La Justicia dio plazo hasta el 19 de noviembre para que 150 familias desalojen dos predios del asentamiento Los Eucaliptus, el más grande de Maldonado, luego de que su propietario recurriera a la ley que establece el delito de usurpación. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo a En Perspectiva que la comuna no puede oponerse a una decisión de la Justicia.
El jerarca contó que desde la intendencia realizaron gestiones con el dueño de los terrenos para que accediera a dar un plazo mayor a las autoridades nacionales y departamentales para que puedan encontrar una salida definitiva para esta situación. De todos modos, Antía dijo que esto “requiere de tiempo, estudio y análisis a fondo”.
EN PERSPECTIVA
Martes 03.11.2015, hora 10.13
EMILIANO COTELO (EC) —Maldonado atraviesa por estas horas una situación muy particular, algunos hablan de una carrera contrarreloj, en busca de una solución al proceso de desalojo ordenado por la Justicia para dos predios del asentamiento Los Eucaliptus, de la capital departamental.
La fecha límite es el 19 de noviembre a las 10.00, cuando cientos de personas deberán abandonar sus hogares acatando la disposición judicial.
Según el diario El País hoy tendrá lugar una reunión entre el intendente, Enrique Antía, y una delegación de los vecinos del asentamiento, justamente para abordar esta situación tan particular, delicada y crítica.
Estamos en comunicación con el intendente Antía, ¿se hace hoy, efectivamente, esta reunión?
ENRIQUE ANTÍA (EA) —Sí, a las 12.00 tenemos una reunión con la comisión de vecinos, que se llama “El grupo de los desalojados”. Es un asentamiento muy grande, una herencia que recibimos nosotros, se formó en los últimos ocho años, y hay más de 1.500 familias ahí, es una cosa imponente.
NICOLÁS BATALLA (NB) —Sería bueno profundizar o dar un mínimo contexto de cómo se llegó a esa situación. Estamos hablando de un asentamiento que está tanto sobre terrenos de privados como predios de la propia Intendencia de Maldonado (IDM). En este caso la situación alcanza a quienes están en los predios privados, dado que la firma propietaria presentó el año pasado una denuncia penal por usurpación. ¿Es correcto?
EA —Es correcto. En el año 2006 con un proyecto de 16 casas de Un Techo para mi País la intendencia anterior instaló en un predio municipal, en condiciones bastante precarias, a 16 familias. En ocho años se transformó en el asentamiento más grande del departamento, con más de 1.500 familias. Eso empezó en un predio municipal pero ahora desbordó a predios vecinos, hay 150 familias más o menos que están en predios vecinos, que son las que están sujetas a desalojo. El propietario de esa tierra, que tenía ahí un proyecto de barrio, fue invadido, ahora aplicó la ley [que establece el delito] de usurpación y ahora [el terreno] está en pleno proceso de desalojo.
NB —¿Usted dijo que hay 1.500 familias en el predio municipal y 150 en los predios privados?
EA —No se sabe bien la cantidad de familias, nosotros vamos a empezar un censo en el próximo mes de diciembre -ya habíamos hablado con las comisiones de vecinos de iniciar un censo casa por casa-, pero hay 1.500 familias entre los dos, el predio municipal y el privado, en este último hay 150, pero en el municipal está el resto.
Hoy se llama Los Eucaliptus, originalmente tenía el nombre del secretario general de la IDM [Gustavo Salaberry], se llamaba asentamiento Salaberry, y después derivó en el nombre de Los Eucaliptus.
NB —Usted mencionaba el censo como una de las acciones que se están tomando ahora, cuando la pregunta es cómo se arriba esta situación. En ese terreno, la IDM, ¿cómo está jugando?
EA —Bueno, hay una decisión de la Justicia de desalojar, nosotros no nos podemos oponer a decisión de la Justicia, que es un poder independiente y debemos respetarlo. La semana pasada hicimos por intermedio de una persona que era amiga del dueño, que vive en España, una gestión para ver si podía dar un plazo mayor -hasta ahora el propietario se había negado a extender el plazo- para pensar en una solución, porque no es tan fácil resolver una situación de estas características. Nosotros entramos hace dos meses, nos encontramos con una tremenda realidad, sin recursos, y un desborde de lo que tiene que ver con ocupaciones. Es un asentamiento inmenso, mucha gente trabajadora hay ahí, pero viviendo en condiciones muy marginales, con grandes dificultades, incluso en casas en zonas inundables. En estas lluvias pasadas se les mojó todo lo que tenían, es una situación bastante degradante. Hay una cantidad de gurises, debe haber 5.000 chiquilines por lo menos, formándose en condiciones de falta de marco, de normativa, de apoyo educativo, de respaldo familiar, de valores, etcétera.
Es un problema grande para Maldonado al que tenemos que buscarle una solución. Hemos informado al gobierno nacional, la semana pasada tuvimos una reunión con la ministra [Eneida de León, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y] Medio Ambiente y todo su equipo, le mostramos una foto aérea que teníamos del asentamiento, que no conocían y se querían morir cuando vieron todo el despliegue que hay ahí. El que ve por Google la foto aérea a escala de ese asentamiento dice: “¡A la pucha! ¿Y esto cómo se arregla?” No es un tema común.
NB —¿Usted efectivamente se sorprendió de la situación cuando llegó? ¿No tenía conocimiento de que esto podía desencadenarse de esta forma?
EA —Nosotros teníamos conocimiento porque lo caminamos todo, lo recorrimos todo en el último año y medio, sabíamos lo que pasaba ahí, conocemos a mucha gente que vive ahí, pero no sabíamos por dónde podía estar la solución. Pensábamos que todo ese predio era público, pero resulta que ahora desbordó hacia el predio privado y ahí no nos podemos meter, es un tema de derecho a la propiedad privada y ahí está actuado la Justicia.
NB —Una de las posibilidades manejadas desde el Frente Amplio, por lo menos es lo que publica El País esta mañana, es la utilización de un predio que la administración frenteamplista en Maldonado compró al noroeste de la capital, que contaría con todos los servicios. De acuerdo al matutino, ediles del Frente Amplio que se reunieron ayer en la tarde con los vecinos recordaron que ese terreno se compró justamente para dar solución a este tipo de situaciones. ¿Ustedes manejan esa alternativa en el caso de que el desalojo se concrete?
EA —Eso es inviable, ese es el verso que está haciendo la administración que salió, porque compraron una tierra que queda bastante más lejos de ahí, fraccionaron cuatro hectáreas, cosa que no da siquiera para llevar a estos asentamientos, pero la gente de ahí no se quiere ir. El tema es no darse cuenta de lo que pasa: la gente no se va de ahí, alentados por el propio gobierno del Frente Amplio hicieron las casas ahí, los dejaron [hacerlo], y ahora los quieren sacar. La gente no se quiere ir de ahí, hay que saber lo que pasa, la gente quiere buscar una manera de reordenarse dentro de ese barrio y buscarle la vuelta.
Ese predio que dicen que compraron, es cierto, lo compraron, lo fraccionaron -en forma ilegal, porque no está aprobado, es zona rural, ni siquiera está aprobado como fraccionamiento urbano ni suburbano ni nada por el estilo-, no tiene ómnibus, no tiene servicios, está dos kilómetros más afuera de la orilla del pueblo… Ahí es un tema que la gente lo ve como inviable, era una manera de sacarse el problema de arriba y juntar a toda esa gente, hacinarlos en otro lado, cosa que me parece que es inhumana.
Hay que buscarle… hay otras salidas serias.
NB —¿Por ejemplo?
EA —Nosotros le planteamos a la ministra la salida definitiva, pero requiere de tiempo, estudio y análisis a fondo. Para eso precisamos tiempo: en esta etapa tenemos que lograr que el propietario de la tierra acuerde dar un mayor plazo, y ahí veremos.
NB —¿Usted es optimista con respecto a que se pueda generar esa ventana de tiempo?
EA —Nosotros la semana pasada se lo planteamos a un amigo personal [del dueño], que vino desde España a solicitarnos una audiencia. Le dijimos: “Mire, acá la única manera es que el propio propietario se dé cuenta de que tiene que dar un plazo, sino para él también va a ser muy difícil”. Desalojar 150 familias, 600 personas, y tirarlas a la calle creo que es muy fuerte, ¿no?, no sé quién hay que se anime. Acá lo que hay que hacer es buscar una solución, no aprovechar estas instancias para sacar ventajas, hay que buscar una solución.
NB —Y esas soluciones que usted dice que requieren estudio, ¿por dónde pasan?
EA —Pasan por inversión pública, por la toma de decisiones y por incluir todo el asentamiento, no solo el sector que va a ser desalojado, dentro de un plan de desarrollo barrial. Eso es lo que le planteamos a la ministra la semana pasada, cuando vino con todo su equipo a Maldonado.
NB —¿Están trabajando en algún mecanismo de contingencia por si este plazo que están buscando no se logra y se llega a la fecha del desalojo, el 19 de noviembre?
EA —Yo tengo confianza en que los propietarios de la tierra razonen y se den cuenta de que tienen que dar el plazo. Yo apuesto a que si son inteligentes van a dar un plazo por lo menos de cuatro o seis meses y ahí que vengan a la IM a conversar.
NB —Para la reunión de este mediodía con los vecinos, ¿qué es lo que tiene planeado?
EA —Yo voy a escucharlos y les voy a estar transmitiendo cuál es mi posición. Ellos, por ejemplo, no saben que yo hablé con un emisario del propietario la semana pasada, eso lo mantuve en reserva, no quise tampoco alentar expectativas falsas, pero los voy a enterar de esta situación y vamos a ver cómo podemos actuar hacia adelante.
NB —Pero en esa comunicación que tuvo, ¿qué escenario le manejaron?
EA —Ellos vinieron a decir que iban a seguir en esta línea y yo les advertí que de seguir en esta línea de desalojo iban a tener complicaciones y que me parece que lo que había que hacer era hablar de frente, y no por abogados ni intermediarios, para buscar una solución definitiva. Para eso precisamos un plazo y que cuando venga el dueño, que pensaba venir en diciembre a Uruguay, pase por la IM para conversar qué vuelta le podemos encontrar.
NB —Pero diciembre es después del 19 de noviembre. La respuesta definitiva, ¿ustedes cuándo la decidirían?
EA —Bueno, está en manos de la Justicia y yo creo que es por esa vía que se va a tener que resolver.
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Transcripción: Andrea Martínez
