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EC – En algunas entrevistas que he leído usted ha hecho énfasis en que ocupa un espacio de “izquierda crítica”. Partiendo de esa base, ¿cuán crítica es con respecto a la gestión del FA en la Intendencia de Montevideo?
VC – Hay que partir de la base de aceptar que hemos tenido muchos avances y que muchas de las cosas que nos planteamos hoy se pueden llevar adelante gracias a los 25 años de gestión, eran implanteables antes. Pero hay un énfasis central para nosotros, que ha sido impulsado tímidamente por el FA, que es la participación. La participación de la ciudadanía entendida desde un lugar desde el que pueda no solo informarse y opinar, sino que pueda realmente ser parte de la construcción, ser parte del diseño de las políticas, ser parte de la ejecución también. Venimos desarrollando este énfasis en la participación ciudadana como un énfasis principal, estoy convencida de que debe ser siempre la primera tarea de los gobiernos de izquierda.
EC – Por ahí ustedes entienden que hay un déficit en la participación que el propio FA en su momento impulsó. Pienso en la primera intendencia, la de Tabaré Vázquez, en la que comenzó a hablarse de eso, en los procesos de descentralización que se llevaron adelante. Todavía falta. Pero ¿nada más? ¿No hay otras debilidades en la gestión de la Intendencia? Pienso por ejemplo en el debate tan fuerte que está planteado a propósito de los resultados en materia de recolección de residuos, del estado de las veredas, del alumbrado. Sobre esos otros aspectos, quizás los básicos de una intendencia, ¿qué visión tienen ustedes?
VC – Venimos avanzando en algunos elementos y generando condiciones para dar un salto en calidad. Y en algunos aspectos nos falta todavía asumir un riesgo más fuerte y tomar con más ímpetu algunos temas. Uno de los temas que venimos levantando es el del transporte, en el transporte nos falta fortalecer un rol regulador de la Intendencia, que la Intendencia realmente ponga un límite al afán de lucro y de dominio de algunas empresas. Para nosotros en esa confrontación y ese límite que tenemos que ponerles a las empresas, en esa negociación fuerte y dura y ese control que tenemos que realizar todavía nos falta mucho. En ese sentido tenemos toda una serie de propuestas que parten de esa necesidad de jugar un rol más activo. Las empresas ejercen mucha presión, trancan muchísimas cosas, muchas de las cosas en que queremos avanzar se han trancado por presión de las empresas. Creo que tenemos que ser más duros en ese sentido.
EC – ¿Qué otros puntos marcan como faltantes o como flojos, coincidiendo o no con la oposición?
VC – Con la oposición no voy a coincidir en casi nada, porque básicamente la oposición dice que todo está mal, que todo se hizo mal y que hay que romper todo. Jamás voy a compartir esa mirada, creo que se han hecho muchas cosas bien; compañeros nuestros y nosotros hemos sido parte de estos gobiernos, hay mucha cosa interesante y realmente hay avances. Creo que hay temas en los que tenemos que jugar más fuerte.
En la gestión de residuos, por poner un ejemplo, un avance muy importante de esta gestión fue la creación de las cuatro plantas de clasificación y la incorporación de 130 clasificadores a estas plantas, con la dignificación y la formalización de esos trabajadores. Ese fue un paso importante.
EC – Sin duda, pero ¿no se llegó demasiado tarde? ¿Y el proceso no va demasiado lento? Se prometieron más plantas de clasificación y solo hay cuatro operando.
VC – Se han ido probando distintas estrategias. Además hay un tema que para nosotros es muy importante en esto de la participación, que es que ninguna política de gestión de residuos va a ser exitosa si no cuenta con el compromiso de los montevideanos y montevideanas, con esa colaboración. Incluso esta política actual fue muy importante. Y en esta gestión creo que no se fue lento, se construyeron cuatro plantas de clasificación incorporando 130 trabajadores. Para mí esa incorporación fue importante.
¿Con eso basta? Para nada. Tenemos que extender esta experiencia de las plantas de clasificación, exigir la clasificación a los grandes productores industriales de residuos y avanzar en ese sentido, y por otro lado, otra vez, tenemos que meternos con los intereses económicos que hay en ese tema. Tenemos que los residuos, que son propiedad de la Intendencia, con la mano de obra en condiciones inhumanas de los clasificadores generan un negocio de 150 millones de dólares al año a unos pocos privados. Tenemos que revertir esa situación. Para eso tenemos que convertir los residuos en una rama productiva de la economía, que no solo se clasifique, sino que también se pueda picar o lavar el plástico o entrarlo en procesos que le den valor agregado. Por otro lado terminar con los intermediarios y generar pequeñas cooperativas de trabajo para reciclar ese plástico. Y tenemos que poder meternos con esos pocos privados que se están enriqueciendo con una mano de obra informal –incluso han llegado a decirlo abiertamente–, con sueldos sumamente bajos y una calidad de trabajo deplorable. Para nosotros ahí hay un punto clave, que es que para avanzar tenemos que cortar con el negocio de unos pocos, para que ese dinero ingrese para los trabajadores y para que la Intendencia pueda llevar adelante más políticas para la mejora del medioambiente.
