En la Intendencia de Salto (IS) ha habido “una mala administración de los recursos, se ha gobernado sin tener en cuenta los números”, aseguró el intendente electo, Andrés Lima, quien asumirá el cargo el 9 de julio, en entrevista con En Perspectiva. Además, refiriéndose a las explicaciones dadas por Pedro Bordaberry sobre el déficit de la IS, dijo: “a veces a 500 kilómetros uno habla sin saber”.
EN PERSPECTIVA
Lunes 29 de junio, hora 8.16
EMILIANO COTELO:
La semana que viene, el 9 de julio, Salto volverá a tener un gobierno frenteamplista. El nuevo intendente será Andrés Lima, un abogado de 41 años, líder de un sector que él mismo creó en ese departamento.
¿Cómo son las salidas que se han diseñado para enfrentar el déficit de la Intendencia que, según ha denunciado el propio Frente Amplio (FA), podría superar los 1.000 millones de pesos? Pero además, ¿cómo piensa cumplir Lima con sus promesas electorales mientras debe enfrentar ese panorama lleno de limitaciones?
De estos y otros temas vamos a conversar con el propio intendente electo de Salto, Andrés Lima.
En primer lugar vamos a hablar un poco de lo que ocurrió, para pasar después al presente y el futuro. ¿Cuáles son las causas de la crisis económica y financiera que atraviesa la Intendencia de Salto (IS)?
ANDRÉS LIMA:
Una mala administración de los recursos. Se ha gobernado sin tener en cuenta los números. Es cierto que la economía no es el único aspecto de una gestión, pero no se puede gobernar de espaldas a los números. Tenemos la sensación de que eso en buena medida fue lo que sucedió en los últimos cinco años. Y llegamos a esta situación del departamento, con endeudamiento y sobre todo con un presupuesto deficitario.
EC – Hace pocos días, el 18 de julio, cuando la entrevistamos en En Perspectiva, la diputada Cecilia Eguiluz, que fue secretaria general de la IS con Germán Coutinho, resumía de esta manera las principales razones del déficit de la Intendencia:
Audio Cecilia Eguiluz:
“Una de ellas es que no tuvimos capacidad de endeudamiento a futuro, lo que hizo que tuviéramos que cumplir con una cantidad de exigencias de la comunidad y también de los funcionarios –porque esto tiene que ver mucho con el rubro 0– que necesitaban demasiada inversión. En el departamento, así como el déficit creció, si usted mira la rendición de cuentas de 2013 sobre todo, también la inversión creció en forma importante. En el total en el quinquenio vamos a andar en un monto muy cercano a los 100 millones de dólares de inversión, lo cual también es inédito en el departamento. Son números positivos, reales, de cosas palpables y de las obras que se fueron realizando”.
[Fin audio]
EC – ¿Qué responde ante ese planteo?
AL – Inversión en el departamento de Salto no hubo. Hubo algunas obras, en su mayor parte ejecutadas con recursos del gobierno nacional. Salto es uno de los departamentos que mayor apoyo económico han recibido del gobierno central. Eso es bueno, siempre es bueno que un gobierno departamental reciba apoyo en recursos del gobierno central. Pero no ha habido inversión.
EC – La diputada Eguiluz enumeraba una larga lista de obras desarrolladas por la Intendencia. Y destacaba que en muchos de esos casos los fondos habían sido de la Intendencia, no del gobierno central.
AL – ¿Cuáles? Siempre hemos preguntado cuáles son esas obras. Porque en definitiva sí, recursos ha habido, no hemos dejado de mencionarlo, la IS recibió cerca de 1.800 millones de pesos del gobierno nacional en los últimos cinco años por distintos conceptos, por distintas partidas. Es sin duda una cifra muy importante.
Pero el actual gobierno departamental también ha dicho que hubo 135, 137 contrataciones, cuando según la información que nos ha proporcionado la Intendencia en el proceso de transición, desde el momento en que fue aprobado el actual presupuesto departamental, en el mes de mayo del año 2011, hasta la fecha ha habido 550 ingresos.
EC – Antes de ir a ese tema, me detengo en una frase de la diputada Eguiluz en la grabación que poníamos al aire recién: “No tuvimos capacidad de endeudamiento a futuro”. Esto tiene que ver con que el Partido Colorado (PC) de Salto sostiene que el FA obligó a la Intendencia a “vivir al contado”, es decir, que nunca le dio los votos que necesitaba en la Junta Departamental para tomar créditos más allá del período de gobierno. Fondos que habrían servido para hacer obras que el departamento necesitaba. ¿Efectivamente el FA tuvo esa actitud? ¿Por qué?
AL – La Junta Departamental sancionó un presupuesto que luego no se cumplió. De hecho año a año ha habido déficit, ha habido endeudamiento, ya en la primera rendición de cuentas hubo endeudamiento, y así sucesivamente. Y la proyección que tenemos para lo que queda del año, para los últimos seis meses de este 2015, da también una diferencia importante entre ingresos y egresos de la Intendencia. Están previstos de aquí al final del año 2015 ingresos por valor de 600 millones de pesos, y por otro lado habrá egresos por valor de 800. Hay una diferencia importante. Y si a esto le sumamos el resultado del primer semestre, la proyección indica que habrá un déficit de más de 300 millones de pesos en el año.
Esa es una de las grandes cuestiones que el próximo gobierno departamental va a tener que resolver, cómo hacemos viable un presupuesto que es deficitario de manera estructural en la medida en que los gastos son superiores a los ingresos. Hoy uno de los grandes problemas que tiene la Intendencia es el de ser viable, poder funcionar sin tener que estar pidiendo préstamos. El actual gobierno departamental pidió seis o siete fideicomisos al Banco República (BROU), pidió fideicomisos al Banco Santander y préstamos a fideicomisos privados. Y llegamos a este nivel de endeudamiento. Creo que no hubo previsión.
EC – Pero ¿efectivamente el FA tuvo esa actitud en la Junta Departamental?
Al – El FA desde el principio marcó su punto de vista en el sentido de que el gran problema era esa diferencia entre gastos e ingresos, y que simplemente con contratar créditos, solicitar préstamos y solicitar líneas de créditos no se solucionaba el problema de fondo. Lo que se hacía era simplemente emparchar cada seis meses esa situación.
EC – La diputada Eguiluz decía en la entrevista: “Todos los gobiernos funcionan con déficit”. Y mencionaba el caso del gobierno central, que claramente tiene déficit y lo soluciona contrayendo deuda.
AL – La mayoría de los gobiernos y de las intendencias tienen déficit. Pero ese déficit nunca tiene la magnitud del que ha generado la IS, generalmente es un déficit que se sobrelleva y que no afecta la gestión, que es lo que ha pasado en Salto. En Salto ese déficit se ha traducido en una mala gestión, en una mala calidad del servicio de ómnibus, en que el servicio de recolección de residuos no se brinde como tradicionalmente había ocurrido en Salto, en que a las calles de la ciudad no se les haga mantenimiento, ni tampoco al alumbrado público.
Cuando el déficit afecta la gestión se confirma lo que ha el Frente ha expresado a lo largo de los últimos cinco años: la solución no es pedir préstamos cada seis meses para tapar los agujeros, para tapar los baches, para tapar un funcionamiento de la Intendencia que está desestructurado y en el que permanentemente se vienen generando déficit y endeudamiento. Por eso esa norme cantidad de préstamos, líneas de crédito, fideicomisos que se han solicitado permanentemente, y que no han sido suficientes. A lo largo de los últimos cinco años no sé cuántos fideicomisos se han contratado y la deuda sigue creciendo. Si usted me dijera que se contrataron fideicomisos y se detuvo el endeudamiento o disminuyó el endeudamiento o no se afectó la gestión, vaya y pase, pero no sucedió nada de esto. La Intendencia se ha endeudado a través de una serie de fideicomisos, el endeudamiento ha seguido creciendo, el rubro 0 ha continuado aumentando y la gestión no ha sido buena.
EC – Hablando de las causas de todo este problema, y ya involucrando también el rubro 0, el senador Pedro Bordaberry difundió la semana pasada una carta en la que da su análisis de las razones del déficit de la IS. Para Bordaberry, buena parte tuvo que ver con el peso de las retribuciones de los funcionarios en el presupuesto. Y responsabiliza de ello al gobierno frenteamplista que encabezó entre 2005 y 2010 Ramón Fonticiella.
Por un lado, dice Bordaberry, “en el año 2005, cuando el FA asumió por primera vez el gobierno departamental de Salto, la Intendencia contaba con 1.250 funcionarios. Cuando en el 2010 el FA entregó el gobierno, esos 1.250 se habían transformado en 1.735 (un aumento de 38,8 %). Actualmente [según la rendición de cuentas de 2013, última disponible] son 1.870 (aumento de 7,8 %)”.
Por otra parte, en el período que fue desde la noche de la elección de 2009 que Coutinho ganara hasta la entrega del gobierno (dos meses después), la administración Fonticiella tomó una medida que comprometió severamente a la futura administración: “ascendió a 573 funcionarios y presupuestó a varios de ellos”. Esto tuvo dos efectos inmediatos. El primero, “un aumento del rubro retribuciones en general que se arrastra hasta nuestros días”. El segundo, “que al ascender en especial a los que estaban en grados más bajos, la Intendencia quedó sin los que prestaban tareas a ese nivel”, con lo que hubo que hacer nuevas contrataciones, etcétera.
¿Qué responde usted a ese análisis?
AL – Que a veces a 500 kilómetros uno habla sin saber, que hablar a la distancia y tratando de justificar la realidad departamental de Salto lleva a realizar este tipo de apreciaciones. El gobierno departamental anterior terminó su gestión, yendo a los números, con 78 millones de pesos en caja que fueron dejados a la actual administración. El gobierno departamental anterior a lo largo de sus cinco años redujo déficit, redujo endeudamiento, recibió una intendencia que venía de la administración del intendente Malaquina con un endeudamiento de 160 millones de pesos y entregó una intendencia con un endeudamiento de 80 millones de pesos. Se redujo a la mitad el endeudamiento de la Intendencia, se entregó una intendencia con caja, saneada, con 25 unidades nuevas para la línea municipal.
No es mi intención defender al gobierno departamental, pero veamos los números, veamos la realidad. Eso es lo que sucedió, esa es la intendencia que el FA entregó en aquel momento. En cinco años jamás tuvo una sola dificultad para pagar salarios, se pagaron salarios, horas extras, insalubridad, prima por escolaridad, en ningún momento del período en el que el FA fue gobierno se dejó de pagar salarios. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero fue una gestión muy prolija, en la que los ingresos fueron por sorteo y por concurso.
Los errores fueron otros, en su momento el FA los analizó. Pero desde el punto de vista económico, que es lo que estamos analizando, fue una administración muy prolija. Esos fueron los números de la Intendencia que el actual gobierno departamental recibió en el año 2010. Una intendencia que venía reduciendo el déficit, que tenía 78 millones de pesos en caja, que en lo económico estaba saneada. Y en cinco años nos hemos encontrado con esta realidad.
EC – Pero ¿efectivamente sobre el final y antes de que asumiera el nuevo gobierno se dio ese ascenso de 573 funcionarios y la presupuestación de varios de ellos que terminaron impactando en el presupuesto y en el rubro 0?
AL – Le he dado los números del gobierno departamental anterior. Adecuaciones en general casi todos los gobiernos departamentales realizan, en este momento la Intendencia también está haciendo una adecuación. Perdió la elección de mayo y está haciendo una adecuación en estos últimos dos meses que nos parece que no debería hacer desde el momento en que se perdió la elección. En todo caso, dejemos que el gobierno electo, una vez asumido, analice la realidad.
Pero nos estamos limitando a los números. El gobierno departamental anterior no fue deficitario; que nos muestren, que nos digan en qué rendición de cuentas el endeudamiento de la IS creció en el período departamental anterior. Las rendiciones de cuentas están en la Junta Departamental, alcanza con ingresar a la página web de la Junta Departamental Salto, pedir los últimos dos presupuestos departamentales y las rendiciones de cuentas de los últimos 10 años y ver los números. Se podrá ver que en el período departamental anterior ni en una rendición de cuentas el endeudamiento creció.
Acá hubo desprolijidad, hubo un mal manejo de los recursos, no hubo límite en los gastos, no hubo límites en el rubro 0. Se gobernó sin mirar los números, se solicitaron un sinnúmero de fideicomisos, líneas de crédito, se dejó de pagar a los proveedores, y este es el presente. ¿Si hubiese sido prolija la administración habríamos llegado a esta situación en que el propio gobierno departamental reconoce que no tiene para pagar los salarios de mayo y de junio? ¿Habría sido necesario gestionar una línea de crédito por 1.000 millones de pesos para lograr de entrada 309 millones de pesos para saldar estas deudas que la Intendencia ha generado?
En la propia transición este gobierno departamental nos dice que hay 12 millones de dólares de deuda por concepto de proveedores, sin perjuicio de lo cual en estos últimos dos meses algunos acreedores que no figuran en esta lista nos han entregado documentación. Seguramente cuando asumamos el gobierno vamos a abrir un período de 30-60 días para que se presenten acreedores o proveedores a la Intendencia. A este endeudamiento no se llega mágicamente, no se llega por descuido, sino por una mala, por una pésima administración desde el punto de vista económico que ha tenido el actual gobierno departamental.
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EC – Andrés Lima tiene 41 años, es abogado, se recibió en la Regional Norte de la Universidad de la República. Fue edil por el PDC, FA, entre 2005 y 2010, diputado por la Agrupación Armando Aguirre Lista 888 en el período 2010-2015 y en los últimos comicios fue reelegido diputado por el mismo sector para este período de gobierno. Después, en las elecciones departamentales de mayo, fue elegido intendente de Salto.
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EC – Después de varias idas y venidas, el 11 de junio, luego de las reuniones que se llevaron a cabo entre el gobierno saliente, el gobierno entrante y autoridades del Poder Ejecutivo nacional, la Junta Departamental de Salto aprobó, por unanimidad, el permiso para que la Intendencia se endeudara por hasta 1.000 millones de pesos en un plazo máximo de 15 años. De por medio estaba la huelga de Adeom Salto reclamando por el cobro de los sueldos que no se había efectivizado. ¿Por qué se terminó recurriendo a ese monto? ¿Por qué en la autorización de la Junta se habla de 1.000 millones de pesos?
AL – Fue el camino que la OPP nos indicó como salida a esta situación. Nos hizo saber que no iba a haber partidas extraordinarias, que la IS no iba a recibir un tratamiento distinto del que reciben las otras intendencias, que en todo caso debía buscar una solución con recursos propios, ya sea el propio presupuesto departamental o las partidas ordinarias del gobierno nacional. Ninguna partida extraordinaria.
La solución que se planteó en ese momento fue solicitar una suma de dinero importante, una línea de crédito por hasta 1.000 millones de pesos. Eso no significa que se vayan utilizar los 1.000 millones; está la autorización dada por la Junta Departamental. De esos primeros 1.000 millones de pesos se gestionó un fideicomiso por un total de 309 millones de pesos con los cuales se pagaron los salarios de mayo, se van a pagar los salario de junio, julio y agosto, se pagó el medio aguinaldo de junio, y se van a pagar algunas deudas laborales pendientes como la prima por escolaridad, salarios vacacionales impagos y retenciones al BROU, al Banco Hipotecario y a cooperativas de consumo. De estos pagos surge esa cifra de 309 millones de pesos.
EC – ¿Y qué pasa con las otras deudas que tiene la Intendencia, que son unas cuantas? Por ejemplo, con proveedores, etcétera.
AL – En el caso de los proveedores, como le mencionaba, nuestra intención es, una vez asumidos, hacer un llamado a acreedores y proveedores para que se presenten dentro de ese plazo con la documentación. Así vamos a tener el dato certero de cuántos son los acreedores de la IS y cuál es el importe de esa deuda. Y una vez que tengamos esa información, veremos la manera, caso a caso, de ir cumpliendo con los proveedores y los distintos acreedores. Vamos a disponer de esa información una vez asumidos, y a partir de allí se irán tomando definiciones, dando un orden o marcando prioridades entre los acreedores para el pago.
EC – ¿Eso va a implicar tomar otras porciones de la línea de crédito que se le acaba de autorizar a la IS?
AL – Sí, en caso de que fuese necesario disponer de algún dinero extra o disponer de recursos para ir cumpliendo con el pago a los proveedores y acreedores. Se tiene el respaldo de esa línea de crédito, de la que han quedado disponibles cerca de 700 millones de pesos. Con ese dinero se podrá ir pagando de a poco a los proveedores de la Intendencia. En todo caso definir el monto total de las deudas, un orden, una prioridad, y empezar a pagar de a poco dentro del quinquenio. Tampoco queremos estar cinco años solamente pagando cuentas, porque de esa forma no estaríamos cumpliendo con nuestro programa, no estaríamos cumpliendo con nuestro compromiso y tampoco estaríamos logrando el objetivo, que es el desarrollo y el crecimiento del departamento.
EC – ¿La Oficina de Planeamiento y Presupuesto o el BROU pusieron condiciones a la intendencia que está por asumir para habilitar esta línea de crédito? Por ejemplo, ¿hay de por medio compromisos de gestión, la sugerencia o el reclamo de reducción de la plantilla de personal, la necesidad de aumentar el precio del boleto, dado que el trasporte colectivo de Salto es operado por la propia Intendencia y tiene un boleto subsidiado? En fin, ¿en qué marco se le aprueba esta línea de crédito a la IS?
AL – Se nos dejó en claro esa cuestión de que esta intendencia, con los números actuales, no es viable. Eso significa que si no se busca la manera de equiparar los ingresos con los gastos en pocos meses vamos a tener las mismas o mayores dificultades.
Y se nos planteó las enormes dificultades en cuanto al rubro 0. En la IS el rubro 0 está por encima del 80 %, probablemente sea de las intendencias con mayor incidencia del rubro 0 en el presupuesto departamental. Ahí hay algunas medidas, como reducir el organigrama, reducir la cantidad de cargos de confianza, reducir las compensaciones, que entendemos que es necesario instrumentar y ejecutar para poder cambiar la realidad económica de la IS.
EC – En el rubro 0 concretamente, ¿cuáles son las medidas que está planificando? ¿Hay reducción de personal en el horizonte?
AL – Todavía no hemos tomado esa decisión. Sí hemos visto y le hemos planteado al actual intendente Barreiro las medidas que mencionaba, además de la circunstancia de que algunos cargos de confianza han quedado como funcionados contratados. Nos parece que esos funcionarios deberían renunciar el próximo 8 o 9 de julio, cuando asuma el nuevo gobierno.
También nos hemos reunido con el sindicato y hemos coincidido por ejemplo en la necesidad de reducir algunos cargos full time, de reducir algunas extensiones horarias. Son todas medidas que van a ir reduciendo ese rubro 0 que tiene una incidencia demasiado elevada en el presupuesto departamental.
EC – ¿Qué va a pasar con el transporte colectivo en Salto?
AL – Es una decisión que estamos evaluando en estos días. Los números son muy claros, el actual funcionamiento de la línea municipal significa una pérdida de 3 millones de dólares anuales, más de 70 millones de pesos al año. Eso, sumado al resto de la situación económico-financiera de la Intendencia, ha generado este nivel de endeudamiento y una mala calidad del servicio de ómnibus. Estamos viendo todas las posibilidades, estamos buscando mantener un servicio social como es la línea municipal, pero de forma que el déficit de funcionamiento no tenga la magnitud actual de 3 millones de dólares. En estos días vamos a terminar de armar nuestra política de transporte y la anunciaremos a la brevedad.
EC – Parece difícil que el precio del boleto se mantenga en 6 pesos.
AL – Es difícil, sí. Con esta situación es muy complejo.
EC – Lo mínimo que va a haber es un aumento en el precio del boleto.
AL – Lo estamos analizando. Queremos saber qué impacto tendría, y conocer el importe del subsidio que recibe la Intendencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y del Banco de Previsión Social en el caso de los jubilados, para tratar de tomar la mejor decisión, es decir, mantener una línea municipal que es muy utilizada, que tiene un carácter social, pero que los números no tengan la magnitud que tienen hoy en día en cuanto a la deuda y el déficit que le generan a la Intendencia. Porque además eso, reitero, se ha visto traducido en una mala calidad del servicio. Estamos analizando la necesidad de reajustar, de adaptar el precio del boleto a las necesidades actuales de la IS.
EC – El estado económico y financiero de la Intendencia y la obligación de hacer frente al endeudamiento que ya se ha comprometido afectan su capacidad para cumplir las promesas que el FA hizo durante la campaña electoral. ¿Cómo va a manejar esta limitante?
AL – Es el gran desafío que tenemos. Porque con todo este endeudamiento, más algunos fideicomisos que no finalizan el 30 de junio –caso puntual de Santander, con un contrato de gestión de cobro que en su momento generó una licitación–, tenemos una situación bastante complicada. Ese es el gran desafío que tenemos.
Querríamos poder terminar este año 2015 con alguna obra ejecutada. El departamento de Salto tiene una suma cercana a los 80 millones de pesos anuales destinada por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) para la realización de obras, pequeñas obras de infraestructura. Vamos a hacer uso de esos recursos para realizar intervenciones en distintos barrios de la ciudad, básicamente para mejoras en el estado de las calles, la construcción de cordón cuneta, la mejora del alumbrado público o de la iluminación, la construcción de veredas, que ha sido otro de los reclamos que se nos han realizado. Vamos a hacer una planificación año a año de los barrios de la ciudad a los que podríamos ingresar con fondos del FDI para mejorarlos.
De la misma manera, sabemos que podemos gestionar algunas líneas a través del Banco Interamericano de Desarrollo, algún apoyo económico para la instrumentación de algunos proyectos PIAI (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares), para la regularización de asentamientos, para la construcción de saneamiento en algunos barrios de la ciudad.
En estos primeros meses también queremos hacer a nuevo la avenida Manuel Oribe, una avenida de 5 kilómetros que es uno de los accesos de la ciudad de Salto, y hacer un arreglo importante en el acceso a la ciudad a través de la represa de Salto Grande.
Hace unos días estuvimos en OSE y el presidente nos comunicó que entre julio y agosto comenzaría la construcción de una planta de tratamiento de efluentes, una inversión de más de 20 millones de dólares que generaría más de 200 puestos de trabajo.
Y junto con el inicio de la construcción de esta planta se comenzaría el saneamiento de barrio Quiroga, donde viven 600 familias.
El MTOP nos ha confirmado que Salto tiene asignada una partida anual cercana a los 20 millones de pesos, que pensamos destinar a mejorar la caminería del departamento. Es decir que dentro de este panorama económico complicado queremos ir avanzado en obras, en mejorar sobre todo la pequeña infraestructura.
Poco a poco trataremos de ir cumpliendo con nuestro programa de gobierno.
EC – ¿Y cuál será el contexto político? En particular, ¿cómo será la relación entre su administración y el PC? Lo digo teniendo en cuenta lo crispada que fue la campaña e incluso los niveles a los que ha llegado la polémica en estas últimas semanas, cuando se llegó a la imposibilidad de pagar los sueldos.
Por ejemplo, la diputada Cecilia Eguiluz lo acusó a usted de “mentiroso” varias veces durante la campaña. Usted mismo en abril de este año en un acto en Constitución dijo que el de Coutinho había sido “un gobierno corrupto”, que “armó con una barra de amigos de la noche” a los que “les gustan las copas, la bailanta”, y “son adictos”. En fin, son ejemplos de que el tiroteo resultó bastante fuerte. ¿Entonces?
AL – El ámbito de diálogo va a estar dado por la Junta Departamental de Salto. Hemos dicho que el Ejecutivo departamental va a estar integrado por referentes de la fuerza política y en todo caso los posibles ámbitos de acuerdo van a estar en la Junta Departamental de Salto. Creemos que ese es el ámbito en el que podrán o no darse las coincidencias con el PC o con el Partido Nacional. Diálogo tiene que haber, más allá de las diferencias que hemos tenido y que hay, el diálogo es necesario.
EC – ¿Tiene diálogo hoy con el exintendente Coutinho? Hubo un episodio que los periodistas de Salto destacaron, que ocurrió el viernes pasado en el teatro Larrañaga cuando la Junta Electoral proclamó oficialmente a las nuevas autoridades. En el momento en que le entregaron a usted el documento que lo proclama intendente electo, Coutinho, que estaba en el teatro, se puso de pie y aplaudió. ¿Qué quiere decir eso?
AL – El último diálogo que tuvimos con Coutinho fue en Montevideo hace más de un mes en la Torre Ejecutivo, cuando también estuvo presente Álvaro García y se planteó la posibilidad de votar en la Junta Departamental esa línea de crédito de 1.000 millones de pesos. Luego de ese encuentro no hubo otro con el exintendente. Sé que estuvo en el teatro Larrañaga, pero no hubo una instancia la semana pasada para, más allá del saludo. De todos modos, reitero, creo que es necesario el diálogo más allá de las diferencias.
EC – ¿Va a impulsar la auditoría de las cuentas de la Intendencia que anunció? ¿Cabe la posibilidad de que después presente denuncias penales?
AL – Auditoría vamos a hacer, es necesaria, la precisamos para conocer los números de la Intendencia y para armar nuestro presupuesto departamental. Y hemos dicho que hay elementos que ameritan una denuncia penal. De hecho hay trabajadores de la Intendencia que a título personal han presentado ya denuncia contra la Intendencia por el delito de apropiación indebida, también el sindicato de los trabajadores de Salto presentó en su momento una denuncia contra la IS por el delito de apropiación indebida.
Nosotros también creemos que hay varias situaciones que encuadran en el delito de apropiación indebida. Cuando se pagaron los salarios correspondientes a mayo, además de pagar 64 millones de pesos por ese concepto, se pagaron 12 millones de pesos a la División Créditos Sociales del BROU. Son 12 millones de pesos que la Intendencia en su momento descontó del sueldo de los trabajadores como agente de retención, pero en lugar de verterlos, de depositarlos en el BROU, se los quedó y se los gastó, no sabemos en qué pero se los gastó. Creemos que esas situaciones configuran el delito de apropiación indebida. Pero nos gustaría tener, luego de hecha la auditoría, la mayor cantidad de información posible, fundamentación, números, datos, para acompañar esa denuncia penal.
Aprovechamos la comunicación para invitar a los salteños a concurrir a la asunción, que será el 9 de julio a las 16 horas en plaza Treinta Tres, a esa instancia de democracia, como lo fue la de la semana pasada en el teatro Larrañaga.
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Transcripción: María Lila Ltaif
