Producción: Alejandro Rodríguez Dopico
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MS) se proponen mejorar los servicios de inspección de la cartera. Este tema, de gran importancia desde el inicio de la pandemia, es uno de los puntos centrales del capítulo correspondiente a este inciso en el proyecto de ley de Presupuesto.
El artículo 366 del proyecto -que inaugura el apartado sobre el MSP- establece la creación de la Dirección General de Fiscalización como una nueva unidad ejecutora dentro de esa secretaría de Estado.
Esta oficina vendría a sustituir a la actual División Fiscalización, que para las autoridades trabaja por debajo de sus posibilidades, al contar con un escaso número de funcionarios para las diversas tareas inspectivas que tiene el ministerio.
¿Cuáles serán las tareas? Las que tiene en su poder la actual División Fiscalización: El control de la operativa de todos los prestadores integrales de la salud públicos y privados, todos los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, todas las actividades vinculadas a la salud ambiental y ocupacional y todo sujeto vinculado a productos de la salud, sustancias químicas controladas, tabaco o similares.
¿Cuál es el punto de partida? Una división que transita por un “deterioro de los procesos de fiscalización por múltiples factores, antes de la epidemia y agravados por la misma”, según un documento elaborado por el MSP al que accedió la producción de En Perspectiva.
La fuerza laboral de esta dependencia se observa muy reducida a la luz de sus competencias: se compone por 13 inspectores y tres supervisores, además de tres funcionarios administrativos y dos personas encargadas, entre otras cosas, de la logística de la división.
A ellos se le suman estudiantes de distintas disciplinas científicas que colaboran con esta dependencia a través de convenios que caducan en 2021, pero que deben ser acompañados en sus tareas por tratarse, justamente, de estudiantes.
Refuerzo de personal
La creación de esta nueva unidad ejecutora encargada de las inspecciones recibirá créditos asignados hasta el momento a otras áreas del MSP. ¿El objetivo? El refuerzo de recursos humanos.
Contará con: un director; un subdirector; 23 inspectores, producto del traslado de funciones dentro de la cartera; 50 nuevos empleados, producto de llamados internos y externos, de los cuales 41 tendrán tareas de inspección.
Además, se resolvió que el personal reciba una compensación salarial por la exclusividad de su tarea, un régimen casi similar al de los funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI).
“Una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que los recursos humanos adquieren la experiencia en el Ministerio de Salud Pública y por motivos principalmente económicos se llevan su know-how, su conocimiento al ámbito privado y los perdemos”, explicó en el Parlamento el doctor Víctor Píriz, de la División Fiscalización del MSP.
Píriz fue uno de los encargados de presentar esta semana los planes de las nuevas autoridades junto al ministro Daniel Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian a los diputados de las comisiones de Presupuesto y Hacienda que estudian el proyecto de ley de Presupuesto.
Con las transformaciones que se procura introducir se espera reducir los “tiempos muy prolongados” del MSP al realizar las inspecciones, según el documento elaborado por la cartera.
La intención es revertir lo que se entiende es una “pérdida de la credibilidad rectora” y una “sanción insuficiente, tardía o nula” del ministerio ante los apartamientos de las normas o los protocolos sanitarios.
Demanda y atrasos
Los servicios inspectivos de la cartera vieron incrementados sus tareas desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.
El aumento se explica, principalmente, por el control de los residenciales de ancianos, que significa el 70% del volumen de trabajo desde el inicio de la emergencia sanitaria, mientras que 26% se ha destinado al control de los centros de salud, y el restante 4% a otras áreas.
¿Cuál es la importancia de estos datos? Como hemos visto en otras oportunidades aquí En Perspectiva, la población de los residenciales es de riesgo ante el virus, y la aparición de un foco puede desatar consecuencias graves.
El resto de las inspecciones radica en el control habitual del funcionamiento de ASSE, las mutualistas y las clínicas particulares, entre otros centros de salud.
Asimismo, y de acuerdo a las directivas del Poder Ejecutivo, este personal también controla el cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención del Covid-19 dispuestos para restaurantes, bares y eventos masivos, como la Expo Prado y los partidos de fútbol.
Según supo la producción de En Perspectiva, también se sumó la fiscalización de las empresas de productos de la salud, tales como fabricantes de alcohol en gel, aquellas que importan reactivos diagnósticos y fabricantes de sustancias medicinales.
Y como si fuera poco, estos funcionarios son los responsables ahora de supervisar el estado y la gestión de las donaciones que se efectúan desde el inicio de la pandemia.
Esta realidad terminó por generar una fuerte saturación de sus servicios y un atraso en las inspecciones: unas 274 están pendientes al día de hoy.
“La función de policía sanitaria se dirigió a protocolos de Covid-19, sobre todo a los brotes nosocomiales, a los prestadores públicos y privados, clínicas de estudio extrainstitucionales, centros de hemodiálisis; redoblamos el esfuerzo siempre con pocos recursos, utilizando la misma cantidad de los que tenemos”, sostuvo Píriz en el Parlamento, de acuerdo a las actas.
Sanciones
El proyecto de ley de Presupuesto también establece sanciones para los responsables de los establecimientos inspeccionados en caso que los funcionarios encuentren infracciones a las normas sanitarias.
Las sanciones van desde el apercibimiento, multas entre 10 UR (10.810 pesos al día de hoy) y un máximo de 50.000 UR (más de 54 millones de pesos al día de hoy), clausuras temporales por hasta 180 días y la clausura definitiva.
Mutualistas
Pero el avance fiscalizador del MSP no se queda ahí.
En otro tramo del proyecto de ley, el gobierno avanza en la instrumentación de mayores controles sobre el sistema mutual.
En concreto, establece en el artículo 376 que “el uso y destino de la cuota salud” paga por los usuarios del sistema “debe estar directamente asociado al cumplimiento de las prestaciones”.
El artículo siguiente sostiene que “los derechos de crédito por concepto de pago de cuotas salud no podrán ser cedidos por los prestadores, cuando se comprometa la sustentabilidad económica de la institución”.
¿Qué busca esto? Lo explicó en el Parlamento en la misma oportunidad el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado: “Los fondos del Fonasa son para financiar al Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) y, si bien esto puede parecer obvio, es importante destacarlo porque hemos constatado que algún prestador incurre en desarrollos de líneas de actividad que no necesariamente están relacionadas con el hecho de asegurar la atención de los usuarios”.
¿Qué más dijo González Machado? “Lo que queremos evitar es que con el fondo proveniente del Fonasa se subsidien actividades para las cuales no están destinados esos recursos”.
Recordemos que este tema ha sido motivo de polémica en la interna del sistema mutual, y En Perspectiva dio cuenta de ello en mayo de 2019 a raíz de inversiones llevadas a cabo por la Asociación Española que desembocaron, por ejemplo, en la fundación de la emergencia Española Móvil.
Auditorías
Por otra parte, en el proyecto de ley de Presupuesto se establece que los estados contables anuales de los prestadores de salud deberán ser auditados por profesionales o empresas auditoras registradas en el Banco Central, y que las firmas no podrán auditar a la misma institución por más de tres períodos anuales consecutivos.
Hoy en día, sólo el 40% de las instituciones están auditadas por empresas o por auditores registrados en el Banco Central, según información del MSP.
“Consideramos que la auditoría es sumamente importante para el Estado y para el Ministerio de Salud Pública; por eso proponemos la creación de un registro y la reglamentación del funcionamiento de las auditorías, para que los auditores sean ojos profesionales y técnicos al servicio de la regulación y del contralor del Ministerio”, dijo González Machado.
De acuerdo a lo que explicó, el MSP pretende hacer un seguimiento de todas las auditorías y, eventualmente, podría instalar veedores dentro de las instituciones.
“No se trata de una intervención, el término correcto no es "intervención". Las empresas privadas seguirán con su gestión, solo que en las empresas que están más complicadas vamos a tener los ojos en los números y ver que no haya desvíos. Ese el objetivo”, puntualizó el ministro Daniel Salinas, según consta en las actas.
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Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS
