La exdiputada Elsa Capillera se comprometió a pagar una indemnización y retractarse públicamente tras una denuncia por difamación presentada por Alejandra De Mello, viuda del exsenador y exministro de Defensa Nacional en gobiernos del Frente Amplio Eleuterio Fernández Huidobro, en el marco de un conflicto que se inició en 2024 por declaraciones difundidas en redes sociales.
El entendimiento entre ambas partes se formalizó en un acuerdo reparatorio extraprocesal, al que accedió En Perspectiva. Este acuerdo se enmarca en una causa iniciada el 8 de noviembre de 2024, cuando De Mello denunció penalmente a Capillera, exlegisladora por Cabildo Abierto que pasó a militar por el Partido Colorado, por haberla vinculado falsamente con actividades delictivas relacionadas al Hospital Maciel. Las declaraciones en cuestión fueron realizadas en el programa digital “chrisguevarauy” y luego amplificadas por Capillera en sus redes sociales.
Como parte del acuerdo, Capillera reconoció que los dichos fueron infundados y se comprometió a abonar una suma de US$ 1.000 a De Mello. Además, como parte del acuerdo Capillera publicó una retractación pública en sus redes sociales. En ese mensaje, aclaró que Alejandra De Mello no fue procesada ni formalizada por ningún delito, ni tiene vínculo alguno con empresas o actividades empresariales relacionadas al Hospital Maciel. También pidió “sinceras disculpas por el daño causado en el honor” de la denunciante.
De Mello, por su parte, se comprometió a desistir formalmente de la denuncia penal, una vez cumplidos los compromisos asumidos por Capillera. El caso se tramitó en la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno. Este acuerdo extrajudicial representa una instancia de reparación simbólica y económica, prevista por el Código del Proceso Penal como una vía para resolver determinadas causas penales sin llegar a juicio, siempre que las partes estén de acuerdo y se cumplan los requisitos legales.
El nombre de De Mello tomó estado público en 2011 cuando una empresa en la que ella trabajaba (Clanider) fue contratada para la limpieza del Hospital Maciel, y luego sucedida por Buena Estrella.
Clanider fue denunciada por una sobrefacturación de $ 3 millones, De Mello fue investigada por la Justicia por presuntas horas extra y el expediente terminó siendo archivado. La vista fiscal de la Dra. Mónica Ferrero, con fecha 17 de marzo de 2011 estableció que no existen delitos y por licencia de la jueza del caso, Dra. Graciela Gatti, le correspondió al Dr. Jorge Díaz, entonces juez de crimen organizado, cumplir con el "archívese" del caso.
Por otro lado, por los servicios de Buena Estrella fue procesado Alfredo Silva por un delito de conjunción del interés personal y el público durante su gestión al frente de ASSE.
