El presidente Yamandú Orsi anunció el miércoles 22 de octubre que el gobierno iniciará acciones para rescindir el contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, al detectarse “fuertes indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo”. Además, se indagará si hubo complicidad de funcionarios públicos en las irregularidades.
El convenio con el Ministerio de Defensa estipula la construcción de dos buques de patrulla oceánica por unos 82 millones de euros —cerca de 90 millones de dólares—, a pagarse por etapas según los avances de obra.
Cardama debía presentar una garantía 45 días de la suscripción del acuerdo pero pidió prórrogas durante casi un año durante el cual fue presentando varias posibilidades de garantía que fueron rechazadas por el Banco Central porque no cumplían con los requisitos.
Finalmente, la empresa presentó como aval a Eurocommerce, con sede en el Reino Unido, que entregó un documento fuera de plazo, en inglés, sin apostilla ni acreditación de representación, según fue advertido en su momento por el Estudio Delpiazzo, contratado por las autoridades para controlar la documentación, se recordó anoche. La garantía debía cubrir 42 meses, pero el gobierno anterior aceptó que fuera solo por uno año, aunque debía renovarse un mes antes del vencimiento. Al cumplirse ese plazo, el 22 de setiembre, el Ministerio de Defensa no recibió información de que la garantía hubiese sido renovada. Cuando se intentó ejecutar el aval que todavía debía estar vigente, se constató que en el domicilio declarado por Eurocommerce en la ciudad de Londres esa empresa no está sino que existe una inmobiliaria; pero además, aparentemente, nunca estuvo allí. A partir de esa sorpresa se realizaron más averiguaciones sobre Eurocommerce que llevaron a concluir que se trata de una firma "de papel".
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Apuntes en vivo acerca del Caso Cardama
En La Mesa de Análisis Político: Caso Cardama: ¿Qué implica en la relación entre el gobierno y la oposición?
