Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
En un dictamen de 88 páginas conocido ayer, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, consideró que los elementos de la “profusa evidencia” recolectada “no permiten sustentar” que los funcionarios a cargo de la obra “hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”.
Los denunciantes plantearon que la construcción del Antel Arena violó “el principio de especialidad” consagrado en el artículo 190 de la Constitución, que establece que “los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.
En ello, coinciden con el Tribunal de Cuentas de la República. En contrapartida, el fiscal Machado destacó que el directorio que construyó el Antel Arena se basó en “prestigiosos constitucionalistas como así también a renombrados estudios especializados en Derecho Administrativo”, por lo que “jurídicamente es una cuestión absolutamente opinable determinar si Antel se encontraba habilitada para abocarse a la construcción del citado complejo multifuncional en el marco de un proyecto de marketing y publicidad, pero es precisamente por ello, que debe descartarse la arbitrariedad que reclama el artículo 162 del Código Penal”, el que tipifica abuso de funciones.
Los denunciantes criticaron también el costo final del Antel Arena -que tiene una capacidad para 12.000 espectadores- estimado por ellos en U$S 119 millones a pesar de que inicialmente se previó que fuera US$ 40 millones.
El fiscal dijo que “los US$ 40 millones de los cuales se hablaba públicamente se referían únicamente a la primera etapa de la obra, esto es, la obra civil”, y se preguntó: “¿Cuánto costó en definitiva el complejo multifuncional Antel Arena? ¿Costó los US$ 120 millones que señala el informe de E (el auditor externo contratado por el directorio denunciante) o costó los US$ 65 millones que establece el Ec. L (Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio) en su informe presentado ante Fiscalía?”.
Machado planteó que “el único informe oficial es el elaborado por el Tribunal de Cuentas con fecha 6 de marzo de 2019”, que concluye que “lo gastado por Antel en el proceso de construcción y puesta en marcha del Antel Arena asciende a la suma de US$ 85.995.517”. De todas maneras, consigna que “en el Plan de Negocios del Antel Arena ya se manejaban tres escenarios posibles en cuanto a la inversión, a saber: primer escenario una inversión de US$ 51 millones más tributos; segundo escenario una inversión de US$ 59 millones más tributos; y tercer escenario una inversión de US$ 66 millones más los tributos correspondientes”.
Además, los denunciantes afirmaron que lo que costó finalmente “supera en cuatro o cinco veces el costo de otros complejos de similares características construidos alrededor del mundo” y como ejemplo mencionaron que el Movistar Arena de Argentina para 15.000 espectadores costó US$ 38 millones, según surge de Wikipedia. El fiscal alertó que “no parece razonable ni riguroso determinar los costos de distintas obras realizadas alrededor del mundo a partir de fuentes de prensa como ser una radio, un diario o una página web como es Wikipedia”, sino que “se debe exigir un mínimo de rigurosidad en la información manejada”.
A su vez, el fiscal remarcó que “solicitó tanto a las autoridades anteriores de Antel -imputados- como a las actuales -denunciantes-, un informe oficial acerca del costo definitivo de la multicitada obra”, y se le respondió “que se carecía de dicha información”. Entonces, a pesar de “reconocer estas falencias”, el magistrado advirtió que “ello no implica que las autoridades de la época hayan incurrido en algún ilícito sino más bien dan cuenta de la ausencia de los debidos controles así como de desprolijidades administrativas respecto de la forma de planificar la obra”. En definitiva, “en el Concurso de Ideas de Arquitectura se valoró la obra civil en la suma de US$ 40 millones”, pero “luego el equipamiento y/o alojamiento del complejo se fue haciendo sobre la marcha a medida de los requerimientos y los avances de obra”.
El fiscal Machado rechazó los señalamientos de que el 90% de las compras para la construcción del Antel Arena fueron realizadas en forma directa. El fiscal se basó en un informe de la Auditoría Interna de la Nación, que en julio de 2020 concluyó que las adjudicaciones “correspondieron a las propuestas más convenientes” y que no hubo irregularidades en el proceso de compras. Además, apuntó que el actual directorio de Antel sigue utilizando el mecanismo de compra directa.
En otro punto de la denuncia, Machado concluyó que la decisión de la empresa de, en su momento, declarar la reserva sobre las actuaciones, sigue siendo una política que se aplica habitualmente por Antel para la compra de publicidad y de derechos de imagen de personalidades famosas.
Con respecto a otra irregularidad denunciada, el fiscal afirmó que “la reiteración de gastos por parte de los ordenadores no sólo es un procedimiento frecuente dentro del Estado sino que expresamente nuestra Carta Magna prevé la resolución de dicho conflicto”. En su opinión, resulta “inadmisible” que esto pueda constituir un reproche penal.
Machado también cuestionó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que en setiembre de 2021 aseguró que en el proceso se habían violentando los principios de transparencia, eficiencia y legalidad. Ese informe, decía la propia Jutep, se había hecho a partir de un informe de una empresa externa presentada por el directorio de Antel durante el actual período, algo que fue duramente cuestionado por Machado.
El fiscal concluyó: “la propia Jutep admite en su resolución que toma como único insumo el informe confeccionado por una empresa externa y por tanto reconoce sin hesitaciones las debilidades que puede presentar su dictamen”. Machado consideró que, de acuerdo a eso, la citada resolución de la junta carece de la rigurosidad jurídica requerida en esta instancia”.
La Mini Tertulia con Pablo Diaz y Daoiz Uriarte.
