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Intendencia de Canelones deberá pagar multa de más de $ 1 millón por no entregar información sobre proyecto urbanístico en el lago La Caleta

El 9 de marzo el juez letrado de Canelones Héctor Ricardo Iriarte Espino condenó a la Intendencia de ese departamento a pagar unos $ 18.000 (20 unidades reajustables) por día mientras no cumpla con la entrega de información solicitada por los vecinos del lago La Caleta sobre los permisos otorgados a un proyecto urbanístico que se construirá allí que, según sostienen, afectará el ecosistema. La multa se suma a otra anterior de 10 unidades reajustables (unos $ 9.000) por día, dispuesta por el mismo magistrado el 19 de noviembre del año pasado.

EN PERSPECTIVA
Viernes 25.03.2016, hora 10.10

¿Conocen el lago La Caleta, cerca de Avenida Las Américas? Es uno de los tantos espejos de agua que se formaron en esa zona de Canelones tras el cierre de varias canteras de arena. Ese lugar, se transformó en los últimos años en un área de alto valor residencial.

El año pasado Rosario fue hasta allí ya que los vecinos que vivían en torno a La Caleta denunciaban que se estaba contaminando el lago con las obras de relleno para construir el emprendimiento residencial Housing en el lago La Caleta.

Los vecinos, reunidos en una Asociación Civil, sostienen que el proyecto daña el ecosistema del lago y se han embarcado en un pleito judicial contra la comuna para revertir los permisos que se le dieron. El último capítulo de esta controversia ocurrió hace pocos días, ya que la Intendencia fue multada por la Justicia por no entregar información relativa al proyecto que los vecinos habían pedido.

El 9 de marzo el juez letrado de Canelones Héctor Ricardo Iriarte Espino condenó a la Intendencia de ese departamento a pagar unos $ 18.000 (20 unidades reajustables) por día mientras no cumpla con la entrega de información solicitada por los vecinos sobre los permisos otorgados al proyecto urbanístico. La multa se suma a otra anterior de 10 unidades reajustarles (unos $ 9.000) por día, dispuesta por el mismo magistrado el 19 de noviembre del año pasado.

El proyecto

Recordemos cómo comenzó esta polémica.

El emprendimiento Housing en el lago La Caleta comenzó a ser construido hace casi dos años e implica ganar unas tres hectáreas de agua al lago utilizando el material proveniente de las obras de saneamiento de Ciudad de la Costa como relleno. Una vez que la tierra se asiente se planea construir allí 11 edificios.

Según los vecinos, el proyecto se autorizó bajo un régimen de excepción concedido por la Intendencia de Canelones en 2007. Los permisos fueron dados antes de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial “CostaPlan” en 2010, que declaró como zona protegida al lago La Caleta, por lo que los vecinos consideran que las autorizaciones deberían caer. Pero además aseguran que el emprendimiento está vertiendo al lago material orgánico proveniente de las obras de saneamiento de Ciudad de la Costa cuando en realidad debería utilizar componentes inertes que no afecten el ecosistema del espejo de agua.

La Intendencia por su parte tomó muestras del material de relleno utilizado, que fueron analizadas por el laboratorio Echotech. Pero mientras tanto, para poder armar su defensa contra el proyecto, los vecinos solicitaron a la Intendencia a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, el expediente en donde se autorizó el relleno del Lago con material proveniente del saneamiento de ciudad de la Costa; los documentos que autorizan la venta de ese material a un particular; el plan de gestión ambiental presentado por el dueño del proyecto, y el resultado de las muestras de suelo tomadas por el laboratorio Ecotech, entre otros ítems.

Solicitud de información pública

La solicitud fue presentada el 4 de agosto del año pasado. Pero la Intendencia no entregó la información en los 20 días de plazo previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública. Ante esto, los vecinos recurrieron a la Justicia presentando una acción de amparo prevista en esa norma.

El juez Letrado de Canelones, Héctor Ricardo Iriarte Espino, entendió que se configuró la situación de “silencio positivo” prevista en la ley, por la cual la administración no entrega la información y tampoco emite una resolución fundada para catalogar los datos como confidenciales. Por lo tanto, el 27 de octubre del año pasado intimó a la Intendencia de Canelones a entregar la información en 10 días. La comuna canaria incumplió nuevamente el plazo y el 19 de noviembre el juez la multó con una multa de 10 UR por día, casi $ 9.000.

Posteriormente, el 4 de diciembre la Intendencia de Canelones notificó a los abogados de los vecinos que la información que habían solicitado estaba disponible, y solicitó al juez la suspensión de la multa.

Pero según los abogados de los vecinos, cuando se presentaron en las oficinas de la Intendencia no pudieron acceder a la documentación que habían pedido. Los letrados labraron un acta para dejar constancia de este incumplimiento. En ese documento relatan que se presentaron ante la División Jurídica de la comuna pidiendo acceder al expediente pero una funcionaria les negó la vista porque el mismo se encontraba a estudio. Además cuentan que se dirigieron a la Unidad de Macropoyectos en donde un funcionario les dijo que no contaba con la información en ese lugar.

Ante estas dificultades, los abogados solicitaron al juez Espino que duplique la multa (de 10 a 20 UR), pedido al que el magistrado accedió el 9 de marzo pasado, según consta en la resolución a la que accedió En Perspectiva. El abogado de los vecinos, Mauricio Fioroni, explicó a En Perspectiva que todavía no han hecho un cálculo del monto que debería pagar la comuna, aunque en 20 días solicitarán a un juez una liquidación parcial de la deuda. Según cálculos hechos por En Perspectiva basados en los días que transcurrieron desde la primera resolución del juez (19 de noviembre de 2015) hasta hoy, la penalización supera el $ 1.200.000, unos US$ 31.250.

La versión de la Intendencia

En Perspectiva consultó al Intendente de Canelones Yamandú Orsi que no estaba al tanto de la notificación. También consultamos al Prosecretario General, Francisco Legnani que tampoco había sido informado de la multa aunque sostuvo que la Intendencia entregó toda la información solicitada por los vecinos. Ambos jerarcas, sin embargo, aseguraron que después de Semana Turismo discutirán la estrategia a seguir en este caso. También procuramos saber si la notificación había llegado a la División Jurídica de la comuna pero no logramos ubicar a la Dra. Natalia Carbajal, encargada del área.

Pese a esta controversia, el director general de Obras de la Intendencia de Canelones Nicolás Vilaró defendió en diálogo con En Perspectiva, la legalidad del emprendimiento en el lago La Caleta. El jerarca aseguró que la viabilidad del proyecto fue aprobada por la Junta Departamental y además el propietario obtuvo los permisos para rellenar el lago. La solicitud hecha por el dueño del proyecto, además, incluyó un plan de manejo ambiental del lago elaborado por la ex directora de Dinama Alicia Torres.

Según Vilaró las tareas de relleno terminaron en diciembre, y sobre fines de marzo o principios de abril habrá una instancia de comunicación con los vecinos para mantenerlos informados sobre el avance del proyecto antes de que empiece la construcción de los edificios.

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Foto en Home: Lago La Caleta en Canelones, setiembre de 2015. Al fondo se ve el montículo de tierra utilizado para vertir en el relleno del lago. Crédito: Rosario Castellanos/EnPerspectiva.net.

 

Rodrigo Abelenda

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