Ayer la bancada de la oposición se negó a votar la ley que permite al Poder Ejecutivo capitalizar Ancap. En diálogo con En Perspectiva, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres aseguró que la intervención del Ministerio de Economía en la gestión de Ancap es de “dudosa constitucionalidad”; reclamó modificar la carta orgánica del ente para que no se designen gerentes “a dedo”; y pidió que se aumenten los controles sobre las empresas subsidiarias de la petrolera.
EN PERSPECTIVA
Martes 29.12.2015, hora 8.04
EMILIANO COTELO (EC) —Así titulan los diarios esta mañana la noticia a propósito de la aprobación en el Senado de la capitalización de Ancap:
El País: “El rescate de Ancap desata una dura sesión. Michelini puso en duda ayer el cuórum. Hoy un colorado salvaría al Frente Amplio”.
La Diaria (con foto de Michelini en tapa, dialogando entre sonrisas con Mónica Xavier): “Números rojos. Senadores aprobaban anoche capitalización de Ancap. El FA lograría cuórum en Diputados con ayuda de un legislador colorado”.
El Observador: “El Frente asegura que tiene los votos para capitalizar a Ancap”.
En La República se indica que se votaba la capitalización en la madrugada y con el anuncio de Michelini de que “habrá cambios en Ancap”.
Estamos con el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI).
¿Por qué votó en contra, o por qué no acompañó el proyecto de ley de capitalización?
PABLO MIERES (PM) —Porque el proyecto de ley venía acompañado simplemente de una propuesta de capitalización y no contenía lo que para nosotros era fundamental, que son básicamente dos cosas. Una, el obvio desplazamiento de autoridades. Si una empresa llega al nivel al que llegó Ancap, a una situación de estar técnicamente quebrada, en un récord mundial, una empresa que es monopólica, la más grande del país, en un contexto de enorme bonanza económica, sin grandes acontecimientos internacionales que justifiquen una crisis, se funde, la responsabilidad de las personas que estuvieron a cargo de esto es enorme, es fundamental.
Si vamos a poner US$ 900 millones en total para capitalizar a Ancap, parece un insulto a la inteligencia de los uruguayos que se mantengan las mismas autoridades que tuvieron la responsabilidad directa. Me estoy refiriendo a algunos de los directores –no a todos, porque algunos son nuevos– y a buena parte de los gerentes, que son los responsables de este desastre.
Si el Frente Amplio (FA) tiene que recurrir a un mecanismo de dudosa constitucionalidad, que es esta especie de tutelaje que se instala ahora sobre la gestión de la empresa, en vez de cambiar la conducción y poner una conducción idónea, el propio gobierno está asumiendo que no confía en las autoridades de Ancap. Pone US$ 900 millones y tiene que establecer un mecanismo indirecto para asegurarse de que el funcionamiento sea acorde con lo que quiere. ¿Por qué no se cambian las autoridades? Por un problema político interno del FA, terminan negociando para evitar tocar algunas sensibilidades.
Que un presidente del directorio de Ancap que hace seis meses hablaba maravillas de la situación de la empresa, que hablaba de una etapa nueva, de que ya estaba todo bajo control, mientras estaba parado arriba de una empresa fundida; o que hace unos pocos meses en la comisión investigadora reconoció que cuando conoció el resultado del balance de 2013 –en marzo de 2014– se tomó siete meses para tomar una decisión de cambios –y mientras el déficit de Ancap se multiplicó por dos– quede como presidente de Ancap es una bofetada a la gente.
EC —Usted señalaba que había dos razones para no votar la capitalización. Una era esta, el hecho de que no hay noticia de que se vayan a renovar las autoridades de la empresa. ¿Cuál es la otra?
PM —La segunda es que no hay una sola medida, ni una, de cambio en el sistema legislativo de control de las empresas públicas. Yo ayer mencionaba, por lo menos una modificación a la ley orgánica de Ancap que evite que los gerentes se elijan a dedo por el directorio. Porque estuve estudiando los currículos de los gerentes seleccionados por los directorios sucesivos desde hace 10 años a la fecha y hay casos que rompe los ojos que no tienen ninguna calificación.
Nosotros venimos reclamando la profesionalización de la gestión de las empresas públicas, y lo venimos haciendo con mucha fuerza, con mucha intensidad. Por lo menos que Ancap cambie el criterio y que se obligue, vía la ley orgánica, a que los gerentes sean seleccionados por concurso, que es lo que corresponde, que es lo que da ciertas garantías de profesionalidad al funcionamiento de la empresa. Además de los controles del Tribunal de Cuentas y, fundamental, el famoso mecanismo de evadir las garantías del derecho público por la vía de la creación de sociedades anónimas de capital estatal, que ha permitido cosas como por ejemplo que el negocio de la cal en vez de hacerlo la propia Ancap lo hiciera a través de Cementos del Plata. Eso permite, por ejemplo, que el contrato de transporte de cal se realice a dedo, sin llamar a ningún procedimiento competitivo y que después nos digan, como si fuéramos tontos, que se hizo así porque en Uruguay no había ninguna empresa de transporte capaz de transportar cal.
EC —Las condiciones que usted plantea son perfectamente válidas, interesantes, da la impresión de que por ahí pasa buena parte del debate en el futuro a propósito del funcionamiento de las empresas públicas en Uruguay, y ni que hablar del caso de Ancap. Pero usted escuchó lo que señalaba el senador Rafael Michelini: ayer, en el Senado, de lo que se trataba era de votar la capitalización, una capitalización que es necesaria para poder pensar en el futuro de Ancap. El propio ministro Astori había dicho en comisión: “Con este proyecto de capitalización se mejora el resultado de la empresa correspondiente al año 2015, y esto va a posibilitar que Ancap obtenga mejores condiciones para el reperfilamiento de su deuda, porque va a disminuir el riesgo crediticio”. Argumentó que tras la capitalización la relación deuda-patrimonio de la empresa pasará de 10 a 1 a 1,5 a 1. Ese es el factor que permitirá que las tasas de interés, en el reperfilamiento de la deuda, sean lo más bajas posible. ¿Esta medida no había que adoptarla de cualquier manera? ¿No habría sido conveniente votar igual la capitalización, con el reclamo agregado que usted señalaba recién?
PM —No se puede votar una cosa como un cheque en blanco. Y además sin diálogo ninguno, el gobierno no buscó el apoyo de nadie en la oposición, ni buscó explicarnos nada. El 24 de diciembre de tarde nos llegó, al Parlamento, sin saber nadie nada, este proyecto de capitalización.
Nosotros venimos señalando que la problemática de la conducción de Ancap es de fondo desde hace mucho tiempo. Entonces si el gobierno quiere votos, por ejemplo del PI, tiene que hablar con nosotros, nos tiene que decir por qué necesita la capitalización y por qué no desplaza a las autoridades. Todos los medios de prensa han manifestado, en función de informaciones que tienen, que el no remover a nadie es el resultado de una negociación interna por problemas de poder dentro del FA. A mí esas cosas me indignan, porque acá tiene que haber señales claras.
Si al país se le va a pedir una señal de sacrificio tan importante como lo que significa esto, que es la operación de capitalización más grande en la historia de las empresas públicas, y a una empresa como Ancap, que está fundida, se le dejan las mismas autoridades, ¿cómo puedo votar eso? ¿Cómo voy a votar capitalizar a Ancap, por más necesario que pueda ser, si no me dan garantías de que las personas que van a estar al frente de esa empresa van a ser otras, que van a venir con otra cabeza y que van a tratar de llevar adelante un proyecto diferente del que han llevado adelante en esta oportunidad, que ha sido un desastre?
Si el gobierno quiere respaldos tiene que explicar, tiene que tomar medidas, tiene que mandar señales, tiene que decirnos que no solamente va a poner plata, que no solamente va a poner un equipo de tutelaje, que no es constitucional, porque los entes autónomos son autónomos. Lo que prevé la Constitución es que uno nombra los directores para que lleven adelante una determinada administración. ¿Por qué se evita eso? Por un problema interno del FA. Y bueno, el problema entonces es del FA, que con esos problemas internos termina pasándoles la factura a todos los uruguayos.
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Transcripción: María Lila Ltaif
