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El senador frenteamplista Charles Carrera renunció ayer a su banca en la Cámara Alta, luego de que la fiscal de Delitos Económicos y Complejos Silvia Porteiro solicitara su desafuero.
La acusación contra Carrera es por el delito de abuso innominado de funciones, cuando ejerció como director general de la Secretaría del Ministerio del Interior (MI) entre 2010 y 2017.
Concretamente, la causa tiene que ver con Víctor Hernández, un hombre que quedó parapléjico por un balazo que recibió en la puerta de su casa en La Paloma en 2012. El proyectil presuntamente fue disparado por un policía, desde la casa del subcomisario que vivía en frente a lo de Hernández y que estaba festejando su cumpleaños esa noche.
Con el aval de Carrera, Hernández estuvo internado en el Hospital Policial entre julio de 2013 y enero de 2017, sin ser policía ni familiar, las dos condiciones necesarias para ser atendido en este centro. Además, durante ese período Hernández recibió del MI un pago mensual de $ 20 mil en tickets alimentación.
"Emerge con total claridad que la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial es arbitraria e inmotivada, ya que no era funcionario policial, ni familiar de policía, ni ingresa en las categorías lógicas de autorizaciones especiales", lee el escrito de la fiscal Porteiro.
Ayer por la tarde, Carrera dio una rueda de prensa en la que anunció su renuncia al Senado, defendió su inocencia, y dijo que concurrirá a la Justicia para responder “como cualquier hijo de vecino”.
"Soy abogado y no comparto el análisis que hace la Fiscalía, pero en este caso mi deber como ciudadano y como militante político es renunciar y presentarme ante la Justicia a los efectos de poder dar todas las explicaciones con la tranquilidad que siempre tuve. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que salieron las primeras denuncias hace un muy buen tiempo, es decir, hace más de dos años y medio, yo siempre les respondí todas las interrogantes a ustedes."
Además, Carrera vinculó la denuncia con el caso de espionaje en su contra, un hecho por el que un hombre fue condenado en marzo pasado. El ahora ex senador especuló con los motivos de Luis Alberto Heber, quien cuando era ministro del Interior impulsó la denuncia penal contra Carrera.
Vamos a refrescar qué fue lo que ocurrió en este caso, de qué se lo acusa a Carrera…
EL INCIDENTE
Empecemos por el caso de Víctor Hernández.
La noche del 10 de noviembre de 2022, el subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez, estaba festejando su cumpleaños en el fondo de su casa, donde había un parrillero. Martínez vivía en una casa del MI ubicada junto a la comisaría del pueblo, y frente por frente a la vivienda de Víctor Hernández, un albañil de la zona.
Hernández estaba cenando con su pareja cuando escuchó disparos y salió a ver. En ese momento, según declaró, vio un fogonazo desde el costado de la casa, fue herido de bala y cayó al suelo. Hernández dijo que vio gente salir corriendo desde el fondo de la vivienda del subcomisario hacia el frente, quienes cerraron la casa y apagaron la música y las luces.
Hernández sufrió lesiones en la médula que le dejaron paralizadas ambas piernas. Ni los participantes de la fiesta ni los funcionarios que se encontraban en la seccional policial se acercaron a asistirlo ni a preservar la escena. “La inactividad policial fue total”, dice el escrito de la fiscal.
El caso fue archivado en aquel entonces por imposibilidad de identificar al autor del disparo ni de ubicar el arma utilizada. Sí se pudo determinar que en esa época desapareció un rifle calibre 22 del depósito de la Seccional de La Paloma.
El subcomisario Martínez declaró luego que le avisaron de lo que parecían disparos de arma de fuego y quejidos de una persona, pero que lo descartó como una broma. Por ese motivo en 2018 fue suspendido por dos meses sin el pago de su sueldo. Ya se lo había castigado con 10 días de sanción económica por el extravío del rifle calibre 22.
EL ROL DE CARRERA
Víctor Hernández fue trasladado enseguida al Hospital de Clínicas, en Montevideo. En diciembre, es decir pocas semanas más tarde, se presentó allí Charles Carrera, en aquel entonces director general de Secretaría del MI, y a quien la familia Hernández no conocía.
Carrera le dejó $ 10 mil a Daniel Hernández, hermano de Víctor, para que “se manejaran”, y les adelantó que les gestionaría la entrega de tickets alimentación. Los empezaron a cobrar a partir de enero de 2013, por el valor de $ 20 mil mensuales.
Hernández recibió el alta en el Clínicas el 24 de julio de 2013. El alta médica leía: “Dada la buena evolución, se plantea el alta a domicilio”. Se le daban indicaciones de alimentación, medicación y fisioterapia. Sin embargo, por resolución de Carrera, los hermanos Hernández no volvieron a La Paloma sino que pasaron a alojarse en el Hospital Policial. Permanecieron allí, Víctor internado y Daniel como acompañante permanente, hasta enero de 2017.
Según recoge la fiscal Porteiro, la propia evaluación psiquiátrica del hospital consideró en diciembre de 2014, cuando Hernández ya llevaba más de un año viviendo allí, que esta situación no era “adecuada” porque impedía la “rehabilitación psicosocial” del paciente: “No trabaja, no estudia, no proyecta fuera del hospital”, dice el texto de esa evaluación.
A pesar de eso, Hernández tenía permiso para salir del lugar y la fiscal recabó que “en múltiples oportunidades” al ir a realizarle un control los médicos no lo encontraron en su sala. Además, el ex subdirector nacional técnico de Sanidad Policial declaró en Fiscalía que Hernández no respetaba el régimen de visitas ni los horarios del hospital, y que distorsionaba la atención en el piso.
Incluso, por las fiestas de fin de año, a Hernández se lo trasladaba en ambulancia a Rocha y se lo traía de nuevo la primera semana de enero.
En cuanto al pago de tickets alimentación, la fiscal afirma que el procedimiento “tiene un marco legal y reglamentario” que no se cumplió en este caso.
El monto total de las prestaciones más las partidas de tickets mensuales otorgadas a Hernández ascendería a US$ 260.350.
LA DENUNCIA
Estando todavía internado en el Hospital Policial, y recibiendo el pago mensual de tickets alimentación, Hernández presentó una demanda por daños y perjuicios contra el MI. Los demandantes consideraban que la asistencia recibida por parte del Estado era un reconocimiento implícito de responsabilidad en el hecho que lo había dejado parapléjico.
En noviembre de 2016, a raíz de esto, el abogado del MI elevó un informe en el que recomendó disponer el cese de la atención médica y la prestación económica, dado que no existía ninguna norma que obligara al MI a hacerlo. A Hernández se le dio el alta definitiva en enero de 2017.
La Justicia falló en tres instancias a favor del MI y contra Hernández, porque la demanda imputaba responsabilidad a esa Secretaría de Estado por “omisiones en el actuar policial” y no por el balazo en sí. La Justicia, en sus diferentes instancias, consideró que la omisión de servicio no hubiera evitado la lesión que ya se había dado. Sin embargo, los magistrados destacaron que las prestaciones de asistencia sanitaria y económica constituían una situación anómala e indebida.
El hasta ayer senador dijo que tomó la decisión de ayudar a los Hernández porque eran una familia “del interior, vulnerable”, y que brindarles asistencia en Sanidad Policial entraba dentro de las “autorizaciones especiales” que Carrera podía arrogarse.
El exjerarca sostuvo en Fiscalía que organizaciones como Ielsur y Serpaj, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, solicitaron la “colaboración y apoyo” del MI para su tratamiento y rehabilitación.
La fiscal Porteiro dice en el escrito enviado al Parlamento que ordenó a Carrera que proveyera la resolución administrativa del MI por la que se le dio asistencia médica gratuita a Hernández, cosa que no fue contestada. A partir de eso la fiscal extrae que no existió tal resolución por escrito.
EL ESCÁNDALO
Pero el caso cobró mayor notoriedad en agosto de 2022, cuando el programa televisivo Santo y Seña emitió un informe que incluía grabaciones ocultas de Charles Carrera realizadas por Daniel Hernández.
– Escuchame una cosa acá, vos si estás nervioso…
– Yo no estoy nervioso.
– …te vas de acá tranquilamente y no me jodas más, pero yo la llamé a tu madre para ver si le puedo dar una mano, porque a mí no me interesa los canales, no me interesa el Partido Nacional, no me interesa el Partido Colorado, no me interesa Nacho Álvarez y te vas a cagar, porque si estás nervioso te mando a cagar, hermano, y disculpame que lo diga delante de tu madre.
Porque yo llamé acá para ver si le puedo dar una mano, porque a mí me interesa lo humano, lo demás no me interesa. Vos ubicate y tratá de hablar clarito y bajito, porque yo la llamé a tu madre acá porque a mí no me gustan las injusticias, si podemos dar una mano, damos una mano, porque escuchame una cosa acá, si nosotros no tuviéramos interés, los hubiéramos dejado en la calle cuando ustedes se fueron al Clínicas, ¿ta?
– Sí, pero fue por muchas presiones, muchas cosas que uno dijo, y hablé con un diputado que me insultó.
– Pero, loco, te hubiéramos dejado en la calle, ¿qué te venís acá a hacer el loco conmigo?
– ¿Cómo me voy a hacer el loco, si te estoy hablando?
– Pero vos, ¿quién te está dando una mano con los tickets y con todo? Están recibiendo la mejor atención, ¿qué te venís de atrevido acá conmigo?
– No, te estoy poniendo al respeto, estoy hablando bien.
Luego del informe de Santo y Seña, Carrera fue acusado de prestarle atención a Hernández para encubrir al subcomisario Martínez, pero desde el primer momento sostuvo que todo estaba “ajustado a Derecho” y apuntó contra el entonces ministro Heber. Recordemos que Carrera impulsó la denuncia penal contra Heber por el contrato del Estado con Katoen Natie para el puerto de Montevideo.
Poco después se conoció también que la exesposa de Carrera y otros funcionarios no policiales también se atendían asiduamente en el Hospital Policial; en el caso de la expareja de Carrera, se supo que utilizó estos servicios en 42 ocasiones y que los costos impagos ascendían a unos US$ 26 mil.
La causa “familiar” de Carrera no formó parte de este pedido de desafuero de la fiscal Porteiro, según informó la Fiscalía en la tarde de ayer. Aunque el vocero del Ministerio Público dijo que esto "eventualmente puede ser parte de una investigación posterior".
Todos estos hechos motivaron también una comisión investigadora en el Senado, de la que el Frente Amplio resolvió no participar.
LO QUE DICE LA FISCAL
La fiscal Silvia Porteiro concluye que las irregularidades detectadas no son solo de índole administrativo, sino que constituyen delito penal. Y que las razones “humanitarias” que pudieran alegarse para prestar asistencia a los Hernández “no son justificativo para eludir el marco regulatorio”.
Según la Dra. Porteiro, “si la intención era brindar una autorización especial, se saltearon y omitieron todos los requisitos mínimos que justificarían su ingreso, el que se realizó sin una resolución fundada, sin un plan médico de intervención y sin descartar fundadamente los otros mecanismos de asistencia que podría brindar el Estado”.
Agrega, también, que “los beneficios otorgados a Hernández están en principio vinculados a un hecho policial del que este fue víctima, no aclarado, cuya opacidad determinó que se cuestionara duramente el accionar de la Policía, hasta hablar de un ‘encubrimiento’, concepto manejado tanto por los hermanos Hernández como por Carrera”.
Según Porteiro, entonces, Carrera “se extralimitó ostensiblemente en sus deberes”, cometiendo “actos arbitrarios” con los que “perjudicó a la Administración, con el fin de favorecimiento económico a particulares”.
Por esto la fiscal elevó el pedido de desafuero a la vicepresidenta Beatriz Argimón. El vocero de Fiscalía, Javier Benech, explicó que la intención de Porteiro era que el Parlamento evaluara si correspondía seguir adelante con la causa.
