El caso del sindicalista argentino Marcelo Baledo y su pareja Paola Fiege se cerró a principios de este mes, luego de casi dos años. Recordarán que fueron detenidos de una forma bastante espectacular en el verano de 2018, en la zona de Playa Verde.
La forma en que se cerró el caso fue un acuerdo con el fiscal por el cual ambos reconocen los delitos que se les imputan y ceden varios bienes al Estado uruguayo a cambio de reducir su pena.
Balcedo fue condenado como autor de un delito de lavado de activos, un delito continuado de contrabando y un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La sentencia es de cuatro años y ocho meses de penitenciaría.
Fiege fue condenada por un delito de asistencia al lavado de activos. Le corresponderían tres años de cárcel.
Ambos ya cumplieron períodos de prisión efectiva, y por el acuerdo alcanzado Balcedo cumplirá el resto de su pena en prisión domiciliaria. Fiege lo hará en un régimen de libertad vigilada.
Además del reconocimiento de los delitos, la pareja debió desprenderse de US$ 4.000.000, un chalet en Maldonado y cuatro vehículos de alta gama que Balcedo y Fiege entregaron al Estado como parte del acuerdo fiscal.
¿El Estado aceptó bienes aparentemente obtenidos mediante ilícitos a cambio de una reducción de la pena? ¿Estos bienes corresponden al Estado uruguayo, o tiene razón Argentina en reclamarlos? ¿Cuánto afecta este tipo de acuerdos la imagen que la sociedad en general se hace del sistema judicial uruguayo?
Este es el tema que abordamos hoy En Perspectiva en una nueva edición de nuestra Mesa de Juristas.
Para eso, conversamos con Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho
en la Universidad de la República; El procesalista Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la UM; El también procesalista Gabriel Valentín, profesor grado 5 de Derecho Procesal en la Udelar y el penalista Diego Camaño, profesor adjunto de Derecho Penal de la Udelar.
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