Un tribunal de honor de la Armada Nacional y otro de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) se encaminan a sancionar a militares implicados en crímenes ocurridos en la dictadura.
El Poder Ejecutivo sigue de cerca sus actuaciones y no está dispuesto a homologar fallos que absuelvan a los oficiales investigados, según supo En Perspectiva.
Producción: Alejandro Rodríguez Dopico
La situación que se dio en los últimos meses en el Ejército caló hondo en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, quien aspira a recibir a la brevedad las novedades de otros tribunales militares que están en funcionamiento en las otras dos fuerzas.
Las autoridades parten de la base de que en todos los casos habrá sanciones. Es más, el nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, jugó fuerte durante Semana de Turismo y dejó claro a los comandantes en jefe que espera cuanto antes las resoluciones de los casos pendientes.
¿Qué casos están siendo analizados en la Marina y en la Fuerza Aérea?
Por un lado, se evalúa a Carlos Larcebeau, capitán de navío condenado en 2009 por el entonces juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a cargo de las investigaciones del llamado Plan Cóndor. Charles concluyó en su sentencia que, como miembro de la inteligencia naval, durante la dictadura Larcebeau viajaba "asiduamente a Argentina, donde participó en operaciones militares tendientes a la desarticulación del denominado aparato subversivo".
Según el magistrado, este oficial de la Armada intervino en "los grupos armados que realizaron detenciones ilegales en Argentina, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados y asesinatos", y pese a que "estaba sometido a jerarquía resulta notorio que poseía facultades de mando y que sus actividades de inteligencia eran operativas".
Larcebeau fue condenado a 20 años de penitenciaría como autor de 29 homicidios. Y un año después, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena, pero con un matíz: le adjudicó esos 29 asesinatos en calidad de coautor.
En esta segunda instancia se acreditó su participación directa en “los actos ejecutivos que terminaron con la muerte de ciertas personas”.
“Viajaba a Argentina asiduamente y se desempeñaba de igual manera en cualquiera de los dos países. Si se valoran todas las probanzas a la luz de la sana crítica, debe tenerse por acreditada la participación de Larcebeau en los operativos de la Argentina, que incluyeron detenciones, torturas y confinamiento de compatriotas”, sostiene el fallo del tribunal de apelaciones.
“Está fuera de discusión que Larcebeau tenía poder de mando, que sus actividades de inteligencia en Argentina y Uruguay eran operativas y que en definitiva logró exitosamente la culminación de sus esfuerzos en la lucha antisediciosa”, agrega el fallo.
Tribunal y análisis en Defensa
Con esta sentencia en las manos –junto con las de otros militares- en 2017 el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez (fallecido este mes), convocó a los tribunales de honor de la Armada Nacional, al amparo del decreto ley 55/985, que regula su funcionamiento.
Según supo En Perspectiva, el tribunal fue integrado por capitanes de navío y en su trabajo, finalizado en octubre del año pasado, no halló mérito para sancionar a Larcebeau.
Ese mismo mes, los resultados llegaron a Menéndez con una breve nota del jefe de la Armada, almirante Carlos Abilleira, quien avalaba las actuaciones del tribunal.
Según supo En Perspectiva, tras escuchar a Larcebeau, que negó todas las acusaciones, el tribunal entendió que no había elementos que fundamentaran la convicción de que su accionar hubiese significado una violación a los códigos de honor de la institución militar, del cuerpo de oficiales ni del honor propio de ese militar.
Se trató, entonces, de la misma percepción que tuvieron, paralelamente, los tribunales convocados en el Ejército que analizaron los casos de José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente.
El entonces ministro Menéndez estudió el expediente junto a los abogados de su cartera y elevó a la Presidencia de la República esa documentación junto con una nota de dos páginas en la que recomendó no homologar el fallo. Y así ocurrió: A fines de 2018 Menéndez y el presidente Vázquez acordaron rechazar las actuaciones y solicitaron que un tribunal de alzada se constituyera en la Armada para que volviera a estudiar el caso. ¿Qué había ocurrido? El Poder Ejecutivo no estaba dispuesto a avalar un fallo que no condenaba a un militar que en la Justicia Penal había sido considerado responsable de 29 homicidios.
Efectivamente, un tribunal de alzada fue convocado en la Armada, y según las fuentes de En Perspectiva, esta segunda instancia se perfila hacia la emisión de una sanción que determine el pase de Larcebeau a situación de reforma. Esta medida implica que el militar pierde su grado como oficial de la Armada y que sólo percibirá un tercio de sus haberes de retiro, mientras que los restantes dos tercios los recibirá su familia.
En Semana de Turismo
Según supo En Perspectiva, el ministro Bayardi mantuvo un encuentro el martes de Semana de Turismo con el comandante Abilleira, al que le pidió celeridad en los trámites, pese a que no hay plazos formales en el funcionamiento de los tribunales de honor ni tampoco en los de alzada. Esta reunión “bilateral” ocurrió apenas pocos días después del encuentro que el viernes 12 Bayardi sostuvo con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
"Complejo"
Cabe preguntarse por qué recién en segunda instancia terminará habiendo una sanción a Larcebeau. La explicación brindada por varias fuentes políticas es que “el espíritu de cuerpo” en los estamentos militares es muy fuerte, y ello tuvo su peso en esta situación, al igual que en el Ejército.
“Les cuesta tomar una posición de condena” contra las conductas del pasado, más allá de que los oficiales de la actualidad poco y nada tienen que ver con la dictadura que se extendió entre 1973 y 1985”, dijo uno de los informantes, quien reconoció “lo complejo” de lidiar con esta situación.
Igualmente, hubo un punto de quiebre. La polémica por los fallos de los tribunales de honor del Ejército, la destitución del excomandante en jefe de esa fuerza, Guido Manini Ríos y los pedidos de pase a retiro obligatorio de los generales que integraron aquellos tribunales marcaron un antes y un después.
No hay dudas de que los episodios del Ejército tuvieron sus repercusiones en las otras dos Fuerzas Armadas.
Con ese telón de fondo el tribunal de alzada constituido en la Armada se encamina a sancionar a Larcebeau.
Y a ese cuadro se debe agregar un elemento no menor: al frente de la Armada hay un almirante que no cuestiona la actuación de la Justicia Penal, como sí hizo Manini Ríos en el Ejército. “Por lo general, los tribunales de honor están condicionados a la voluntad del comandante en jefe”, explicó a En Perspectiva una fuente del Ministerio de Defensa.
Actuaciones en la Fuerza Aérea
Las actuaciones de los tribunales de honor militares también llegaron a la FAU. El punto de partida fue la investigación de la justicia penal sobre Ubagésner Chaves Sosa, un militante comunista detenido en suelo uruguayo que murió como consecuencia de las torturas en el año 1976 durante su reclusión en la base aérea Boiso Lanza. Pero en el trabajo de este tribunal de honor no hubo dolores de cabeza para el gobierno.
Los restos óseos de Chaves Sosa fueron hallados en una chacra en Pando, en 2005, en el primer año del primer gobierno del Frente Amplio. En el año 2012 la entonces jueza penal Mariana Mota condenó a dos aviadores retirados por este asesinato. Al teniente Enrique Rivero se lo consideró autor material de un delito de homicidio muy especialmente agravado y al coronel José Araújo coautor. Se les impuso 19 y 17 años de penitenciaría, respectivamente, una pena que quedó firme tras la intervención de un tribunal de apelaciones.
¿Qué ocurrió ahora en los tribunales de honor?
El tribunal de honor conformado para José Araújo estuvo integrado por tres brigadieres generales y lo presidió Hugo Marenco, quien el 1 de febrero asumiría como comandante en jefe de la FAU. Culminó su trabajo en diciembre del año pasado, cuando resolvió pasar a reforma a Araújo en el entendido de que su conducta había lesionado el honor de la institución militar. Quien era entonces comandante de la fuerza, Alberto Zanelli, recibió el expediente y lo remitió al ministro Menéndez.
El fallo aún no fue tratado por el Poder Ejecutivo, pero en el Ministerio de Defensa ya hay una resolución escrita y pronta para ser enviada a la Presidencia de la República en la que se solicita la homologación, según supo En Perspectiva.
Mientras tanto, todavía no está el fallo del tribunal de honor que analiza el comportamiento del teniente Enrique Rivero, que se prevé sea del mismo tono que el relativo a Araújo (*) .
Avances y pendientes
En el gobierno se entiende que en la FAU prevalece el criterio de tomar distancia respecto a las acciones de esa fuerza en el período de la dictadura. Ello, según se explicó a En Perspectiva, quedó plasmado en las gestiones de Zanelli y Marenco como comandantes. Diferente sería la situación en el Ejército y en la Armada, donde, como se vio en los hechos notorios de los últimos meses, aún prevalecen tendencias al ocultamiento y la negación de los crímenes cometidos en dictadura.
O sea, este año el Poder Ejecutivo podría cerrar las actuaciones de los tribunales convocados por crímenes de lesa humanidad. Pero, por lo visto, aún quedarían asignaturas pendientes en el trabajo con una parte de las Fuerzas Armadas en cuanto a su inserción en la sociedad.
(*) Un detalle adicional: Si bien en el segundo tribunal de honor de la Fuerza Aérea aún no finalizaron las actuaciones, en los últimos días el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó la remisión de las actas con la declaración tomada meses atrás a Rivero.
Según dijo el propio Perciballe a En Perspectiva, la información contenida en las actas puede aportar información sobre alguna de las causas que investiga esa sede, y por ello se solicitó una copia a pesar de no haber concluido las actuaciones.
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