejemplo, los comandantes en jefe, podrían desbloquear el acceso a esa documentación, que tienen en sus manos esa posibilidad?
IE – Tienen la posibilidad porque los archivos de las Fuerzas Armadas están en manos de las Fuerzas Armadas y esos archivos nunca han sido abiertos.
EC – Pero esas Fuerzas Armadas desde hace años están sometidas al poder político y en los últimos 10 años a un gobierno encabezado por el Frente Amplio, ¿cómo se entiende entonces que no se haya podido acceder a esos archivos?
IE – Ese es un tema en el que por un lado está la actuación del ministro de Defensa y por otro lado está la actuación de las Fuerzas Armadas. Porque si yo digo “no tengo archivos”… no sé cómo se juega a nivel interno en la instancia del ministerio, lo que sí sabemos es que archivos existen. La Dirección Nacional de Inteligencia de Estado en 2006 le contesta al entonces ministro que no era conveniente abrir los archivos de inteligencia, no dijo que no tenía archivos, dijo que no era conveniente abrirlos. Eso lo sabemos, se lo hemos planteado al ministro y no hemos tenido respuesta.
Nosotros decimos: las Fuerzas Armadas documentan todo, sabemos que existen documentos, algunos los hemos podido encontrar por otras vías y sabemos que muchas de las cosas que sucedieron durante el terrorismo de Estado están documentadas. Lo que decimos es que la cristalinidad debe existir, las Fuerzas Armadas no son una dependencia ajena a la República, deben abrirse los archivos, se debe colaborar con la Justicia para que se avance en la investigación de qué pasó.
EC – ¿Eleuterio Fernández Huidobro en el puesto de ministro de Defensa Nacional es un obstáculo para ustedes a los efectos de esta búsqueda de documentación que están reclamando?
IE – Y… en la medida que no colabora con la Justicia, que se toma una defensa cerrada hacia la institución militar, que no se quiere ver lo que realmente se está reclamando y lo que tiene que ser una política de Estado, que es el tema de la verdad, es un obstáculo.
EC – Para ustedes Fernández Huidobro no debería ser el ministro.
IE – Nosotros lo hemos cuestionado por sus declaraciones y posturas, por sus cuestionamientos a jueces que han actuado… está claro que nosotros lo hemos visto como un obstáculo…
EC – ¿Sus declaraciones de esta semana aumentaron su disconformidad?
IE – Obviamente, porque decir que nosotros estamos difamando o agraviando, no me acuerdo cuál fue…
EC – El verbo que utilizó es “estigmatizar”.
IE – Estigmatizando a las Fuerzas Armadas, es una forma de desacreditar lo que se está diciendo. Nosotros no estigmatizamos a las Fuerzas Armadas, es más, decimos que sabemos que hoy los nuevos soldados, los nuevos oficiales, no tienen nada que ver con lo que pasó antes, pero sí tienen que ver en la medida en que los mandos no aportan la información, no asumen el pasado.
Fíjese una cosa: el lunes pasado festejaron 204 años de las Fuerzas Armadas -algo que históricamente se podría discutir, pero no vamos a entrar en eso-, hablan de una continuidad de las Fuerzas Armadas, pero no quieren asumir esa responsabilidad institucional. El comandante en jefe es comandante en jefe del Ejército, el Ejército tiene una continuidad, así como cuando se salió de la dictadura ésta dejó una deuda externa enorme y todo el pueblo uruguayo tuvo que pagarla esa deuda externa, el Ejército uruguayo tiene una deuda con la sociedad y debe pagarla. No exigimos que la pague con plata, estamos exigiendo que se empiece a reparar, y el primer paso para la reparación es la verdad. Esa verdad nos la deben a los familiares pero sobre todo nos la deben a toda la sociedad. Una sociedad que no acepta, no mira lo que pasó, no ve los errores que se cometieron, es una sociedad que está condenada a volver a vivir los mismos errores que cometió antes. Se debe analizar qué fue lo que pasó para no cometer más esos errores.
EC – Sobre fines del año pasado, cuando Fernández Huidobro tuvo aquella polémica con el Servicio Paz y Justicia [Serpaj] en la que llegó a plantear que si Serpaj lo autorizaba a torturar tal vez se podía obtener la información que se estaba demandando sobre el destino de los desaparecidos, ustedes a su vez ya pidieron que Fernández Huidobro dejara el cargo e incluso le plantearon al presidente electo Tabaré Vázquez que no lo mantuviera. Vázquez siguió para adelante y ahí está Fernández Huidobro como ministro de nuevo en este gobierno. Esta semana, sin embargo, ayer concretamente, Vázquez dio el paso de institucionalizar el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que ya había anunciado durante la transición, ese grupo que está integrado por Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Schotsky, Ademar Olivera y Mario Cayota. ¿Cómo leen ustedes esas dos actitudes de Vázquez, la confirmación de Fernández Huidobro y la puesta en marcha de este grupo?
IE – Ese es un problema interno que va a tener Tabaré Vázquez dentro del gobierno. Nosotros tomamos la palabra de Tabaré Vázquez, quien cuando anunció en el período de transición la creación de este grupo de trabajo dijo que el mando supremo de las Fuerzas Armadas era él y que se iba a colaborar, que todo el gobierno iba a colaborar con la verdad, que se iban a abrir todos los archivos y se iban a poner a disposición del grupo de trabajo. Eso es lo que nosotros esperamos, que se cumpla con esa palabra y que el ministro o se pliegue a lo que dice el presidente o dé un paso al costado, ese es un problema interno del gobierno. Nosotros decimos que no es conveniente estar desacreditando lo que decimos y preguntamos: de todo lo que hemos dicho y de todo lo que decimos ¿en qué nos equivocamos, en qué estamos faltando a la verdad? Nuestros familiares siguen hoy desaparecidos, quién los hizo desaparecer fue la institución militar, y es, obviamente, la que debe dar una respuesta.
EC – ¿Qué esperanzas tienen respecto a lo que este Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia pueda avanzar en esta materia?
IE – Y, en la medida que las instituciones del Estado colaboren y tengan una actitud firme en la búsqueda de la verdad, pensamos que podemos avanzar mucho, pero depende de la voluntad política que se tenga desde todo el Poder Ejecutivo. Esa búsqueda de la verdad no puede estar sometida a que alguien de buena voluntad hable, eso ha permitido avanzar pero muy lentamente. Los hallazgos -salvo el caso de Ubagésner Chaves Sosa, que hubo un informe de oficiales de la Fuerza Aérea que dijo dónde estaba enterrado- han sido denuncias anónimas o de personas que colaboraron, pero no fueron producto de una investigación oficial. Nosotros lo que estamos reclamando es que desde el Poder Ejecutivo se haga una investigación oficial y se obligue a las Fuerzas Armadas a aportar absolutamente toda la información que ellos poseen.
