La directora ejecutiva de Mujer y Salud Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, señaló en entrevista con En Perspectiva que tras el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) los ginecólogos que estén en contra del aborto podrán intentar interferir en la decisión de la mujer de acuerdo a sus valores personales. A su vez, celebró que pida que las objeciones de conciencia sean presentadas por escrito, y no sólo verbalmente como hasta ahora.
Abracinskas valoró el fallo del TCA sobre el decreto que reglamentó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ante un recurso presentado por un grupo de ginecólogos objetores de conciencia. Consideró como aspectos positivos que el fallo “trata de ordenar e informar, a las instituciones y a la población usuaria” sobre la implementación de la ley IVE y que se exija a los médicos objetores que presenten sus razones por escrito y no sólo verbalmente, como se hizo hasta ahora.
Pero Abracinskas también advirtió sobre dos aspectos del fallo. Uno es que establece que la actuación del equipo tripartito que asesora a la mujer que quiere interrumpir su embarazo debe actuar en simultáneo, cuando la ley dice que debe ser en conjunto. Advirtió que “si se quiere que se actúe simultáneamente habría que poner muchos más recursos”, ya que las instituciones médicas deberían tener al equipo disponible todos los días para que se respeten, por ejemplo, los tiempos de atención a la mujer que establece la ley.
El otro aspecto que preocupa a MYSU es que uno de los artículos del decreto reglamentario que quedó anulado es el que exigía a los médicos que asesoraran a las pacientes de acuerdo a la evidencia científica y no a sus valores personales. Con esto, interpretó, “no se garantiza la autonomía de la mujer” y se brinda al “poder médico un campo de interferencia que es complicado y realmente muy sensible”.
“Hay que limitar el derecho a decidir de los profesionales” a hacer uso de la objeción de conciencia, un recurso “que es de excepción al cumplimiento de una ley”, subrayó Abracinskas. Aseguró que “no siempre la objeción de conciencia está vinculada a razones filosóficas o religiosas, a veces es desobediencia civil de una ley”. “Hay que ser muy severos” con eso, agregó.
La directora ejecutiva de MYSU indicó que la implementación de la ley IVE “ha sido una carrera de obstáculos sin terminar” y que la ley “se ha venido implementando, pero con varias dificultades”, entre ellas el alto porcentaje de médicos objetores de conciencia. “La percepción es que estas medidas expulsan del sistema a las mujeres”, algunas de las cuales terminan recurriendo a servicios clandestinos de aborto.
