Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El presidente Luis Lacalle Pou le transmitió ayer a varios ministros que la puesta en marcha de la ley de “internación involuntaria”, que comenzará a aplicarse este domingo, es un “tema prioritario”.
Lacalle Pou encabezó ayer una reunión en la Torre Ejecutiva para ajustar los detalles de esta ley, que se aplicará a las personas que viven o pernoctan en la calle y cuya situación suponga un “riesgo” para ellas o para terceros, por problemas de salud, salud mental o adicciones.
El protocolo definido indica que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) actuará ante denuncias que presenten terceros (a través del teléfono 0800 8798), ante el "requerimiento de las propias personas afectadas" o "contactos espontáneos en recorridas del Equipo Calle”.
Si se observa que la persona "presenta riesgos graves de enfermedades o riesgo de muerte", deberá entonces llamar a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para que un médico brinde la "atención correspondiente". El Mides también podrá solicitar a ASSE su presencia si observa que la persona tiene su "capacidad de juicio afectada" por problemas psiquiátricos o el consumo de drogas.
Si el médico que interviene no indica la internación en ese momento pero advierte que en caso de mantenerse a la intemperie puede haber un deterioro "considerable" de su salud, entonces será Mides el que decida si es pertinente o no trasladarlo a un centro asistencial.
Cuando la persona afectada se niegue a ser atendida, entonces podrá entrar en juego el Ministerio del Interior, que deberá concurrir para dar auxilio y colaboración al personal médico y del Mides.
Profundizamos En Perspectiva con Fernanda Auersperg, directora Nacional de Protección Social del Mides.
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