En diálogo con En Perspectiva, el representante del ministerio público especializado en crimen organizado, explicó que los cargos presentados por el Departamento de Justicia norteamericano contra el ex presidente de la AUF, Eugenio Figueredo, son prueba de la existencia del delito que antecede al blanqueo de dinero. Según el fiscal, “si se prueba que el producto de la actividad ilícita fue introducido en el régimen bancario o en la adquisición de bienes en Uruguay, se pude movilizar la figura del lavado de activos”.
EN PERSPECTIVA
Jueves 28.05.2015, hora 7.48
EMILIANO COTELO:
Mientras el ex presidente de la AUF, Eugenio Figueredo, es conducido a la Justicia de EEUU, en Uruguay se tramita otra causa penal que también lo involucra.
Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se conoció ayer, Figueredo se repartió, junto con otros dirigentes, 110 millones de dólares en coimas provenientes de la empresa Datisa, a la que se le otorgó a los derechos de televisación de la Copa América, la Copa Centenario de la Conmebol y otros torneos de la Confederación de Fútbol del Norte [Concacaf].
Pero sobre finales de 2013 el empresario Francisco “Paco” Casal y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales habían presentado en Uruguay una denuncia penal contra Figueredo por estafa, asociación para delinquir y lavado de activos. En aquella denuncia, tramitada en el Juzgado de Crimen Organizado, se afirma que Figueredo benefició con los derechos de televisión de la Copa Libertadores a la firma T&T a pesar de que las empresas de Casal habían formulado ofertas más beneficiosas, más altas.
¿En qué está hoy ese expediente? La jueza Adriana de los Santos asumió competencia pero el trámite se encuentra detenido en el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno, por un escrito de la defensa de Figueredo, que sostiene que el caso no puede ser juzgado en Uruguay ya que los hechos sucedieron en Paraguay, donde está la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol [Conmebol].
Las dos denuncias, la de ayer y la de 2013, están conectadas ya que, por ejemplo, el empresario Alejandro Burzaco, el argentino que es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por ser parte de Datisa, también es director de la firma T&T, incluida en la acusación de Casal.
¿Qué puede pasar con esta causa que se tramita en Uruguay? Vamos a conversar con el fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, que trabaja en este caso junto a la jueza Adriana de los Santos.
¿Esta acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos aporta más elementos a la investigación en Uruguay?
JUAN GÓMEZ:
Naturalmente que sí, en la medida que estamos hablando de una denuncia por lavado de activos, entre otros delitos. En realidad nos está aportando lo que se llama el delito precedente, que habilita que la justicia pueda, eventualmente, si hay mérito, juzgar a una persona por el lavado de activos, que no es otra cosa que transferir, convertir o invertir productos de actividades delictivas cumplidas en el país o en otro territorio.
EC – Capaz que convendría detenerse un poco en esto del delito precedente, que es un término al que la gente acá en Uruguay está empezando a acostumbrarse.
JG – Para dar una explicación que la gente pueda entender: Uruguay se rige por el sistema de listas, hay una lista de 22 tipos delictivos que son considerados precedentes al lavado de activos, que es el producto de esas actividades ilícitas. La lista va desde actos que favorezcan el terrorismo, secuestro, delitos contra la administración, fraude, corrupción, estafa, apropiación indebida… es decir, incluye un conjunto de delitos, y cuando se pretende introducir el producto de esas actividades ilícitas en el mercado, en una cadena lícita de giros de valores, se constituye el delito de lavado de activos. Pero para ello debemos tener acreditado con una certeza razonable la existencia de esa actividad delictiva anterior, por eso hablamos de delito precedente. En el caso que nos ocupa en este momento obviamente la repercusión mundial que ha tenido la intervención de la Justicia estadounidense nos está dando todas las pautas de la existencia de esa actividad ilícita. En caso de probarse que algún producto de esa actividad fue introducido en el régimen bancario, en la adquisición de bienes en Uruguay, nos permitiría movilizar la figura del lavado de activos.
EC – Eso quizás tiene que ver con la pregunta siguiente a propósito del punto en el que se encuentra el trámite en la Justicia uruguaya. Por ahora está en suspenso, el asunto se está considerando en el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno por este escrito que presentó la defensa de Figueredo. Sostiene que el caso no puede ser juzgado en Uruguay porque los hechos sucedieron en Paraguay, donde está la sede de la Conmebol. ¿Usted qué responde?
JG – No necesariamente sucedieron o suceden exclusivamente en Paraguay. Lo que se sostiene básicamente es que por un acuerdo de la Conmebol con la República paraguaya los temas vinculados a la Conmebol son tratados por los órganos judiciales de Paraguay. Nosotros entendemos, obviamente, que estamos en un supuesto distinto, estamos hablando de actividades con apariencia delictiva cumplidas por personas que no podemos suponer que sea el cometido de la Conmebol. La Conmebol es una confederación de asociaciones destinadas a regular el funcionamiento del fútbol profesional, no está para cometer actividades con apariencia delictiva, por tanto mal puede argüirse una competencia universal de la Justicia paraguaya en este tema. Esta es nuestra modesta opinión…
EC – Acá lo que se está investigando es a una persona, no a la Conmebol.
JG – Nosotros investigamos a un grupo de personas que cumplieron actividades con apariencia delictiva: yo no estoy afirmando, ni me corresponde, ni faltaría el respeto a ninguna persona ni a nadie, sin haber realizado una investigación, eso me parece que no es serio. Sí digo que hay una apariencia delictiva en los hechos que fueron denunciados que al menos merita la investigación, la intervención de la Justicia uruguaya. No solo porque algunos hechos se cumplían en Uruguay, por ejemplo lavado de activos, sino también porque tenían como consecuencia afectar intereses de ciudadanos uruguayos, de organizaciones vinculadas al fútbol profesional y, en última instancia o quizás primerísima, a los propios jugadores de fútbol.
EC – ¿Qué plazo tiene el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno para expedirse?
JG – El plazo muchas veces depende de las circunstancias. Yo no recuerdo con precisión desde qué momento está el expediente a consideración del tribunal, creo que hace más o menos dos meses, está obviamente dentro de los plazos legales. Esperamos que con su resolución, en la medida que ya desde hace mucho tiempo la Fiscalía consideró que era conveniente y necesario una investigación de los hechos y la señora jueza, doctora Adriana de los Santos, compartió ese criterio… Cuando se habla de que el sistema no da garantías, precisamente en nombre de las garantías la defensa, en una legítima posición, interpone un recurso que es lo que tiene para resolver el tribunal. Eso es lo instrumental y es de lo que puedo hablar.
EC – En caso de que prospere y siga adelante la investigación en Uruguay, ustedes van a requerir cooperación con la Justicia de Estados Unidos. ¿Eso es sencillo?
JG – Como se acostumbra a decir, hay cosas que están “en la tapa del libro”. Le reitero que no debo hablar de cuestiones sustanciales o de actividades que uno podrá o no cumplir, porque al día de hoy no sabemos cuál es la decisión del tribunal en cuanto a si somos competentes o no, y somos hombres que respetamos las decisiones de la Justicia. Vencido eso, que yo aspiro y confío en que el tribunal corrobore nuestra competencia para investigar esos hechos, hay una serie de medidas y no es descabellado utilizar la cooperación internacional, le diría que es claro…
EC – ¿Ya hubo cooperación? ¿El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comunicó con ustedes por los antecedentes que se están manejando acá?
JG – Sin comentarios por ahora, no quiero entrar en temas que estrictamente se relacionan con el fondo del asunto.
EC – Pero usted da a entender que efectivamente hubo comunicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos hacia la investigación que se está desarrollando en Uruguay.
JG – Yo no lo estoy confirmando, ni lo puedo confirmar ni debo entrar en esos temas, que necesitan una natural reserva. Me entenderá lo que le puedo contestar y lo que no le debo contestar, y esa es una pregunta que no le debo contestar.
