Foto: En Perspectiva
El 9 de julio se informó la primera muerte materna del año. Murió después de una cesárea de emergencia, en Salto.
Pero la noticia tenía varias capas y reveló una situación muy complicada.
Segunda capa: se trataba de una madre adolescente, de tan solo 16 años.
Tercera capa: cuando quedó embarazada, la joven vivía en un hogar del INAU, en Rivera, a donde fue derivada por la Justicia un año antes. En ese entonces había denunciado a su madre por violencia doméstica. Quedó embarazada en una de varias “salidas no acordadas”.
Es decir, pasando en limpio: una adolescente bajo la tutela del Estado quedó embarazada, no recibió los cuidados adecuados y poco después, ya de regreso con su madre, terminó falleciendo.
Ante indagatorias judiciales, el presidente del INAU, Guillermo Fossati, expresó que la joven “mostraba indiferencia” frente “a los peligros que se exponía” en sus salidas no acordadas.
Informes periodísticos posteriores sacaron a luz nuevos datos: solo en el Centro de Atención Femenino del INAU en Rivera, se detectaron nueve casos de posible explotación sexual, incluido el de una niña de 12 años que tuvo que hacerse un aborto.
Los hechos llevaron a la Suprema Corte de Justicia a resolver que los jueces que determinen la internación de un niño, niña y adolescente en un centro del INAU deberán dar seguimiento de cada caso. También deberán visitar en forma presencial al menos una vez cada 90 días para “valorar el estado general del centro y en particular del niño, niña o adolescente bajo su jurisdicción”.
A nivel político, además, el Frente Amplio determinó interpelar al respecto en el Parlamento a las autoridades del INAU y del Mides.
Profundizamos En Perspectiva sobre este tema, y en cómo lo ven los propios trabajadores del INAU, con el secretario general del sindicato del instituto, Carlos Salaberry.
