El gobierno descartó definitivamente el proyecto Neptuno, impulsado en la administración anterior, que preveía reforzar el sistema de agua potable en Montevideo y el área metropolitana, instalando una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, en San José. Varias organizaciones sociales y el Frente Amplio, entonces en la oposición, habían cuestionado esa iniciativa por considerar que presentaba problemas legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales.
Conversamos En Perspectiva con María Selva Ortiz, integrante de la organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay y de Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
A partir de un acuerdo con el consorcio privado que tenía a su cargo la concesión, se resolvió construir una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe hoy en Aguas Corrientes, realizar obras de mejora en la Quinta Línea de Bombeo y construir sobre el arroyo Solís Chico una reserva de agua bruta y otra usina potabilizadora, de menor porte, para complementar el abastecimiento en la zona este del departamento de Canelones.
Gobierno anunció cambios en proyecto Neptuno
La decisión fue anunciada el viernes pasado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y Alejandro Ruibal, del consorcio Aguas de Montevideo.
La noticia llegó al final de 90 días de negociaciones entre las autoridades nacionales y el grupo empresarial destinadas a analizar alternativas a lo estipulado en el contrato original.
Según explicó Sánchez, la segunda planta de Aguas Corrientes tendrá una producción adicional de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, que, sumados a los que ya genera la actual permitirán alcanzar un total de 900.000 metros cúbicos al día, suficientes para abastecer al área metropolitana hasta el año 2045.
Además, destacó que el paquete de trabajos acordado permite un ahorro de un tercio del costo del proyecto original.
Por otra parte, resaltó que el consorcio privado se encargará del mantenimiento de las obras, como estaba estipulado en el acuerdo, pero la gestión de la nueva infraestructura estará a cargo de OSE, para respetar el artículo 47 de la Constitución de la República, que establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".
En una segunda etapa, el gobierno prevé construir una represa en Casupá, una vieja iniciativa del Frente Amplio, aunque este proyecto no forma parte del contrato renegociado. Esta obra se va a desarrollar por separado, con licitaciones específicas y con el objetivo de concretarse en este período y en paralelo a las otras obras.
La administración de Yamandú Orsi opta por mantener el contrato con el consorcio privado, pero modificando su objeto. De todos modos, el nuevo esquema deberá ser evaluado por el Tribunal de Cuentas, que tiene plazo hasta el 31 de agosto para expedirse.
