
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
El ex intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, convocó ayer una conferencia de prensa donde se defendió de los siete delitos por los que lo acusa la Fiscalía.
El encuentro con los periodistas, que tuvo lugar en el horario central de los informativos de televisión, se desarrolló en su casa, donde permanece desde el viernes en prisión domiciliaria por 180 días, con tobillera electrónica.
Visiblemente afectado, Besozzi contó cómo se sentía y aseguró desconocer cómo surgió este hecho:
"Pero si me querían hacer doler y hacer sentir el fierro, lo hicieron. La verdad que lo han logrado. No sé bien cómo surge todo esto. No sé bien cómo termino en todo esto, solo sé que soy inocente. Solo sé que yo no toqué nada, no cambié nada para mí, y no gestioné nada a cambio de nada. Eso tiene que quedarle claro a la sociedad y a todos aquellos que me han acusado durante tanto tiempo".
En otro pasaje dijo no sentir vergüenza por llevar una tobillera electrónica y añadió que confía en la Justicia, aunque manifestó su inquietud por procedimientos que dijo “pueden terminar colocando en la misma situación a otros jefes comunales y hasta el propio presidente de la República”.
Besozzi aseguró que mantendrá su candidatura pese a su imputación resuelta el jueves y dijo que hará campaña desde su casa.
“Tengo rato para estar acá”, agregó en alusión a medida cautelar que le impuso la jueza Ximena Menchaca.
El ex intendente señaló que solo bajaría su candidatura si se lo pidiera el Partido Nacional, pero adelantó que en conversaciones previas que tuvo con dirigentes de esa colectividad, le dieron el apoyo y le dijeron que siguiera.
“De a ratos me siento un preso político”, comentó en otro momento de su contacto con la prensa, en la que en varias ocasiones insistió en la defensa de su inocencia.
Al exjefe departamental, que renunció al cargo para ir por la reelección, se le imputaron reiterados delitos de peculado, de tráfico de influencias, de concusión, de omisión de denuncias de delitos como funcionario público y un delito continuado de cohecho simple. Además, la fiscal Stella Alciaturi solicitó su imputación por abuso de funciones y por ser co-autor de un delito de cohecho calificado en régimen de reiteración real.
De la acusación fiscal, que incorpora la transcripción de 30 escuchas telefónicas, se desprende que la investigación comenzó en el 2021, después que se produjera un incendio en el teatro 28 de febrero, concretamente en una oficina de ese local cedida al sindicato de funcionarios municipales. El fuego fue catalogado por sospechoso por bomberos, lo que generó la intervención de Fiscalía.
Según el dictamen al que accedió En Perspectiva, se pidió a partir de aquel suceso, la intervención telefónica de todos los funcionarios que tenían cargos directivos en el sindicato. De varias de las conversaciones que fueron intervenidas, terminó apareciendo una serie de hechos que involucraban directamente al propio intendente departamental.
Conversamos En Perspectiva con Nicolás Olivera, senador y ex intendente de Paysandú, actualmente compitiendo por la reelección.