El presidente del Consejo Directivo de CAinfo, Martín Prats, detalló en entrevista con En Perspectiva los contenidos del ante proyecto de ley sobre publicidad oficial que presentó esta organización civil con el objetivo de que los mensajes publicitarios de los organismos públicos sean justificados y se distribuyan en base a criterios claros y transparentes.
Lea la entrevista completa con Martín Prats, presidente del Consejo Directivo de Cainfo
Prats indicó que desde el Parlamento le han informado que el ante proyecto de ley sobre la publicidad oficial es uno de los temas que “entrará en la agenda parlamentaria con prioridad” después de la discusión del presupuesto quinquenal.
El presidente de CAinfo señaló que en los últimos años Uruguay “ha avanzado bastante” en legislar en materia de libertad de expresión y acceso a la información, pero sobre publicidad oficial no hay ninguna regulación, “es uno de los debes”. “Lo que se dio y se da, desde siempre, es una discrecionalidad muy grande por parte de los organismos públicos en cómo se distribuye la publicidad oficial”, por lo cual CAinfo presentó un anteproyecto de ley con “reglas claras” que “obliga a ser transparente y a rendir cuentas” en este sentido.
“Entendemos que la publicidad oficial es necesaria, indicó Prats, pero se considera necesario que “cada vez que un organismo público decida destinar parte de sus recursos a publicidad oficial ese mensaje esté justificado y basado en criterios claros”. El uso de la publicidad oficial “ha sido entendido muchas veces como un medio de presión indirecta del gobierno sobre los medios de comunicación” y “es necesario” prohibir su utilización con estos fines. Además, “la publicidad oficial no puede ser entendida como un mecanismos de subsidio para financiar determinados medios de comunicación”, sino que debe asignarse “por otros criterios, objetivos y transparentes”.
El ante proyecto incluye como publicidad oficial a la realizada por todos los organismos públicos, incluidos los gobiernos municipales y las sociedades anónimas con capital estatal, “porque todas utilizan recursos públicos”, indicó el presidente de CAinfo. La prohíbe durante períodos previos a las distintas elecciones y, además, exige que los organismos públicos sean transparentes sobre cómo se distribuyen los recursos en este rubro, con excepciones para aquellos que trabajan en competencia. “No todos los organismos públicos son transparentes en este sentido en la actualidad, incluso hay informes recientes de solicitudes de acceso pidiendo datos que han sido negados”, indicó Prats.
Entre los aspectos novedosos del ante proyecto se incluye que también se pide a los medios de comunicación que sean transparentes y que informen a la población sobre lo que reciben de publicidad oficial para que ésta esté enterada de si es el principal sustento económico de ese medio.
El 95 % de la publicidad oficial está siendo asignada a medios de comunicación con sede en Montevideo, indicó Prats, antes de señalar que el ante proyecto incluye que el 30 % se distribuya en el interior “como una forma de que el mensaje [publicitario] esté dirigido a la población que está viviendo en las poblaciones del interior”. “Es una cuestión de equidad y de igualdad”, pero además se busca que la publicidad oficial sea “no un subsidio pero sí un elemento que asegure la sustentabilidad económica de los medios del interior”.
El ante proyecto incluye también sanciones a los jerarcas de los organismos públicos que hagan una mala gestión de la publicidad oficial, que pueden ir hasta la retención del 50 % del sueldo. “Es una medida que quiere ser ejemplarizante para evitar una de las grandes críticas [sobre la publicidad oficial], que es que muchas veces utilizada como una forma de amiguismo o clientelismo político”.
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